Monterrey, N L, 21 de enero (apro)- Desde hace tres años, cuando fueron desalojados por primera vez del pedazo de tierra que compraron de buena fe, los habitantes de la colonia agropecuaria Emiliano Zapata no saben lo que es vivir en paz Por una u otra razón, las autoridades estatales mantienen un acoso permanente sobre los poco más de 7 mil pobladores que ocupan unas 300 hectáreas de superficie en El Carmen, un municipio rural ubicado en el noroeste de esta ciudad, en la región denominada Llanura Costera del Golfo La más reciente embestida oficial ocurrió poco antes de las 11 de la noche del pasado viernes 11, cuando un grupo de hombres encapuchados irrumpió en la colonia Emiliano Zapata y, pistola en mano, comenzó a desalojar a los ocupantes del predio En el operativo, algunas personas fueron detenidas y otras más fueron privadas de su libertad durante un par de horas Uno de ellos fue el dirigente, José Zenaido Bernal, de 75 años, quien apareció un par de horas después del incidente en García, Nuevo León En la acción, que se llevó a cabo a pesar de que los colonos contaban en su poder con una orden judicial que reaviva sus esperanzas de recuperar la titularidad legal del predio, los encapuchados aprovecharon el caos para despojar a los colonos de carteras, llaves de vehículos, teléfonos celulares y alhajas, entre muchas otras pertenencias Un día después, el sábado 12, la policía ministerial se presentó al lugar de los hechos y detuvo 31 personas que mantenían detenidos y esposados a tres colonos Además, les decomisaron un rifle con mira telescópica y cinco camionetas propiedad del empresario Alfredo Villarreal Elizondo, quien reclama como suyo el predio de 300 hectáreas Entre los detenidos se encontraba, José Luis Quintero, caporal de una explotación pedrera propiedad de Villarreal Elizondo Asesorada por Juan Carlos Armadillo, integrante de La Otra Campaña, movimiento que desde el 2006 se solidarizó con los colonos, y por Gerardo Vázquez, José Luis Sandoval, la dirigente de la colonia, María Teresa Contreras, presentó una denuncia de hechos por los presuntos delitos de abuso de autoridad y robo Según los quejosos, la persecución en su contra ha incluido acusaciones que han ido desmoronando en los tribunales Un ejemplo: A mediados del año pasado, Nora Mendoza, hija de María Teresa Contreras, fue detenida y acusada de obstrucción de vías federales de comunicación, después que los colonos de El Carmen realizaron una protesta que incluyó el cierre de la vía Monterrey-Nuevo Laredo A pesar de que la joven demostró en el juicio que el día y la hora en que se llevó a cabo la manifestación ella estaba en clases en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el juez le dictó auto de formal prisión y la sentenció a un año y cien días de cárcel Inconforme por la resolución, Nora apeló y el caso fue turnado a la segunda instancia Pero mientras los magistrados resuelven, ella tiene que tiene que acudir a firmar diariamente el libro de registros, debido a que se encuentra en libertad condicional Cuñados incómodos El asentamiento de El Carmen surgió en la década de los setenta, cuando un grupo de trabajadores, profesores y pensionados adquirieron de buena fe lotes rústicos, con la idea de fincar casas de concreto con mayores dimensiones a las convencionales en una superficie de 300 hectáreas Durante un tiempo, los compradores no tuvieron problemas Pero al inicio de la administración del actual gobernador, Natividad González Parás, los problemas comenzaron El propietario de una mina ubicada a dos kilómetros del predio, Alfredo Villarreal Elizondo, reclamó la propiedad de esa porción de tierra que presuntamente obtuvo mediante un remate bancario convocado por Santander Serfín El supuesto afectado promovió un juicio en noviembre de 2003 y el juez tercero de lo Civil, Raúl Farfán Bocanegra, le dio la razón y ordenó el desalojo de los colonos En esa ocasión la fuerza pública abusó de su poder y dinamitó algunas casas A pesar de la violencia, los medios de comunicación locales no hicieron eco del asunto De acuerdo con los videos que grabaron algunos colonos, el grueso de los vecinos no opuso resistencia Fueron pocas las familias que se atrincheraron para no perder sus propiedades Sin embargo, la resistencia fue inútil Los mil policías estatales y municipales que acudieron a desalojar a las 308 familias utilizaron todo cuanto pudieron: armas largas, bazucas, granadas, perros entrenados y equipos antimotines El operativo fue supervisado por altos mandos que se encontraban a bordo de dos helicópteros Una vez que los colonos fueron expulsados y conducidos a varios kilómetros de distancia, los residentes comenzaron a escuchar varias detonaciones Después supieron que las fuerzas de seguridad dinamitaron 250 casas con sus pertenencias dentro e iniciaron una limpieza de escombros con maquinaria pesada Durante 30 días los efectivos policiacos custodiaron el predio Lo curioso es que la Secretaría de Seguridad Pública no tiene registró alguno de ese operativo, según la respuesta que dio al reportero, en atención a una solicitud de información tramitada en 2005 Un par de meses después, ya en 2004, los vecinos de la colonia agropecuaria Emiliano Zapata vieron con asombro cómo en los límites de los predios que compraron comenzó a levantarse una escuela de béisbol, propiedad de los hermanos Maiz Mier, dueños de la franquicia de los Sultanes de Monterrey y cuñados del gobernador González Parás Por esa misma fecha, en el otro extremo del predio, surgió también un fraccionamiento de interés social El proyecto fue desarrollado y comercializado por Constructora Garza Ponce, concuño del mandatario estatal La restitución El pasado 7 de noviembre, los colonos desalojados tuvieron un respiro en su viacruicis luego de que la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia estatal reestableció sus derechos sobre la propiedad al considerarlos compradores de buena fe Además, los magistrados resolvieron que Villarreal Elizondo incurrió en irregularidades en la compra del predio pues, entre otras cosas, los propietarios nunca fueron notificados por el banco que la tierra estaba sujeta a remate Y, por si fuera poco, la orden judicial que motivo el desalojo comprendía una cuarta parte de las 300 hectáreas, no su totalidad Los magistrados Genaro Muñoz Muñoz, José Patricio González Martínez y José Guadalupe Treviño Salinas, de la Segunda Sala Colegiada Civil, mediante la toca 263/07, resolvieron la nulidad del juicio ejecutivo mercantil sostenido por Alfredo Villarreal, a través del banco Santander Serfin, contra las familias desalojadas La resolución comprendió la integridad de todo el juicio, así como la cancelación total y no parcial de la escritura pública de los terrenos en disputa, tanto en la notaría pública 40 que la elaboró, como ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio De igual forma, se condenó al empresario a cubrir todos los gastos y costas erogados con motivo de la tramitación del juicio en la segunda instancia judicial Amparados en dicha orden, los colonos accedieron a la zona, sin violar la cuarta parte que, según el juzgado, ya no les pertenecía Desde entonces pernoctaron en campamentos, en compañía de simpatizantes de La Otra Campaña y de algunos grupos ligados a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), organismo que alojó al movimiento en sus instalaciones durante los últimos tres años ante la posibilidad de que el empresario lanzara, como lo hizo finalmente, una ofensiva violenta En previsión de otro desaguisado, los diputados locales del Partido del Trabajo, Zeferino Juárez Mata, y Gerardo Javier García Maldonado, presentaron un punto de acuerdo, el pasado 13 de noviembre pasado, en el que exigieron que Seguridad Pública asignara efectivos que resguardaran la seguridad de los pequeño-propietarios La solicitud fue remitida a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública bajo el expediente 4889, recurso que desechó el pleno el 17 de ese mismo mes, con el argumento de que el titular de la Seguridad Pública, Aldo Fasci Zuázua, ya había anunciado que en la zona se encontraban las unidades y elementos policiacos necesarios para guardar el orden Sin embargo, Elizondo Villarreal consiguió una suspensión provisional de un tribunal federal y, el pasado viernes por la noche, echó por la fuerza a los colonos La policía nunca llegó Por la mañana, los colonos recuperaron el predio, pero Elizondo Villarreal echó mano de la fuerza pública para desalojarlo de nueva cuenta Juan Carlos Armadillo responsabilizó al gobernador González Parás de los hechos y de la integridad física de los propietarios Reveló que el acuerdo para regresar a esa colonia se hizo con el gobernador, "quien manifestó que ofrecía su apoyo en la recuperación de las tierras, y ahora, ante este hecho violento, queremos manifestar que lo hacemos culpable de todo lo que nos llegue a suceder, a nosotros (La Otra Campaña), a los propietarios y a cualquier otra gente que defienda esta lucha" Por su parte, Luis Gerardo Vázquez, del organismo Fomento e Integración Ciudadana AC, deploró el desalojo y exigió a las autoridades que respondan e investiguen la agresión "Es imposible que particulares hagan esas cosas sin el apoyo de las autoridades Sería muy difícil que pudieras llevarte cuatro camionetas por una carretera federal, con personas con armas largas, sin que nadie las detengan" Indicó que el comando podría haberse integrado con agentes municipales del Carmen encapuchados "O son de Seguridad Pública del Estado, como pasó hace tres años, o del crimen organizado protegidos por la autoridad" Hasta el martes 15 de enero, las familias desalojadas de la Colonia Agropecuaria se encontraban replegadas en la improvisada cocina del campamento, siempre vigiladas por agentes de servicios periciales de la Policía Ministerial