Queda sin efecto decreto de Bonilla para anular cobro en caseta federal

Elementos de la Guardia Nacional recuperaron la caseta de cobro Tijuana-Rosarito, tomada por Jaime Bonilla y su equipo. Foto: Especial

MEXICALI, B.C., (apro).- El gobierno estatal dio marcha atrás en su intento de anular el cobro en la caseta federal Tijuana-Rosarito, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que el decreto emitido por Jaime Bonilla Valdez violaba la Constitución.

En su lugar, Caminos y Puentes Federales (Capufe) propuso la emisión de una tarjeta electrónica, con un costo de cien pesos –por única ocasión–, para los residentes del fraccionamiento Playas de Tijuana.

El secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, anunció un nuevo decreto que deja sin efecto el emitido el pasado martes 7, que provocó la toma de la caseta por parte de la Guardia Nacional.

“El gobernador me pidió que publicáramos un decreto que derogue el del 7 de julio; además, se da instrucción al resto de los secretarios para que de manera urgente y prioritaria busquemos una solución al tema de la caseta”, explicó.

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El pasado martes 7, ante residentes de Playas de Tijuana, el gobernador Jaime Bonilla firmó un decreto mediante el cual derogó el cobro de la caseta federal, invadiendo funciones que sólo competen a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través de Capufe.

El entonces titular de la dependencia, Javier Jiménez Espriú, emitió un comunicado donde estableció que dicho decreto violaba la Constitución y diversas leyes federales, además de que invadió competencias exclusivas del Ejecutivo federal, ya que es el único que puede otorgar concesiones y permisos para explotar, construir y operar carreteras federales y autopistas.

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Además, solicitó a la Guardia Nacional la toma de la caseta y el reinicio del cobro.

Al día siguiente, Jaime Bonilla exigió a López Obrador que removiera al secretario por ir contra los intereses de los bajacalifornianos.

La respuesta del presidente de la República fue corroborar lo dicho por Jiménez Espriú: que el decreto de Bonilla violaba la Constitución.

Finalmente, a 23 días de su decretazo, el mandatario estatal tuvo que dar marcha atrás.

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