Lara y Hermosillo se inconforman ante la CNDH por el Tren Maya

sábado, 29 de diciembre de 2018
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El pasado 22 de diciembre fue turnada a la Cuarta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la queja interpuesta el día 17 por el doctor Carlos Lara G. y el maestro José Manuel Hermosillo, dirigentes de la Sociedad Artículo 27 SC, para que el gobierno de la República realice un estudio de factibilidad cultural y consulta a los pueblos indígenas ante la construcción anunciada del Tren Maya. Lo anterior se les hizo saber a los promotores de lo que ellos llaman “activismo cultural en materia de cultura”, quienes desde el pasado 21 de noviembre hicieron llegar una carta al ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en calidad de presidente electo, solicitando hacer un estudio de factibilidad cultural y las consultas a los pueblos indígenas, que establecen la Constitución y la Ley de Planeación, respectivamente. Ambos señalan que, al ver que ya como presidente en funciones, decidió seguir adelante con el pretendido proyecto del Tren Maya, “montando un espectáculo mediático para solicitar permiso a la Madre Tierra, en lugar de hacer las consultas que sí están establecidas en la Constitución y el estudio que señala la Ley de Planeación, así como la normatividad ambiental y los señalamientos técnicos que le han hecho llegar a su casa de transición grupos de especialistas en medio ambiente”. Tanto Carlos Lara G. como José Manuel H, han venido trabajando desde hace más de una década en lo que denominan “activismo judicial en materia de cultura”. Ahora lo hacen desde esta sociedad denominada “Artículo 27 S. C.”, orientada a promover y desarrollar dicho activismo a través de cursos de capacitación, elaboración y asesoramiento de quejas y denuncias, así como juicios e impugnaciones en materia de cultura y derechos culturales. A partir de este momento, la CNDH por medio de la Cuarta Visitaduría hará la investigación correspondiente al amparo del marco jurídico en materia de lo que este mismo organismo ha denominado “Derechos Humanos Culturales”. El maestro José Manuel Hermosillo señala que el presidente de la República “debe conducirse por lo que dicta el estado de derecho y no su estado de ánimo”. De no ser atendida esta solicitud, advirtió, podrían acudir a otras instancias además de la CNDH “para hacer valer los derechos culturales que están en juego”. Y agregó: “El gobierno debe entender que el derecho de acceso a la cultura y el ejercicio de los derechos culturales, no son temas opcionales, sino una obligación que debe cumplir”. Para Carlos Lara, esta actitud de desprecio a la Constitución y a la Ley “es inadmisible”, toda vez que “estamos ante un posible impacto ambiental y cultural que requiere de la atención de las autoridades y no de simulaciones mediáticas; más cuando uno de los organismo claves en este proceso, que es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), es presidido por el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador”. El problema de este gobierno, dice, es que “confunde el pensamiento mágico con las políticas públicas”. Sin embargo, confía en que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hará los correspondientes señalamientos y recomendaciones, en el marco de la Constitución, de los instrumentos internacionales, tales como el Convenio 169 de la OIT en materia de pueblos indígenas, así como de la propia Ley de Planeación, “porque lo que está en riesgo son bienes culturales y el gobierno debe diseñar políticas públicas que promuevan y difundan dichos bienes y servicios culturales, y no políticas regresivas que pongan en riesgo estos elementos que son parte de la identidad de los mexicanos”. Entre las quejas y denuncias que Lara y Hermosillo han elaborado figura el daño a la estatua ecuestre de Carlos IV, conocida como "El Caballito"; por parte del Gobierno de la Ciudad de México; el derribo injustificado de la Octava Estación de Policía de la Colonia Narvarte, por parte de la Delegación Benito Juárez; el daño al Albarradón de San Cristóbal por parte de una empresa de transporte, y la “imprecisa declaratoria” de Monumento Artístico a la obra de Octavio Paz, promovida por la Secretaría de Cultura.

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