Se suicida reo en penal de San Cristóbal vinculado a supuesta red de explotación infantil

Nereida Gómez Sánchez, hija del reo que se suicidó en el Penal de San Cristóbal, Chiapas. Nereida Gómez Sánchez fue a recoger el ataúd con su padre dentro y echó abajo la supuesta red de trata de menores a la que fue vinculada toda su familia. Foto: Especial

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Un indígena que alegaba su inocencia tras ser vinculado a una supuesta red de trata de menores en San Cristóbal de Las Casas, se suicidó el lunes dentro del penal de número 5 ubicado en ese municipio, presuntamente por no poder pagar 50 mil pesos que otros reos que controlan el penal le exigían.

Adolfo Gómez Gómez fue detenido el pasado 15 de julio por la Fiscalía en el marco de las investigaciones por la desaparición del niño Dylan. Las autoridades catearon la casa donde vivía y donde fueron hallados 23 niños que eran nietos del fallecido y que según la autoridad, eran víctimas de la supuesta red de trata.

Nereida Gómez Sánchez originaria de Llano Grande, municipio de Ixtapa, fue la tarde del lunes a las oficinas de la Fiscalía General del estado en la región Altos de Chiapas, para recoger el ataúd con su padre dentro y echó abajo la supuesta red de trata de menores a la que fue vinculada toda su familia.

“La historia de mi papá es una historia de injusticia. Mi papá fue detenido por policías ministeriales alrededor de las 9:00 de la mañana del pasado 15 de julio, mientras trabaja en el parque central de San Cristóbal, donde era vendedor ambulante, vendía collares de ámbar”, dijo llorando la joven mujer indígena.

Explicó que su papá no cometió delito alguno, mientras que la FGE afirmó que estaba vinculado en la supuesta red de trata de 23 menores que fueron “rescatados” en un domicilio del Barrio Tlaxcala de San Cristóbal de Las Casas.

Lo detuvieron con engaños

Dijo que su padre fue detenido bajo engaños, lo primero que le dijeron fue que debía ir a declarar y firmar unos papeles, sin embargo, nunca fue liberado y fue llevado directamente al penal número 5 ubicado entre San Cristóbal de Las Casas y Huixtán.

Llorando, Nereida narró que los policías interrogaron a su padre todo el tiempo sobre el paradero del niño Dylan Esaú, raptado en un mercado público del sur de San Cristóbal de Las Casas, sin embargo, su padre dijo no saber nada de ello y que nada tenía que ver con el caso, pero nunca le creyeron.

“El gobierno debe perseguir y encarcelar a los que son culpables no a los que son inocentes, eso es lo que pedimos. Por culpa del gobierno estoy muy dolida. Mi padre no era un delincuente. Mi padre sólo se ganaba el día trabajando en las calles vendiendo collares de ámbar”, dijo Nereida.

Indicó que, tras la muerte de su padre, dos pequeños –uno de cinco y otro de dos años- quedaron huérfanos, y que el único ingreso que tenían para vivir era el que su padre llevaba a casa todos los días producto de su venta de collares.

Los niños son nuestros

Nereida relató que, junto a su padre, también fue detenida su madre Josefa Sánchez Gómez, quien aún sigue presa en la sección femenil de ese mismo penal donde su padre se quitó la vida el lunes.

Mencionó que, junto a su padre y su madre, también fueron detenidas su hermana María Hortensia Gómez Sánchez y sus cuñadas Maribel Gómez Sántiz y Juana Montejo González.

Es decir, están presas cuatro mujeres supuestamente vinculadas a una red de trata de menores que “descubrió” la Fiscalía General del Estado (FGE), mientras buscaban al niño Dylan Esaú de dos años, raptado el pasado 30 de junio.

Pero Nereida dice que esos niños no eran explotados laboralmente, que todos ellos son sus hijos y sus sobrinos que estaban en casa mientras sus padres trabajan en el centro y algunos de ellos acompañaban a veces a sus padres.

Solo somos pobres

La mujer dijo que los acusan de ser secuestradores, cuando ellos en realidad son una familia numerosa y pobre, son –dijo– cinco familias diferentes a las que apenas les alcanzaba para vivir todos juntos, hacinados en una sola casa que rentaban entre todos.

La mujer expuso que todos, los 23 niños que supuestamente rescató la FGE, no son explotados, que todos son miembros de una numerosa familia, primos entre ellos. Que, si bien algunos están desnutridos, es porque no han tenido dinero para comer porque la pandemia afectó a todos en sus ingresos.

Pidió que todos los niños sean liberados del albergue infantil del DIF Estatal ubicado en Tuxtla Gutiérrez, a donde fueron todos remitidos por la FGE, luego de detener a sus madres y abuelas.

Nereida dijo que ella, sus hermanas y cuñadas, tienen en promedio cinco hijos por familia. Incluso, dijo, de los 23 niños que fueron llevados al albergue del DIF estatal, cinco son de ella, y afirmó que tampoco los explotaba laboralmente.

Que entreguen a los niños

Pidió a la FGE y al DIF Estatal que le entreguen a sus cinco hijos, y que los otros pequeños sean entregados a sus abuelos maternos, ya que su padre ahora está muerto y su madre presa.

Agregó que sus cinco hijos son José Antonio, Claudia Janet, Erika Esmeralda, Berenice Guadalupe y Alondra Aracely, todos Montejo Gómez de quienes tiene actas de nacimientos legítimas.

Según contó la mujer, el pasado 20 de julio le habló su papá desesperado y llorando por teléfono para pedirle que le consiguiera 50 mil pesos que le estaban pidiendo otros internos dentro del penal como cuota por sus ingreso y estancia en el penal.

Dijo que, si bien su papá era diabético, no murió por esa enfermedad, y afirmó que el día que fue detenido, fue “sacado a pasear” por varias horas por los policías ministeriales, quienes lo torturaron para obligarlo a inculparse del delito de trata de personas. Según su dicho, el hombre se declaró culpable de explotación laboral de los 23 pequeños, pero todo con base en la tortura.

Un vocero de la FGE dio a conocer que el citado reo murió por “suicidio por ahorcamiento”.

La versión de la FGE

Sobre la supuesta red de trata de menores, la semana pasada la FGE dijo que se habían rescatado a 23 niños y niñas hay “tres lactantes de tres, 12 y 20 meses de edad, y los demás de entre dos y 15 años”.

El fiscal de Chiapas, Jorge Llaven Abarca, dijo que los menores de edad “eran obligados a vender artesanías en el centro de la ciudad mediante violencia física y psicológica, y que tras una revisión clínica médicos especialistas les detectaron desnutrición y condiciones precarias”, corroborando vulnerabilidad y riesgo”.

Cinco de los 23 menores fueron recogidos el lunes por una persona que se identificó como su abuelo, don Roberto Montejo. Al verlo los pequeños estaban felices de que dejarían el albergue infantil del DIF Estatal, por lo que se subieron al vehículo que los llevó a su comunidad en Chingtón, municipio de Ixtapa.

Don Roberto Montejo y doña Guadalupe González enseñaron a los medios, las cinco actas de nacimiento de los niños, hijos de su hijo Gilberto. Y señalaron que además vendrán a reclamar los siete hijos más de su hija Juana, nuera del reo que se suicidó.

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