CIUDAD DE MÉXICO (apro).­- Este viernes 28 de agosto se cumplen 10 años de que el gobierno de Felipe Calderón le cortó las alas al Grupo Mexicana de Aviación (GMA), dejando en la calle a 8 mil 500 pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra sindicalizados. Fue en 2010, después de que su antiguo propietario, Gastón Azcárraga, del Grupo Posadas –actualmente prófugo de la justicia--, la declaró insolvente, y hasta la fecha no se ha dado solución a las demandas laborales de los exempleados ni se ha aterrizado la promesa del gobierno actual de echarla a volar como una cooperativa a cargo de los exempleados. En el contexto de las demandas penales contra el expropietario de Mexicana, Gastón Azcárraga, del 9 de noviembre de 2010 y posteriores, poco a poco se fueron aclarando las maniobras desde la administración para abatir costos y llevarse de corbata a los sindicatos y a 30% de las lucrativas rutas a Estados Unidos. Desde 2008, Azcárraga causó un perjuicio a los trabajadores de la aerolínea al transferir sus activos de la Compañía Mexicana de Aviación al Nuevo Grupo Aeronáutico, mientras el empresario y el entonces director de Mexicana, Manuel Borja Chico, firmaron documentos oficiales para desmantelar a la empresa. Después, con el apoyo del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) se desató la embestida mediática contra los trabajadores, a quienes se acusaba de recibir salarios de hasta 300 mil pesos mensuales o tener ostentosos contratos colectivos de trabajo. El 30 de julio de 2010, Mexicana de Aviación emitió una circular para anunciar su eventual quiebra; solicitó a la justicia mexicana y estadunidense aplicar medidas de protección contra sus acreedores (concurso mercantil), y mediante su línea de bajo costo Mexicana Link, el Grupo Posadas -dueño de la concesión- convocó a concurso para seleccionar a los pilotos para sus vuelos a Estados Unidos. Gastón Azcárraga, en ese entonces accionista mayoritario del Grupo Posadas, señaló que había tomado esa decisión porque la aerolínea tenía una deuda de 200 millones de dólares. El entonces director, Manuel Borja Chico, argumentó que la tormenta financiera se recrudeció por el alza de las gasolinas, la crisis económica y la contingencia sanitaria provocada por la influenza en 2009. Sin embargo, documentos obtenidos por este semanario (Proceso 1762) demuestran que la estrategia del Grupo Posadas se fraguó desde 2008, cuando sus inversionistas decidieron crear el Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA) y ceder los derechos de las empresas, inmobiliarias, flotillas, edificios y activos del Grupo Mexicana de Aviación (GMA). Los dueños de NGA y GMA son los mismos: Grupo Posadas y sus inversionistas, entre ellos Banco Ixe, uno de cuyos consejeros propietarios en el consejo de administración es Javier Molinar Horcasitas, hermano del exsecretario de Comunicaciones y Transportes, el panista Juan Molinar Horcasitas. Los otros integrantes de dicho consejo son Gastón Azcárraga, Álvaro Fernández Garza, Juan Ignacio Gallardo Thurlow, así como Ricardo, Estela y Javier Amtmann Aguilar, quienes aportaron financiamiento a la campaña presidencial de Felipe Calderón en 2006. La cesión, declarada ante la Comisión Federal de Competencia (CFC) el 29 de diciembre de 2009, abarcó las acciones de CMA, Aerovías Caribe (Click Mexicana), Mexibal, Aeropuertos y Terrenos (ATSA), Aerosys, Centro de Capacitación Alas de América, Turborreactores, Aero Eventos Mexicanos, Servicios Frecuenta, Mexicana MRO, Gamma Servicios de Negocios, Servicios In Eligendo, Datatronic, Grupo Corporativo Mexicana, Aeromonterrey y Aerolibertad/Aeropacífico (las dos últimas nunca han operado), que eran propiedad de GMA, según el documento de siete fojas. El importe de la operación superó los 986 millones 400 mil pesos. La transacción fue formalizada el 22 de febrero de 2010 por el notario 103 del Distrito Federal, Armando Gálvez Pérez Aragón. De acuerdo con el documento 0937911, incluido en el expediente 0781720 del folio 0036187 del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Mexicana trasladó a NGA los derechos de los registros de marca, avisos comerciales y solicitudes de registro de marca, incluyendo logotipos, diseños, eslóganes y avisos comerciales. Después involucraron al exdirector de finanzas de Mexicana de Aviación, Gerardo Barrera Segura, en un presunto fraude por 15 millones de pesos contra la empresa; argumentaron que esa sangría de recursos y el alto costo de los contratos colectivos de sus trabajadores hacían incosteable a la aerolínea. Por su parte, Azcárraga había dado como argumentos para dejar botada a la empresa que el gobierno de Calderón no lo ayudó a operar Mexicana pese a que él la compró en 2005 para hacerle un favor al gobierno de Vicente Fox y que estaba cansado de perder dinero en una aerolínea que debía sanear el Estado. Esa declaración molestó al entonces secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, quien le reclamó dejar tirada una concesión de servicio público y lo amenazó con que, si lo hacía, ya no le daría otras concesiones. En respuesta, Azcárraga Andrade se salió del negocio y les arrojó a los funcionarios un fólder con las acciones de la empresa que, en 2012, vendieron en mil pesos. Para 2012, la consigna federal fue clara: Mexicana de Aviación no debe volar de nuevo. Para eso, representantes del Ejecutivo han puesto todos los obstáculos imaginables a la posible venta de la línea aérea. Y de esto no queda ninguna duda tras escuchar las reveladoras grabaciones de algunas pláticas que el responsable de la empresa Med Atlantic -interesada en la aerolínea- tuvo con la secretaria del Trabajo, Rosalinda Vélez, con el juez del concurso mercantil, con el administrador y con dirigentes sindicales. (Proceso 1849) En 2013 fue inminente la declaración de quiebra de la empresa, por lo cual los trabajadores emplazaron a huelga para el 1 de abril de ese año. Ante el amago, el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), elaboró un plan represivo para evitarlo. Este se denominó “Plan emergente. Acciones del personal de Mexicana de Aviación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)”, del cual Proceso obtuvo una copia en su momento, donde elaboraron la estrategia para contener el descontento de los extrabajadores para cuando se diera a conocer la resolución judicial declarando la quiebra de Mexicana de Aviación, considerando que el día 25 de enero de 2013 se había vencido el plazo otorgado por el juzgado para que cualquier interesado presentara y acreditara sus propuestas económicas. Según este plan, los 8 mil 500 trabajadores que se quedaron sin empleo desde 2010 “conocen los procedimientos de seguridad a seguir por el AICM y, en consecuencia, ante una amenaza, es posible que sea el propio aeropuerto quien deba suspender operaciones de una aerolínea”. Con esos antecedentes, en el plan emergente de 2013 previó que participara el personal de la Secretaría de Gobernación, a través de la Policía Federal (PF) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la SCT mediante su Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y su Dirección General de Comunicación Social. Se incluyó a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) representada por el Ministerio Público, al Estado Mayor Presidencial, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al propio AICM. Mientras esto se concretaba, el 25 de marzo de 2013, el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió con trabajadores de Mexicana para tratar el tema del pago a los jubilados, que no tienen relación con el conflicto pero llevaban más de ocho meses sin recibir su pensión. El 27 de marzo de 2013, el entonces secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación, Ricardo del Valle, envió un mensaje a los sobrecargos activos y jubilados de Mexicana para informarles que Osorio Chong se comprometió a que el representante del administrador de la Compañía Mexicana de Aviación -una empresa inexistente-, Roberto Carlos Sánchez, designaría a los integrantes del comité técnico del fideicomiso para el pago de las pensiones de los sobrecargos jubilados, lo que no sucedió, aunque tampoco se llevó a cabo dicho operativo. Grupo Posadas compró Mexicana de Aviación en 2005, pero desde 2006, los dueños negociaban con los organismos gremiales ASSA, ASPA y el SNTTTASS la reducción de esos contratos colectivos. A los pilotos les quitaron su aumento salarial por cuatro años, redujeron el personal, incrementaron sus jornadas laborales y redujeron sus descansos y prestaciones como el aguinaldo, prima vacacional y pagos por horas nocturnas y aterrizaje. Con estas medidas la empresa ahorró 450 millones de pesos y 110 millones más por reducción en jubilaciones de pilotos. A los trabajadores de tierra les congelaron los salarios por tres años, firmaron seis convenios para cancelar sus incentivos, aumentaron sus jornadas laborales, se redujo al personal sindicalizado de 504 a 224 trabajadores, y se ahorraron así 75 millones de pesos. Además, mediante los convenios la empresa dejó de erogar 50 millones de pesos por año y 575 millones de pesos por la negociación del contrato colectivo. El problema surgió cuando el sindicato de sobrecargos no renegoció su contrato colectivo y el 2 de marzo de 2007 Mexicana interpuso ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje una denuncia de naturaleza económica contra ASSA alegando que sus finanzas eran precarias. El sindicato de sobrecargos se amparó, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el asunto en su contra.

AMLO ordenó crear nueva aerolínea

El 28 de febrero de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador, planteó que los extrabajadores de Mexicana de Aviación tuvieran su propia aerolínea, y para ello ya había instruido al entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, que hablara con los representantes de los trabajadores. López Obrador se refirió al asunto porque el 27 de febrero un juez resolvió la improcedencia de cancelar la orden de aprehensión contra Azcárraga, acusado de lavado de dinero por 198 millones de pesos. “No se descarta que pueda haber una cooperativa, que puedan ellos tener permisos. Nosotros damos las concesiones a los trabajadores que fueron víctimas de despidos injustificados”, indicó en la conferencia de prensa mañanera de ese día. Sin embargo, Jiménez Espriú renunció al cargo el 23 de julio de 2020. El 27 de agosto de 2020, la senadora Citlalli Hernández Mora presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación a coordinar mesas de trabajo para resolver el conflicto de Mexicana de Aviación y atienda las demandas de los extrabajadores. Días antes, el 19 de agosto, la senadora Hernández Mora, junto a su compañera Blanca Estela Piña, presentaron otro punto de acuerdo para solicitar la reposición de la autorización de las operaciones de los almacenes fiscalizados en el AICM hasta 2025, trasladando su titularidad a los exempleados de Mexicana de Aviación.