MÉXICO, D.F. (apro).- Gracias al impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono que prevé la reforma hacendaria, el gobierno federal recaudará entre 20 y 22 mil millones de pesos durante el próximo ejercicio fiscal, informó Rodrigo Gallego, representante del Instituto Mexicano de la Competitividad, el pasado martes 24 en los edificios de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). El sector transporte, “uno de los peores del mundo” en términos de eficiencia energética según Gallego, pagará al Estado alrededor de 8.62 mil millones de pesos mientras la Comisión Federal de Electricistas (CFE) desembolsará alrededor de 4.38 mil millones de pesos, informó. Según Carlos Muñoz, coordinador de Investigaciones Económicas del Centro Mario Molina, el impuesto al dióxido de carbono representa una oportunidad para incentivar la transición hacia energías renovables en México, ya que el mercado energético no toma en cuenta los daños ambientales que causan las industrias. A final de cuentas, en el país se debería evitar la liberación de más de 7.5 millones de toneladas de dióxido de carbono en 2014, añadió. Agregó que al reinvertir el dinero recaudado en mejorar la eficiencia energética este número sería mayor aún. Estimó que un presupuesto de entre 6 y 15 mil millones de pesos bastaría para construir 10 líneas de Metrobús, lo que a su vez ahorraría 135 mil toneladas de dióxido de carbono al año. Recordó que más de 30 países acogen mercados de dióxido de carbono. En México se estima que la tonelada costará 70 pesos –aproximadamente 5 dólares–, mientras en el Reino Unido la tonelada se negocia actualmente entre 18 y 36 dólares y en Estados Unidos entre 12 y 84 dólares, informó Muñoz. Sin embargo la “gran omisión” respecto de este impuesto concierne el gasto, añadió, ya que el Ejecutivo federal todavía no ha informado sobre el destino del nuevo ingreso. El Congreso dará a conocer esta información el próximo 15 de noviembre. El riesgo, según Adrián Vázquez, representante de la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable, sería que sólo se convirtiera en un impuesto recaudatorio sin efecto sobre el incentivo de las energías renovables. Vázquez aseveró que el gobierno carece de transparencia en cuanto a sus objetivos en materia de energías verdes. Critica el anuncio del Ejecutivo de alcanzar 35% del abastecimiento de energía del país mediante métodos sustentables para 2020, y luego la disminución del objetivo a sólo 16%. Poco verde Jeff Pavlovic, asesor de la Subsecretaría de Electricidad de la Secretaría de Energía, apuntó que México produce muy poca electricidad a través de energías renovables como la geotermia, la biomasa, el viento o el sol. “El mundo está gestando un desarrollo basado en energías verdes, que tendrá efectos en un futuro temprano”, aseveró por su parte Daniel Chacón, miembro de la Fundación Climate Works. “La reforma energética que se plantea en México sólo durará unos años”, anunció, y deploró que el país se quede aislado de la transición energética. Chacón sostuvo que la cantidad de combustibles fósiles usados caerá “muy pronto” debido a un uso “más eficiente” de la gasolina en los motores y mediante las tecnologías llamadas “híbridas”. Así, destacó que los mecanismos legislativos actuales se resumen en buenas intenciones sin efecto sustancial ante los problemas de calentamiento global y de salud pública que genera la contaminación. Beatriz Olivera, coordinadora de la campaña de Greenpeace sobre el medio ambiente, abundó en este sentido: afirmó que la reforma energética carece de visión a largo plazo ya que se enfoca totalmente sobre la extracción del petróleo —un agravante al fenómeno del cambio climático según ella. Así, precisó que Petróleos Mexicanos gasta cerca de 2 millones de dólares al día en explorar los yacimientos petroleros en las aguas profundas del Golfo de México. Se asombró del monto invertido al precisar que la última reforma energética, en 2008, creó un “Fondo para la Transición Energética” que dotó de 3 mil millones de pesos anuales. Sin embargo, lamentó que esta atribución fue divida por 10 el año pasado: cayó a sólo 300 millones de pesos anuales. “Tenemos el potencial para generar 48.4% de nuestra electricidad con energías renovables en 2020, sólo falta la voluntad”, sostuvo. En cuanto a la eficiencia energética, los investigadores presentes en la Flacso lamentaron que el Estado no exija la aplicación de las normas de aislamiento térmico en las edificaciones. Privatizar la electricidad Ante las elevadas tarifas de electricidad de la CFE, Jeff Pavlovic apoyó una entrada del sector privado en la generación de electricidad. Si bien aseguró que el Estado mantendrá un monopolio sobre la transmisión, la distribución y el control operativo de la electricidad, lo realizará a través del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el nuevo organismo independiente que creará y ya no bajo la supervisión de la CFE. El Estado, agregó, exigirá una cierta cuota de electricidad producida mediante el uso de energías renovables y abrirá la competencia para obtener el mercado a varias empresas, entre cuales la CFE. Así, sugirió que se disminuirán las pérdidas de electricidad durante la distribución –que estimó a 15.3%– mientras se dejará de gastar en subsidios. Afirmó que 21.3% de la energía no se cobra en la CFE. El asesor en materia de electricidad asumió también la “necesidad” de utilizar el famoso “shale gas” o “gas de lutita” para generar electricidad más barata. Si bien este gas despertó el apetito de las compañías petroleras en Estados Unidos, su forma de extracción –mediante la fracturación hidráulica o “fracking”– necesita inmensas cantidades de agua mezclada con productos químicos tóxicos. Se encuentra además bajo la sospecha de poder contaminar las reservas de agua del subsuelo. El propio Jeff Pavlovic admitió la dificultad a definir las “externalidades” –o consecuencias– de la fracturación hidráulica. Daniel Chacón, por su parte, estimó que el shale podría ser usado de componente temporal a la transición energética “si se comprueba que no deteriora el medio ambiente”, subrayó. Beatriz Olivera rechazó esta “necesidad”: negó que el fracking sea sustentable, menos aun en México donde se propone realizarlo en zonas afectadas por sequías. El tema principal de la fracturación hidráulica se resume al agua, afirmó Rodrigo Gallego. Propuso medir las externalidades de las energías a través de sus costos sociales así como sus daños a la biodiversidad y al medio ambiente.