CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De mantenerse la prohibición en la importación de glifosato, herbicida utilizado en cultivos, la producción de alimentos en el campo mexicano podría caer entre 20 y 40%. Así lo señalaron representantes de las asociaciones civiles Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (UMFFAAC) y Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología (Proccyt). La situación –subrayaron-- derivará en desabasto, alza de precios de productos de la canasta básica, incremento de importaciones de alimentos, y en un duro golpe a la economía de al menos siete millones de micro, pequeños, medianos y grandes productores de todo el país. Ante tal panorama, UMFFAAC y Proccyt saludaron el acuerdo entre la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), para iniciar una mesa de diálogo en la que, con bases científicas, se discuta sobre el futuro del uso del glifosato en México. Ambas organizaciones confirmaron su disposición de aportar toda la información científica y técnica necesaria para ser valorada por las autoridades. Sin embargo, coincidieron en que los acuerdos en la materia no deben tardar, porque las reservas que existen de ese producto están por acabarse, luego de que la Semarnat prohibió su importación desde noviembre de 2019 y el ciclo de siembra en nuestro país ya comenzó. “Si no se logra un acuerdo pronto, están en riesgo las cosechas de alimentos como el frijol, maíz, arroz, tomate, cereales, verduras, frutas, café y demás productos de la canasta básica, lo que podría obligar al país a importarlos, con el consecuente aumento de precios de esos productos y sus derivados, uno de ellos la tortilla”, precisó Cristian García de Paz, director de Proccyt. La importancia del campo –abundó-- radica en que es el encargado de producir los alimentos que todos los días llegan a la mesa de casi 130 millones de mexicanos, y refirió que el glifosato ha sido motivo de estudio durante más de 40 años en todo el mundo, determinándose que su uso no implica riesgo para el medio ambiente ni la salud pública. Por su parte, Francisco Ortiz Malcher, de UMFFAAC, recordó que antes de entrar al mercado, cualquier producto que es utilizado en el campo es sometido a una profunda investigación y estudios por parte de especialistas y las propias autoridades regulatorias, proceso que lleva al menos 10 años. “Su uso no es algo que surja de la chistera. Tiene bases sólidas en estudios de la ciencia ambiental y la salud humana”, indicó. Los dos dejaron en claro que comparten el objetivo del presidente Andrés Manuel López Obrador de lograr la seguridad alimentaria en nuestro país, y hacer del campo un sector sustentable y redituable para los 7 millones de micro, pequeños y grandes productores que dependen de él. Ortiz Malcher agregó que con la prohibición del glifosato no sólo se estaría asestando un duro golpe a los micro, pequeños, medianos y grandes productores mexicanos, sino que de manera directa se beneficiaría a los trabajadores del campo de otros países donde su uso sí está permitido, como el caso de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Por otra parte, recordó que la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de ese país ratificó recientemente que el uso de glifosato no implica riesgos comprobados en la salud pública, e informó que ese producto se usa en más de 160 naciones. No obstante, Greenpeace señaló que en 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó el glifosato como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”, basándose en una fuerte evidencia de que es cancerígeno para los animales. Y también se sospecha que actúa como un disruptor endócrino y que es tóxico para la reproducción.