CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) evalúa atraer el caso de la detención y fallecimiento de Giovanni López, víctima del uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, luego que la divulgación del caso en medios de comunicación provocara movilizaciones ciudadanas. En un pronunciamiento para condenar el caso de López, quien fue detenido el 4 de mayo y muerto un día después en el Hospital Civil de Guadalajara por traumatismo craneoencefálico y lesiones, una de ellas provocada por un disparo de arma de fuego en la pierna, el organismo reprobó el “uso de la fuerza y a todo intento por violentar el derecho a la libre manifestación de las ideas”. Destacó que “a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, ha permanecido atenta de lo acontecido, siempre en comunicación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, y está valorando su participación, para asegurar la prevalencia de los intereses de las víctimas”. La CNDH llamó a las autoridades encargadas de la seguridad pública, estatales y municipales, a garantizar que “toda acción o limitación que se imponga a los derechos humanos, con la finalidad de protección de la salud en el marco de la pandemia covid-19, cumpla con los requisitos establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos”. [embed]https://www.proceso.com.mx/633028/segob-involucra-a-alfaro-en-la-presunta-ejecucion-extrajudicial-de-giovanni[/embed] Urgió a asegurar el ejercicio del derecho a la protesta “definiendo y aplicando protocolos de uso de actuación policial, con base en los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad” , así como vigilar que los cuerpos de seguridad “respeten y protejan los derechos humanos de todas las personas, en especial de aquellas que se encuentran bajo su custodia”. La CNDH exigió a las autoridades competentes, “realizar una investigación apegada a derecho que permita clarificar las condiciones del deceso de Giovanni López, y sancionar y reparar los daños causados por el uso de la fuerza ilegítima excesiva o desproporcionada”. El organismo reafirmó su compromiso de “promover de manera integral la prevención de la tortura y otros o penas crueles, inhumanas o degradantes, así como la defensa de los derechos ciudadanos, consideración que está por encima de cualquier otro interés”.