GUADALAJARA, Jal., 4 de mayo (apro).- El ayuntamiento de Zapopan clausuró hoy de manera verbal las obras de la Villa Panamericana, a cargo de la empresa Corey Integradora, que se realizan en el predio conocido como “El Bajío”.
La directora de Inspección de Reglamentos, Patricia Godínez Luna, explicó que la clausura se realizó de forma verbal, pues elementos de seguridad privada impidieron el ingreso de inspectores a las instalaciones y se negaron a recibir la notificación.
El 29 de abril anterior, y como parte del expediente 82/2011, el presidente de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal Administrativo Estatal (TAE), Armando García Estrada, decretó una medida cautelar  para que se suspendieran las obras de la Villa Panamericana y dio 24 horas para que el ayuntamiento clausurara los trabajos.
Patricia Godinez, quien iba acompañada por patrulleros de la policía municipal, leyó ante los elementos de seguridad privada:
“En virtud del desacato a la suspensión de obras, se les informa que se va a levantar la orden de clausura, por lo que tendremos que informar al Tribunal y al Ministerio Público por el delito para que se tenga que perseguir”.
Sin embargo, los albañiles ni se inmutaron y continuaron trabajando.
El notario 26 de Zapopan, Alejandro Romero Hernández, levantó una fe ministerial de los hechos.
“Presentaremos esa fe ministerial ante el Tribunal para que se compruebe que el ayuntamiento no desacató la orden de clausurar. Nosotros ya no podemos hacer nada. Tendremos que notificar el desacato de la empresa y el Tribunal llevará a cabo las medidas correspondientes y al Ministerio Público para que persiga los delitos que haya que perseguir por obstruir la labor de la autoridad. La clausura legal tiene el mismo valor que los sellos”, advirtió Godínez Luna.
    El martes 3, el ayuntamiento y los desarrolladores habían llegado a un acuerdo de 30 días para que se regularizara la situación. “Pero la medida cautelar tiene que acatarse por parte de nosotros”, explicó Godínez Luna.
    Sin embargo, los hechos enfurecieron a activistas y ambientalistas que consideraron la clausura verbal como una simulación.
“Estamos viendo al gobierno del estado, con su policía estatal, impidiendo que el ayuntamiento cumpla con su cometido, entonces esto se llama obstrucción de la justicia, aquí vemos que vamos de mal en peor, porque el gobernador sería el primer obligado en hacer cumplir la ley en este estado y los acuerdos judiciales, aunque no les guste”, comentó Alejandro Cárdenas Ochoa, presidente del Parlamento de Colonias.
    Por su parte, el magistrado que dictó la medida cautelar, Armando García Estrada, advirtió que podría iniciar un proceso para desaforar a las autoridades involucradas y sancionarlas por desacato a la ley.