MEXICALI, B.C. (apro).- Ante la pretensión del Congreso local de desaparecer “de facto” los organismos que integran el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), Francisco Fiorentini Cañedo presentó una queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra los legisladores por extralimitarse en sus resoluciones. En conferencia de prensa, Fiorentini Cañedo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y del Consejo Ciudadano del SEA, explicó que la queja es para que se deje “sin efecto” el acuerdo de los diputados, del pasado 20 de mayo, a través del cual desaparecen a los actuales integrantes “ciudadanos” del Sistema. El SEA ha abordado de manera profusa las denuncias de corrupción contra el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, así como la determinación de mantener la notaria de uno de los sobrinos del exgobernador Xicoténcatl Leyva Mortera, quien se ha corroborado es aliado político del morenista. “Somos un sistema incómodo; ahora lo quieren paralizar para después sepultarlo y luego autorizar una nueva composición con preminencia gubernamental y no ciudadana”, dijo Fiorentini Cañedo al explicar lo que hay detrás de las últimas decisiones del Congreso local. Detalló que en 2017 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, donde demanda que todos los integrantes ciudadanos de los sistemas anticorrupción de los estados de la República deben percibir un salario y no ser honoríficos. El pasado 14 de enero la Corte les dio la razón. El resolutivo implicó al SEA de Baja California, ya que sus dos órganos, el Comité de Participación Ciudadana y el Comité Coordinador, están conformados por ciudadanos y miembros de gobierno. En el primero hay 15 ciudadanos, de los cuales 10 reciben salario y los otros cinco son honoríficos, entre ellos su presidente, Fiorentini. El Comité Coordinador esta formado por 22 personas, de las cuales 11 son funcionarios de gobierno y los otros 11 ciudadanos. Aquí el voto de calidad, en caso de desempate, lo tiene Fiorentini. Con la resolución de la Corte, el Congreso local debió modificar la Ley del Sistema Anticorrupción de Baja California, para establecer que los 15 integrantes ciudadanos perciban un salario. Sin embargo, la XXIII Legislatura aprobó, el pasado 20 de mayo, un acuerdo donde se exhorta al SAE y a sus dos órganos --Comité de Participación Ciudadana y el Comité Coordinador-- que dejen de sesionar en tanto no les llegue el engrose (o resolución de la Corte), pero los ciudadanos ya no existen. Con ello pretende desaparecer a los actuales ciudadanos que han solicitado indagar los presuntos actos de corrupción en el gobierno del Jaime Bonilla. El presidente del SEA y sus abogados aseguran que los diputados se extralimitaron en la interpretación de la resolución de la Corte al sostener --en el acuerdo que votaron el 20 de mayo-- que la integración del Comité “ha quedado invalidada.” Pero además se refieren en pasado a los 15 ciudadanos que forman parte del SEA, dando por hecho que ya no están más en el sistema, es decir, descabezan de facto a los dos organismos así: “Acuerdo con punto de acuerdo por el que se exhorta al SEA, al Comité Coordinador del SEA en Baja California y a los integrantes ciudadanos que lo componían antes de la declaración de invalidez legal, para efecto de que se abstengan de sesionar en tanto no sea ejecutado el contenido total de la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 119/2017 resuelta por la SCJN.” El presidente del SEA, Francisco Fiorentini Cañedo, quien además es ciudadano y forma parte de los dos comités del organismo y cuenta con el voto de calidad en caso de empates, acusó al gobierno de Jaime Bonilla de estar armando un nuevo SEA “a modo” y, en tanto ello ocurre, paralizar al actual para que no continúe exigiendo las investigaciones por corrupción. Lo anterior, porque el SEA de Baja California es el único cuyas resoluciones son vinculantes y tiene un convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con lo que se evita que cualquier indagación se realice a modo. Además, existe ya en el Congreso local una iniciativa en la que se señala que el Comité Coordinador estaría compuesto por cinco representantes ciudadanos y 11 del gobierno, lo que anularía cualquier investigación que se pretendiera exigir contra el gobierno. Así, mientras esta nueva composición se da, explicó Fiorentini, el Congreso local decide interpretar una resolución de la Corte para “desaparecer” de facto a los actuales integrantes ciudadanos. Sin embargo, añadió, las decisiones de la SCJN no se interpretan, se acatan, por lo que en la queja se está señalando que los diputados se extralimitaron al interpretar. Lo único que debieron hacer fue cambiar la ley para establecer que todos los consejeros ciudadanos deben percibir un salario y no desaparecerlos, abundó. Aunado a ello, los trabajos del SEA fueron bloqueados de enero a marzo, al no asistir los representantes de gobierno y evitar con ello el quórum necesario para sesionar.