OAXACA, Oax. (apro).- Honorio Corcuera Noyola y Margarito González Domínguez, acusados sin pruebas por el “asesinato” de un estudiante universitario, son dos afromexicanos que desde hace casi nueve años, cuando fueron detenidos, sufren injusticia, discriminación y racismo. Con testimonios contradictorios, auto incriminatorios y obtenidos bajo tortura, ambos continúan presos, sin sentencia, según el coordinador del área jurídica de Código DH, Ángel Alberto Hernández Rivera. Honorio y Margarito, subrayó, permanecen privados de su libertad por el caso del estudiante de la UNAM Jesús Israel Moreno Pérez, quien desapareció el 8 de julio de 2011 en Tututepec. Los acusan de delitos que nunca cometieron, y ahora, en plena pandemia y ante la indiferencia del estado, corren el riesgo de contagiarse de covid-19. “A juzgar por las inconsistencias del caso, no me queda duda que el Estado, en su afán de fabricar culpables, es muy selectivo en estereotipos, pues le ha funcionado presentar como ‘culpables’ a dos personas de escasos recursos, pocos estudios, que prácticamente no pueden defenderse, y pertenecientes a un grupo estructuralmente en desventaja como la población afrodescendiente”, explicó el abogado. Nota relacionada: Drogaron, abusaron y dejaron morir a Ángela en centro de rehabilitación de NL Consideró que este es un caso paradigmático de injusticia hacia personas pertenecientes a la población afromexicana, porque su expediente está plagado de toda la perversidad del Estado para fabricar culpables a base de tortura, situación que impactó de manera violenta en la paz de la comunidad de Chacahua, generando un estigma imborrable entre la población. Honorio y Margarito son acusados de los delitos de homicidio calificado (premeditación y ventaja) y robo calificado (con violencia física) en agravio del estudiante universitario Jesús Israel Moreno Pérez, quien hace más de nueve años desapareció en la comunidad de Chacahua, perteneciente al municipio de Tututepec. El caso llegó al Comité de Derechos Humanos de la ONU, que solicitó al Estado mexicano realizar una investigación pronta, efectiva y exhaustiva, independiente, imparcial y transparente, sobre las circunstancias de la desaparición de Moreno Pérez, orientada al establecimiento de la verdad. Por ignorar esta recomendación, el Congreso local citó a comparecer al fiscal general de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez. Nota relacionada: Muere asaltante tras recibir golpiza en Iztapalapa; no era el de la combi De acuerdo con Hernández Rivera, no es ninguna coincidencia que, existiendo suficientes pruebas de la inocencia de Honorio y Margarito, estén por cumplir nueve años privados de su libertad y sin sentencia, sin que hasta el momento ningún funcionario implicado haya sido castigado por las omisiones, los actos de tortura y la fabricación de pruebas que se utilizaron para “resolver” el caso. “Este caso de injusticia hacia Honorio y Margarito refleja la descomposición estructural y sistemática de la justicia en el estado de Oaxaca, donde servidores del Poder Judicial y de la Fiscalía General, como jueces, agentes del MP, peritos y agentes estatales de Investigación, señalados directamente por ejercer o tolerar actos de tortura y otras violaciones a los derechos humanos, siguen en el pleno ejercicio de sus funciones, solapados y coludidos por quienes mueven los hilos de la injusticia en el estado”, subrayó. Recordó que la entonces Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) y el Juzgado Segundo Mixto de Puerto Escondido, sostuvieron que el 10 de julio de 2011, aproximadamente a las 21 horas, Jesús Israel Moreno Pérez fue asesinado para despojarlo de una cámara fotográfica, un iPod y un teléfono celular. Sin embargo, hasta ahora el cuerpo del estudiante no ha sido hallado. El 4 de enero de 2012, el entonces procurador de Justicia del estado, Jesús López López, y el subprocurador para la Atención de Delitos de Alto Impacto, Joaquín Carrillo Ruiz, anunciaron la resolución del caso con la detención de Honorio Corcuera Noyola, Margarito González Domínguez y dos personas más. Pero desde principios de diciembre de 2011, los acusados fueron arraigados y sometidos a tortura, malos tratos y coacción por parte de elementos de la PGJE, violando con ello su derecho al debido proceso y a una investigación apegada a derecho. Ante la simulación para esclarecer la desaparición de su hijo, el 10 de noviembre de 2015 el padre de Jesús Israel Moreno Pérez interpuso una queja ante el Comité de Derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, donde señaló que el ejercicio de la acción penal se basó en testimonios contradictorios, auto incriminatorios y obtenidos bajo tortura de las personas detenidas. Además, reveló que su hijo no portaba aparatos electrónicos como IPod ni cámara fotográfica, y sostuvo que la investigación se basó en una ‘autopsia verbal’ (sin cadáver y sin sustento científico), fabricaciones de pruebas, alteración y sustitución del teléfono celular que portaba su hijo, entre otras graves inconsistencias.