MADRID (EUROPA PRESS) -La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que se presentó una nueva denuncia, la sexta, contra el antiguo director de la estatal Pemex, Emilio Lozoya, tras reconocer que participó en una red de sobornos a través de la constructora Odebrecht, en la que también habría participado el expresidente Enrique Peña Nieto.
El responsable de la UIF, Santiago Nieto, informó que la sexta denuncia contra Lozoya está "relacionada con la adquisición y la contratación" de Odebrecht durante su gestión al frente de la petrolera estatal, a la que se utilizó, tal y como él mismo acusado señaló el pasado mes de agosto, para otorgar contratos de obras públicas a cambio de sobornos.
Durante la presentación del informe de Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020, Nieto comunicó que Lozoya presentó una serie de documentos, entre ellos unas imágenes que ya fueron difundidas por redes sociales, que involucrarían a 70 personas físicas y jurídicas relacionadas de algún modo con antiguos senadores del Partido Acción Nacional (PAN).
El resto de denuncias que la UIF tiene sobre la mesa en contra de Lozoya van desde la compra con posibles sobrecostes de la empresa de fertilizantes Fertinal y el desvío de 83 millones de pesos (casi 3.3 millones de euros) a través de la Universidad de Chontalpa, hasta la adquisición de un astillero en bancarrota en España, así como por otra serie de irregularidades que involucrarían a Odebrecht y al último gobierno de Peña Nieto.
Durante el pasado mes de agosto, Lozoya afirmó ante la Fiscalía que Peña Nieto y el que fuera su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, habrían aceptado sobornos valorados en más de 10 millones de dólares (8.5 millones de euros) para la financiación de su campaña en 2012 y para la compra de voluntades políticas.
Durante sus últimas intervenciones ante la
Fiscalía, Lozoya también acusó al expresidente Felipe Calderón (2006-2012) de estar detrás de este tipo de delitos, ya que bajo su mandato "se gestaron sólidos esquemas de corrupción" con Odebrecht como protagonista, a través de una petroquímica también brasileña llamada Braskem, a la que "se le entregó un contrato de más de 20 años para la venta de etanol con un descuento inexplicable".
Estas recientes revelaciones han provocado que desde el gobierno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador se haya promovido una reforma constitucional para poder enjuiciar por delitos de corrupción a los antiguos inquilinos del Palacio Nacional.
Hace una semana López Obrador contaba con la intención de presentar ante el Senado una solicitud para poder convocar una consulta, respaldando así una campaña de recogida de firmas impulsada por su partido, MORENA, de cara a posibles juicios contra antiguos presidentes, entre ellos, Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006) o el propio Peña Nieto.
