CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el diario El Universal divulgó un video en el que se observa a militares disparando contra una camioneta, en una avenida de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y se ordena la ejecución de civiles, integrantes del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) y el padre de una de las víctimas denunciaron que no hay avances en la investigación, pese a que desde el 11 de julio interpusieron ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal por los hechos. El evento está relacionado con un operativo realizado el 3 de julio, en el que murieron 12 personas, a quienes la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó como integrantes de un grupo criminal que supuestamente atacó a soldados que patrullaban las calles de Nuevo Laredo. Raymundo Ramos Vázquez, presidente del CDHNL, sostuvo que el video comentado esta mañana por el presidente Andrés Manuel López Obrador, del que ordenó una investigación, fue facilitado por integrantes del Ejército mexicano “que no están de acuerdo de este tipo de órdenes que reciben de sus superiores de matar heridos o de negarles la atención médica”. Nota de interés: Logran que ONU emita acciones urgentes por desaparecidos en Nayarit y se informe de nexos con Veytia Para el defensor, “el video que circula en los medios demuestra que el Ejército o algunos militares dentro del Ejército se resisten a cambiar su forma de actuar, se resisten a aplicar los protocolos de uso de la fuerza y, sobre todo, desoyen la orden del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente López Obrador, de ya no cometer violaciones a derechos humanos y que ya no haya masacres”. Afuera de las instalaciones de la delegación de la FGR, Ramos Vázquez hizo un llamado al fiscal Alejandro Gertz Manero para que consigne el caso y solicite, como medida de caución, la detención de los militares que participaron en el operativo del 3 de julio, fecha en que Arturo Garza, Damián Genovés Tercero y Ángel Agustín Núñez viajaban como rehenes e iban atados de pies y manos en uno de los vehículos que perseguían los militares. “Debe de actuarse de inmediato, debemos evitar que deserten de la acción de la justicia esos malos elementos que manchan el buen nombre de las Fuerzas Armadas y es una oportunidad para limpiar el nombre de los familiares”, dijo. Por su parte, el abogado Martín Alvarado presentó copia de la denuncia por uso excesivo de la fuerza, interpuesta por los familiares el 11 de julio pasado, con el número de carpeta de investigación 1346/2020. “Las investigaciones van lentas; como defensa hemos aportado elementos para que las autoridades soliciten las medidas cautelares para que esos elementos estén resguardados, que no se sustraigan de la justicia”, dijo. En la conferencia de prensa, Héctor Garza, padre de una de las víctimas, exigió que el nombre de su hijo se limpie, al igual que el de su familia, conformada por seis integrantes, todos profesionistas. Explicó que el 27 de junio, Arturo, a quien le faltaban menos de dos años para concluir sus estudios de ingeniería, salió de su casa a las 21:30, a dejar a su novia, y ya no regresó. “No sé cómo sucedió la mala suerte para toda la familia; mi hijo nunca salía de la casa, pero ese día iba a dejar a la novia. No sé a quién recurrir, mi corazón está desgarrado, yo estaba entregando a México a gente super limpia, y pasa esto con el Ejército, personas que se supone tienen que cuidarnos, me siento traicionado”, soltó Héctor Garza con la voz entrecortada.