Piñera, en el espejo de Pinochet

Sebastián Piñera, presidente de Chile Foto: AP/Luis Hidalgo Sebastián Piñera, presidente de Chile Foto: AP/Luis Hidalgo

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, estaba desgastado… enfermo políticamente antes de la pandemia. Ahora el mandatario se ve fortalecido utilizando la emergencia sanitaria para coartar la libertad de manifestación, designar a una sobrina nieta de Pinochet –defensora de la dictadura– como ministra de la Mujer y Equidad de Género e indultar a viejos presos sentenciados por violaciones a los derechos humanos…

 VALPARAÍSO, Chile (Proceso).- El presidente Sebastián Piñera aprovecha el estado “de catástrofe” causado por la pandemia para radicalizar su agenda y promover la impunidad de quienes violaron derechos humanos.

El martes 5 de mayo nombró ministra de la Mujer y la Equidad de Género a Macarena Santelices Cañas, sobrina nieta de Augusto Pinochet. Esta mujer, periodista y exalcalde de la comuna de Olmué, es militante de la filopinochetista Unión Demócrata Independiente y reconocida admiradora del régimen militar.

Apenas se conoció su nombramiento, salieron a flote en la prensa y en las redes sociales sus declaraciones en defensa de la dictadura encabezada por su tío abuelo. El 18 de diciembre de 2016, en entrevista con El Mercurio de Valparaíso, expresó: “no podemos dejar de reconocer las cosas buenas que se hicieron (en la dictadura). El país se consolidó en lo económico y existía una mística”.

Pero su visión militarista y antidemocrática no sólo se restringe a una mirada nostálgica del periodo militar. En marzo dio una entrevista al canal Quintavisión, de Viña del Mar, en la que criticó duramente a Piñera por la supuesta blandura con la que éste habría reaccionado ante el estallido social iniciado el 18 de octubre pasado.

“Todos esperábamos de él más carácter y más compromiso con las Fuerzas Armadas, con el orden y con Carabineros”.

Sus expresiones chocan con los informes de diversas organizaciones internacionales –la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional o Human Rights Watch–, que han registrado y condenado las masivas y sistemáticas violaciones contra los manifestantes desde el 18 de octubre.

En otra ocasión Santelices también se mostró contraria a cambiar la “Constitución de Pinochet” –aún vigente– sosteniendo que apoyará la opción “rechazo” en el plebiscito a realizarse el 25 de octubre próximo y que definirá el destino de dicha norma fundamental.

Tras asumir su cargo, la ministra afirmó en entrevista con CNN Chile que hay movimientos feministas “que buscan el caos, la destrucción y la descalificación”.

Santelices es nieta de María Teresa Pinochet Ugarte, hermana del dictador. No la une con éste sólo la sangre. Su padre, Luis Santelices Barrera, fue alcalde designado por Pinochet –en los ochenta– de las comunas de Hijuelas y Los Andes, en Valparaíso.

Organizaciones feministas consideran una afrenta el nombramiento de Santelices y en su contra han levantado la consigna: “No es mi ministra”.

Ese mismo 5 de mayo, la Asociación de Funcionarios del Ministerio de la Mujer indicó que el nombramiento suponía “una revictimización más hacia las mujeres, un castigo…”.

El uso de la pandemia

En entrevista con Proceso, Javiera Arce-Riffo, politóloga, feminista y académica de la Universidad de Valparaíso, denuncia que Piñera “se aprovecha de la situación de excepcionalidad que vivimos, para faltarle al respeto al movimiento feminista, sin que éste pueda ocupar las calles para manifestar públicamente su rechazo”.

Asegura que al momento de iniciarse la crisis sanitaria Piñera estaba debilitado en su poder. No obstante –considera–, esta pandemia “lo ha fortalecido, a tal punto que su gobierno ha ido restringiendo libertades civiles, como el derecho a protestar, con la justificación de evitar el contagio masivo por coronavirus”.

Arce-Riffo sostiene que en el caso de Santelices “el problema no es tanto que sea pariente de Pinochet”, sino el hecho de que es “defensora de su legado”.

Participante en el diseño del Ministerio de la Mujer durante la segunda campaña presidencial de Michelle Bachelet en 2013, la politóloga afirma que el nombramiento de una pinochetista “representa un retroceso de décadas de lucha de las feministas chilenas”.

Nelson Caucoto, reconocido abogado en causas de derechos humanos, coincide con las críticas: “no entiendo cómo el presidente Piñera es capaz de hacer una designación de esta naturaleza: ¡una mujer genéticamente pinochetista y políticamente el doble de pinochetista!”.

En entrevista con Proceso, Caucoto expresa que “cuando como país queremos construir una cultura que esté asentada en el respeto de los derechos humanos, indudablemente que la presencia de esta mujer aparece como un acto desafiante”.

Figura consular en materia de derechos humanos, el abogado en 2004 obtuvo la primera sentencia judicial que estableció en Chile la preminencia del derecho internacional de derechos humanos por sobre la amnistía y la prescripción, en el caso del militante de izquierda Miguel Ángel Sandoval Rodríguez, detenido y desaparecido en enero de 1975.

En dicha causa fue condenada la cúpula de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dina) –la policía política de Pinochet–, y se abrió paso a una avalancha de condenas contra criminales de la dictadura.

Caucoto explica que el episodio Santelices-Pinochet es un acto que va a contracorriente de lo que la opinión pública y la cultura chilena necesitan.

“No podemos aceptar al pinochetismo y menos en cuotas de poder. Todo lo contrario: ¡tiene que ser erradicado absolutamente!”.

Indica que la designación de Santelices “es una cuenta pendiente que tendremos que cobrarle mañana a Piñera, cuando volvamos a una cierta normalidad, porque es inaceptable esa forma de impunidad histórica y cultural que se pretende imponer”.

Apuesta por la impunidad

Piñera también se está sirviendo del shock causado por la pandemia para intentar, por todos los medios, liberar a condenados por crímenes de lesa humanidad.

Dada la sobresaturación de las cárceles chilenas, la Corte Suprema y el Instituto Nacional de Derechos Humanos alertaron que las prisiones son “una bomba de tiempo” tras el arribo de la pandemia, puesto que esas instalaciones carecen de las mínimas condiciones sanitarias para enfrentar el coronavirus.

Por lo mismo, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, impulsó un proyecto de ley “de indulto conmutativo” que beneficiaría a unos mil 300 condenados por delitos de baja peligrosidad. La medida favorecería preferentemente a ancianos, embarazadas y mujeres con hijos menores de dos años.

Este proyecto ingresó al Congreso Nacional el 25 de marzo con etiqueta de “discusión inmediata”, lo que obligaba a tramitarlo en un plazo máximo de cuatro días. Como el proyecto del Ejecutivo no incluía entre los beneficiarios a violadores de derechos humanos, parlamentarios de la derechista y oficialista coalición Chile Vamos intentaron incorporarlos subrepticiamente en medio de la acelerada tramitación legislativa… por si pasaba.

Sin embargo, las alertas emanadas por agrupaciones de derechos humanos hicieron que la variopinta oposición de centroizquierda rechazara este punto, por lo que el proyecto fue aprobado sin incluir a dichos criminales.

No obstante, 11 senadores de Chile Vamos acudieron al Tribunal Constitucional (TC) el 1 de abril. Alegaron que la norma aprobada era “inconstitucional”, pues vulneraría, según ellos, artículos de la Carta Magna referentes “a la igualdad ante la ley y la protección de la vida”. Justificaron que toda la población carcelaria mayor de 70 años sería parte del grupo de riesgo por covid-19, independientemente del penal en que se encontrasen.

Sin embargo, dos semanas más tarde, el TC rechazó dicho requerimiento, por lo que continúan en la cárcel cerca de 200 represores de la dictadura.

Antes de conocer esta decisión del TC, Larraín y Piñera insistieron en su apuesta por la impunidad. El 2 de abril, el mandatario anunció que otorgaría “suma urgencia” al proyecto que “regula la sustitución de penas privativas de libertad por razones humanitarias”, mejor conocido como “ley humanitaria”.

Esta iniciativa –que dormía en el Congreso desde diciembre de 2018– entrega el beneficio de “arresto domiciliario” a reos de más de 75 años que estén en inminente riesgo de muerte, sin distinguir entre reos comunes y violadores a derechos humanos.

No obstante, el 13 de abril este proyecto fue rechazado por la Comisión de Derechos Humanos del Senado, lo que hace improbable su aprobación.

Tras el fracaso de la “ley humanitaria”, Piñera dio otra señal en favor de la impunidad. El sábado 9 concedió “indulto presidencial” a Demóstenes Cárdenas Saavedra, exagente de la Dina, quien cumple condena de 10 años por el secuestro del militante comunista Stalin Aguilera Peñaloza en 1975.

Pese a esto, Cárdenas no pudo salir en libertad porque en el tiempo transcurrido entre el momento en que se solicitó el indulto y el que le fue otorgado, fue condenado en otras tres causas de derechos humanos.

Plan B, el indulto

Caucoto afirma que los esfuerzos pro impunidad de Piñera “son para pagar antiguas deudas y compromisos que contrajo en sus candidaturas presidenciales de 2009 y 2017, en las cuales ofreció a los violadores de derechos humanos indultos y perdones de sus condenas, y eso no lo ha podido cumplir en el transcurso del tiempo”.

Expresa que “es lamentable” que el mandatario pretenda beneficiarlos en tiempos de pandemia, “aprovechándose de la necesidad de liberar a detenidos por delitos de menor peligrosidad, dado el hecho que las cárceles comunes no tienen las condiciones de subsistencia normales y donde la gente no tiene ninguna posibilidad de preservar su salud ni de garantizar su integridad física”.

Caucoto subraya que la mayoría de los condenados en causas de violaciones a los derechos humanos cumple su condena en la cárcel de Punta Peuco, la que cuenta con condiciones de distanciamiento social y salubridad que permiten evitar que en su interior se produzca un brote epidémico.

Afirma que Piñera quiere liberar a los criminales de la dictadura, pero sin aparecer como responsable de esta decisión, por lo que ha optado por involucrar a otros actores en su ofensiva, fundamentalmente parlamentarios de derecha.

Este reportaje forma parte del número 2274 de la edición impresa de Proceso, publicado el 31 de mayo de 2020 y cuya versión digitalizada puedes adqurir aquí

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