Requerirá EPN de 800 MMDP para metas en desarrollo social: CCE

lunes, 12 de noviembre de 2012
MÉXICO, D.F. (apro).- El gobierno de Enrique Peña Nieto requerirá de montos adicionales hasta por 800 mil millones de pesos anuales para cumplir los compromisos adquiridos en materia de política social, advirtió hoy el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). En su mensaje semanal, el organismo presidido por Gerardo Gutiérrez Candiani señaló también que la próxima administración deberá buscar que la inversión pública suba del 5 al 6% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, más de 170 mil millones de pesos. Mediante un comunicado, la cúpula empresarial aplaudió la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas (APP), con la cual aseguró que “se abre una gran ocasión para relanzar con fuerza la inversión en México, a partir de un plan robusto e integral de infraestructura”. A decir del organismo empresarial, la aprobación de esta ley permitirá liberar recursos y destinar mayores partidas presupuestales para fines con mayor rentabilidad social. Esto beneficiará, dijo, a las inversiones públicas y privadas de la siguiente manera: Se reducirán los costos de riesgo y construcción y se ampliarán las fuentes potenciales de financiamiento, con certidumbre para la inversión, mayor eficiencia y rapidez en la preparación de proyectos, y menos tiempo de ejecución e implementación. Según el CCE, en los últimos 30 años la inversión pública ha disminuido “dramáticamente”, dejando rezagos en diferentes áreas como vivienda, transporte, hospitales, investigación y desarrollo, escuelas, bibliotecas, infraestructura penitenciaria, desarrollo turístico y el sector energético. Ante esta situación, Gutiérrez Candiani planteó al próximo gobierno un Plan Nacional de Infraestructura, que dé continuidad al del sexenio que concluye, complementando sus proyectos prioritarios inconclusos, pero eso sí, con metas aún más ambiciosas y sustentadas en una alianza estratégica entre el sector público y el sector privado. “Ir como socios, por México, con el potencial de generar 11 millones de empleos en el sexenio y por lo menos crecer al 6% anual del PIB anual de manera sostenida”, explicó el Consejo Coordinador Empresarial que tiene como asociados a las principales cámaras industriales, comerciales, del sector servicios y a los banqueros. Fue más allá: “Esta es la proyección que puede tener la apuesta firme por la infraestructura, eliminando restricciones que reproducen el estancamiento y sumando fuerzas con las asociaciones público-privadas”. El CCE dio cifras sobre las inversiones que se detonarían en el próximo sexenio, a partir de este esquema: Para mantener el nivel de inversión pública en infraestructura del 2012, estimó  que se requieren más de 584 mil millones de pesos; sin contar el segmento energético, son más de 260 mil millones, el 1.7% del PIB. También aseguró que casi la totalidad podría cubrirse con recursos del sector financiero: más de 240 mil millones de pesos, disponibles para asignarse a proyectos con una adecuada relación de riesgo-rendimiento. “Todo esto sin contar con el potencial en inversión extranjera directa y los recursos que hay invertidos en las afores, casi 1.8 billones de pesos, 12% del PIB. Una parte importante puede ser invertida en proyectos que aceleren el progreso de México, generando a la par empleos y altos rendimientos para el ahorro de los trabajadores”, aseguró la clase empresarial. La Ley de Asociaciones Público Privadas entrará en vigor en los días en que el nuevo gobierno tome posesión, lo que para los empresarios significa que “las piezas necesarias para acelerar el crecimiento en México se están acomodando en su sitio”. Sólo hacen falta otras piezas que los empresarios han buscado en los últimos años: como la reforma hacendaria, educativa, energética y que se concrete la reforma laboral. Es decir, las llamadas reformas estructurales.

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