COLIMA, Col. (apro).- Luego de casi 18 meses en prisión, este martes obtuvo su libertad el policía estatal acusado de herir con su arma de fuego a un adolescente, quien quedó parapléjico como consecuencia de las afectaciones sufridas en la columna vertebral. La liberación del agente policiaco fue decretada por el juez Carlos Alberto Gallegos Arellano, durante una audiencia en la que se dio cumplimiento a la sentencia del juicio de amparo 44/2019, dictada por el juez Tercero de Distrito el 9 de mayo de 2019 y confirmada el pasado jueves 4 por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito con sede en esta ciudad. El amparo fue concedido al agente Jocsan “N” por deficiencias técnicas del Ministerio Público, que no confirmó ni acreditó que la detención se realizara en flagrancia, por lo que después de año y medio de ocurrido el hecho, el 17 de diciembre de 2018, no hay nadie vinculado a proceso ni se ha iniciado el juicio. Durante la audiencia oral, Héctor González, padre de la víctima, soltó: “Ojalá y así como el Tribunal Colegiado resolvió esta arbitrariedad, ya se hubiera resuelto también… no puedo decir lo que esta persona (el policía) hizo”. Dijo no creer que el hecho de que si siguieron o no siguieron al imputado antes de detenerlo (requisito para establecer flagrancia) “sea más grave o repercuta menos en haberle destrozado la vida a un menor de 14 años. No soy abogado, pero desde entonces tengo que tener una vida metida en este tipo de cosas”, apuntó. Ubicado desde su lugar en la sala de juicios orales, González añadió: “Mi duda es… la impunidad, si bien es cierto que la ley protege a un indiciado, totalmente está dejando en estado de indefensión a quien de verdad es la víctima, porque si nos fuéramos a los videos, a lo mejor se ve que el aprehensor no es el que lo siguió (al policía imputado de disparar), que el carro no se movió, pero también se demuestra quién fue el que arteramente intentó matar a mi hijo, entonces no sé qué sea más grave, eso es lo único, nada más, que quede esa constancia. La verdad, la justicia no es pareja”, recalcó. El abogado Víctor Alfonso Tadeo Solano, asesor jurídico de la familia del menor afectado, remarcó que lo ocurrido hasta ahora deja en la indefensión a la víctima y genera un clima de impunidad, porque el Ministerio Público no cumplió su responsabilidad de investigar con debida diligencia para verificar si los elementos policiacos llevaron a cabo la detención del imputado conforme a derecho. Asimismo, refirió que no se estaría realizando esa audiencia si el juez en su momento se hubiera percatado de la ilegalidad de la detención, y aludió a la figura denominada en la Convención Americana de Derechos Humanos como “error judicial”. De acuerdo con Tadeo Solano, el Estado mexicano, a través de la entidad federativa Colima, tiene responsabilidad en el enjuiciamiento de los agentes aprehensores, porque en el operativo que desencadenó los hechos utilizaron vehículos particulares que desde la óptica internacional no se deben usar, además de que la Ley Federal de Seguridad Pública establece las particularidades de las labores de los órganos de seguridad pública. El abogado solicitó al juez dar vista a la Fiscalía Especial de Atención a Servidores Públicos y al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del estado (FGE) para que inicien procedimientos en contra de los fiscales que iniciaron e integraron la carpeta de investigación y contra los policías que participaron en el operativo. Manifestó que tanto la Fiscalía General del estado como el Poder Judicial del estado de Colima tienen responsabilidad en este asunto, pues “los jueces deben conducirse con apego a derecho, y se pasó alrededor de un año en el que el único perjudicado es el adolescente” que resultó víctima de la agresión. El juez Carlos Alberto Gallegos argumentó que el Tribunal Colegiado ya había hecho un pronunciamiento al respecto, pero comentó que se girará oficio a la unidad peticionada, a afecto de que, de acuerdo con sus facultades, analice la procedencia o no de una acción como la solicitada por el abogado. En relación con el señalamiento del supuesto “error judicial” derivado de que el órgano jurisdiccional no se hubiera percatado de las inconsistencias alrededor de la detención del policía, el juez aclaró que “este órgano jurisdiccional sí resaltó esas situaciones, incluso cuestionó al Ministerio Público”. Refirió además que, no obstante esas situaciones detectadas, “este órgano jurisdiccional justificó el primer sentido de la legalidad de la detención haciendo una ponderación de derechos en relación a los de legalidad que asistían al imputado y los de la víctima, haciendo la ponderación y sobreposición precisamente de la víctima”. El abogado Francisco Javier Arreola Medina, defensor del agente Jocsan “N”, sostuvo que en esta situación hay una responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y una responsabilidad generalizada del Estado, a la vez que aseguró que su defendido “también está padeciendo esta situación”. Dijo que le queda claro que tras la liberación del imputado no termina el procedimiento, por lo que “los alegatos de impunidad me parecen poco afortunados; la investigación tiene que seguir, y por supuesto que comparto la idea del asesor jurídico de que tiene que ser una investigación global, que traiga a todos los responsables de todos los niveles”. Arreola pidió que el juez realizara la declaratoria de la ilicitud de los datos que se hubiesen obtenido directa e indirectamente con motivo del acto que provocó la violación, como lo señaló el Tribunal Colegiado en su sentencia, lo que fue atendido por el juzgador. Por último, antes de obtener su libertad el agente Jocsan “N” se dirigió al juez para expresar lo siguiente: “Nada más una cosa, señoría, no me siento seguro estando afuera; me alegro el que me den mi libertad, sin embargo en este año seis meses encarcelado me he enterado de muchas cosas y entiendo el dolor del señor (en alusión al padre de la víctima)… es difícil sentirse seguro allá afuera, entonces si puede hacer algo al respecto o que quede asentado que me siento con cierta desconfianza de pisar la calle”. El juez le respondió que él lo debía poner en libertad, “y respecto de su temor, yo lo único que puedo decir es que conmino a las partes para que con base en lo que establece la ley para dilucidar este tipo de situaciones, puedan esclarecer los hechos, y si en un momento dado se determina la responsabilidad de éstos (…) al señor Jocsan, pues que sean los tribunales los que resuelvan esto con base en lo que la ley estime procedente (…), de ahí en más, las cuestiones de seguridad no recaen en este órgano jurisdiccional”.