VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- La falta de transparencia de Pemex en la asignación de contratos a rectores de universidades y tecnológicos, entre otros centros educativos, llevan a pensar al investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), Javier Herrera Escamilla, en que detrás de ello hay un gran “negocio” entre ambas partes. En refuerzo de su apreciación, sostiene que de 2006 a 2012, Pemex Exploración y Producción (PEP) firmó contratos por casi 10 mil millones de pesos con distintas autoridades universitarias estatales “sin rendir cuentas de a dónde fueron a parar esos recursos”. Sólo en 2012, dice, PEP destinó 3 mil 500 millones de pesos a esas instituciones educativas, y de 2006 a 2011 firmó contratos por otros 6 mil 288 millones de pesos, lo que suma casi 10 mil millones en los últimos siete años. “No se sabe dónde se aplicaron los recursos, quiénes fueron los que realizaron los trabajos para PEP, y en función de qué fueron seleccionados”, indica. Herrera Escamilla lamenta que la información sobre estos millonarios recursos no esté disponible en las páginas de transparencia de las universidades, y que los contratos con Pemex sólo sean firmados por los directivos de Pemex y los rectores, y no por otras autoridades universitarias, como ocurre con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN). “Los contratos de Pemex con la UNAM y el Politécnico Nacional están de manera clara, más transparente, es un procedimiento totalmente diferente a lo que ocurre en Tabasco”, subraya. El investigador puntualiza que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) facturó a PEP más de 673 millones de pesos en 2012; la Universidad Popular de la Chontalpa, 819 millones, y el Instituto Tecnológico de Comalcalco, 710 millones de pesos. La Universidad Politécnica del Golfo, la Universidad Tecnológica (UT), el Tecnológico Superior de la Sierra y el Tecnológico de Los Ríos facturaron 641, 385, 170 y 45 millones de pesos, respectivamente, entre otros. Herrera Escamilla destaca el caso de la UPCH que, a pesar de recibir más dinero por contratos con PEP, no puede pagar 50 millones de pesos que adeuda al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET) y salarios atrasados a sus docentes. No obstante, su exrector y hoy funcionario de la Secretaría de Educación estatal, Pedro Javier Muñoz Vergara, se autorizó dos “bonos de actuación” en diciembre pasado, uno por 41 mil y otro por 110 mil pesos, de los ingresos vía contrato con Pemex. El investigador también deplora que el rector de la UJAT, José Manuel Piña Gutiérrez, cobre más que el gobernador. En 2012, dice, recibió un millón 783 mil 628 pesos, superior al millón 739 mil 692 pesos que cobró el exgobernador Andrés Granier Melo. Por su parte, el exrector de la UPCH, Pedro Javier Muñoz, se autoasignó un salario anual de un millón 453 mil 810 pesos, más 120 mil pesos mensuales. Herrera Escamilla pide al gobierno de Arturo Núñez Jiménez promover auditorías e investigar a fondo el procedimiento para esclarecer el destino de los millonarios recursos que PEP aporta a las universidades, tecnológicos y otras instituciones educativas de Tabasco, a través de contratos “opacos” que sólo firman rectores y funcionarios de Pemex para supuestas obras “que nadie sabe dónde están y quiénes las realizan”.