SFP y Cofece se comprometen a impulsar el combate a la corrupción en licitaciones

jueves, 14 de abril de 2016
CIUDAD DE MÉXICO (apro).— A casi dos semanas de revelarse los llamados #PanamaPapers, en el que se revela la trama financiera de las farmacéuticas Marzam y Genomma Lab y otras compañías interesadas en obtener contratos millonarios con el gobierno mexicano, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) tomarán cartas en el tema de transparencia y corrupción. En una conferencia llamada “Diálogo sobre contrataciones públicas”, en la que participaron la comisionada presidenta de la Cofece, Alejandra Palacios; el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade; el director jurídico del IMSS, Patricio Caso; y Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana; los funcionarios expusieron el daño para las finanzas públicas que deja la opacidad y la corrupción en los procesos de licitaciones. De acuerdo con Alejandra Palacios, en México aproximadamente el 27% del gasto público se destina a las compras y contrataciones de bienes y servicios de los organismos que forman parte del Estado. Sin embargo, aún no existen mecanismos que garanticen plena transparencia en los procesos. Hasta este día, la Cofece junto con la SFP se comprometieron a crear canales de comunicación que fortalezcan espacios para la colaboración y vinculación entre las políticas de competencia y el combate a la corrupción. En la edición de esta semana, Proceso dio cuenta del entramado financiero que realizó Marzam para adquirir parte de Genomma Lab y donde también estuvo involucrado Nadro de Pablo Escandón Cusi, así como el despacho de abogados Doporto y Asociados. Estas empresas triangularon recursos a través de Mossack Fonseca, para fortalecer las negociaciones con el fin de controlar el mercado farmacéutico. Según la Cofece, en una etapa de recorte al gasto público es fundamental la transparencia, competencia e integridad en los procesos de contrataciones públicas. Aún más, precisó que estos tres deberes, plasmados en los artículos 6, 28 y 134 constitucionales promueven las mejores condiciones de precios, calidad, financiamiento y oportunidad para el Estado mexicano en sus contrataciones públicas. Autoridad lenta, pese a antecedentes No es la primera ocasión que sucede este tipo de colusión en el sector salud. Entre el 2003 y el 2006, las farmacéuticas Baxter, Fresenius, Eli Lilly y Pisa cometieron prácticas monopólicas absolutas, consistentes en acuerdos colusorios en los procesos de licitación de dos grupos de medicamentos: insulina humana; soluciones electrolíticas y sueros (que incluyen agua inyectable, cloruro de sodio, cloruro de sodio y glucosa, glucosa y solución Hartmann) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Dicha operación generó sobreprecios de 58%, equivalente a 579 millones de pesos. La Cofece señaló que experiencias internacionales han demostrado que el gobierno puede llegar a adquirir bienes y servicios más caros que el precio que prevalecería si la compra se hubiese dado en un ambiente de presión competitiva, pues los propios diseños de los concursos imponen barreras de entrada a participantes potenciales, impidiendo que haya una mayor concurrencia. Pese a los antecedentes y las experiencias internacionales, apenas está en marcha una consulta sobre las áreas de oportunidad que ofrece el régimen de contrataciones públicas, y con ello transitar de un proceso tradicional a otro que vaya de acuerdo con los principios internacionales de Gobierno Abierto, informó el titular de la SFP, Virgilio Andrade Martínez. “Entre los elementos a considerar para hacer las reformas y mejoras reglamentarias en la materia, destaca la ampliación del régimen de testigos sociales para que participen de manera más activa; revisar de manera integral el asunto de las posibles colusiones entre contratistas; así como analizar internamente los regímenes de excepcionalidad que se aplican para el manejo de las adjudicaciones directas”, amplió.

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