MÉXICO, D.F. (apro).- Si las instituciones públicas mantienen elevados niveles de corrupción y opacidad, las reformas tendrían nulo impacto en la actividad económica del país, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). En su mensaje semanal, el organismo presidido por Juan Pablo Castañón aseguró que “sin un esquema que asegure la transparencia y el combate a la corrupción y la impunidad, reformas tan importantes como la energética pueden quedar sujetas a prácticas de opacidad o de corrupción”. Agregó que la ausencia de transparencia y la corrupción son de los principales obstáculos para el desarrollo social y económico, precisamente porque debilitan al Estado de derecho, que es la base institucional de la que depende el crecimiento. La Coparmex dio datos. Según el Banco Mundial, en un país como el nuestro, la corrupción y la falta de transparencia pueden reducir la tasa de crecimiento económico, hasta en un 1% al año. Se trata sin duda, de un gran costo social, especialmente para un país que ha crecido en los últimos 30 años, sólo 2.4% anual. “En el caso concreto de México, la corrupción es el principal delito que enfrentan las empresas. Representa un 25% de todos los delitos que sufren las empresas y negocios en el país, y supera en costos y prevalencia al robo de mercancía o la extorsión”, enfatizó. El organismo patronal sentenció que “no puede haber una agenda del desarrollo para México, sin un debate profundo sobre las instituciones de la república. Cómo funcionan y cómo pueden mejorarse, para representar mejor a los ciudadanos”. De hecho, consideró necesario que mientras se mejora el andamiaje para el avance económico del país, al mismo tiempo deben abatirse los rezagos institucionales. “Conforme las reformas van atendiendo los principales rezagos económicos del país, el debate público debe centrarse con relativa urgencia, en los rezagos institucionales que han impedido que México crezca y que, de hecho, son las principales amenazas para que esas reformas funcionen a plenitud”. Sugirió que el proceso para seleccionar a los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) deberá evitar el esquema de cuotas; no sólo de los partidos sino también de organizaciones de la sociedad civil, el Gobierno Federal, las entidades federativas, otros poderes como el propio legislativo y el judicial.