MÉXICO, 2 de noviembre (apro).- La situación de los habitantes de los campos de desplazados en Haití es acuciante, al grado de que esa crisis será una de las herencias para el sucesor del presidente René Preval, que saldrá de las elecciones presidenciales del 28 de noviembre próximo.

Las condiciones en los refugios son tan agobiantes que han obligado a organizaciones de derechos humanos de Estados Unidos y la nación caribeña a elevarlas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington y adscrita a la Organización de Estados Americanos.

Durante su 140 periodo de sesiones, que principió el pasado miércoles 20 y concluirá el 5 de noviembre, la CIDH escuchó testimonios de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en tres audiencias sobre la situación de los derechos humanos en los campos de desplazados internos, durante la reconstrucción de Haití, y de los niños, niñas y mujeres en la zona de Ouanaminthe.

“El fracaso del gobierno en limpiar áreas de Puerto Príncipe ha obligado a las familias desplazadas a permanecer en los campamentos. Y para peor, agentes gubernamentales y supuestos dueños de tierras empezaron a expulsar a las familias de los campos de desplazados semanas después del terremoto. Las familias amenazadas con el desalojo no reciben propuestas de lugares alternativos a dónde ir, dejándolos sin casa y aún más vulnerables”, denunció a Apro, en entrevista electrónica, Nicole Phllips, abogada del estadounidense Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití (IJDH por sus siglas inglesas).

Phillips asistió a la audiencia ante la CIDH del día 26, acompañada por representantes de la Clínica Legal para los Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de la American University, y la haitiana Oficina de Abogados Internacionales (BAI por sus siglas en francés).

A causa del terremoto del 12 de enero de este año, que dejó unos 300 mil muertos, aproximadamente un millón 300 mil personas viven en 1 mil 354 campamentos para desplazados en el país caribeño.

El desastre arrasó con unas 115 mil casas en la capital, Puerto Príncipe, y sus proximidades, y dañó severamente otras 14 mil 500 viviendas y levemente otras 167 mil.

Si la respuesta de la llamada comunidad internacional a la tragedia ha sido rápida en anuncios de ayuda, pero lenta en su ejecución, la de la administración Preval ha sido pasmosa.

Una investigación del grupo Ayiti Kale Je/Haiti Grassroots Watch, cuya labor es vigilar las tareas de reconstrucción, descubrió que un plan gubernamental está mal coordinado y carece de supervisión.

Diseñado por agencias de la Organización de Naciones Unidas y agrupaciones no gubernamentales, el programa pretende reinstalar a una porción de los afectados a sus barrios de origen, pero en viviendas mejor construidas; convencer a otros a que se trasladen a zonas rurales, y reubicar al resto en nuevas casas.

Aunque hay cerca de 300 mil familias necesitadas de albergues temporales, el plan contiene la edificación de 135 mil.

A finales de marzo de 2010, gobiernos de 138 países se comprometieron a entregar 5 mil 300 millones de dólares para la reconstrucción de Haití en los próximos dos años, pero hasta ahora el flujo de donaciones ha sido apenas de 732 millones.

El Banco Mundial (BM) anunció el pasado martes 26 la aprobación de un préstamo por 30 millones de dólares para la reparación de viviendas en Puerto Príncipe, en beneficio de unos 140 mil residentes.

Infierno en tiendas de campaña

“Las condiciones de vida en los campamentos continúan violando la dignidad humana más básica. Nuestros datos muestran que la ayuda para los campos se ha desacelerado e incluso parado en algunos lugares, empeorando la vida de las familias desplazadas. Sus derechos humanos básicos están siendo violados sistemáticamente”, enfatizó Phillips.

El informe de julio de este año Hemos sido olvidados. Condiciones en los campos de desplazados de Haití ocho meses después del terremoto, derivado de una investigación de cinco meses entre 90 familias en seis campamentos, comprobó las duras condiciones de los desplazados.

Elaborado por la Fundación La Lámpara por Haití, IJDH, BAI, la Red de Abogados para la Respuesta al Terremoto y el Centro para el Derecho y la Justicia Globales de la Escuela de Derecho de la Universidad de San Francisco, el documento, de 48 páginas, señala que 75% de las familias tuvo a alguien sin comer durante un día y más de 50% indicó que sus hijos no comieron en un día.

Además, casi cuatro de cada 10 familias bebieron principalmente agua insalubre y se reportaron 245 problemas de salud entre 45 familias.

En cuestión de alojamiento, 78% respondió que vivió al aire libre y nueve de cada diez familias sintieron que no podrían regresar a su hogar, mientras 48% había sido amenazado con expulsión forzada desde el sismo.

Un primer reporte, Abandono en los campamentos: la segunda oleada del desastre humanitario en Haití, fue entregado el 23 de marzo a la CIDH.

Las ONG solicitaron a la Comisión una condena a los desalojos forzados, una investigación para medir las violaciones y una petición al Estado haitiano y a los donantes para proteger a los más vulnerables a las expulsiones, especialmente la instauración de una moratoria inmediata a esas prácticas.

Además, conminaron a la CIDH a llevar a cabo una visita a la isla para verificar los señalamientos.

Al respecto, la estadounidense Dinah Shelton, relatora para los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la Comisión y relatora para Haití, expresó su intención de visitar el país.

“Vemos una coordinación fragmentada, ayuda lenta y protección inadecuada de los haitianos desplazados. Sus tiendas de campaña son muy pequeñas para albergar a las familias, algunas de las cuales han sido forzadas a vivir separadas. La gente no es consultada sobre sus necesidades y la ayuda ha goteado hasta detenerse en la mayoría de los campos”, resaltó Phillips.

Solidaridad mexicana

Luego del terremoto, ONG mexicanas y haitianas constituyeron el Comité Mixto para explorar áreas de colaboración y cuya secretaría pro tempore ocupa el Centro de Investigación, Información y Apoyo a la Cultura, el Centro Lindavista.

Uno de los temas se relaciona con un diagnóstico sobre las necesidades habitacionales de los pobladores de tres comunidades del país caribeño, una iniciativa que podría iniciar “con talleres de autoconstrucción y uso de maquinaria, para que generen ellos mismos sus propias casas”, en palabras de David Trujillo, coordinador de Educación y Formación del Comité Mixto Haití-México para la reconstrucción.

En julio, una misión del Comité Mixto visitó cuatro comunidades para avanzar en asesoría a proyectos productivos y otras tres para la construcción de viviendas.

En el primer caso, se trata del proyecto De campesino a campesino y en el cual productores mexicanos capacitarán a sus pares haitianos.

“Buscamos comparar experiencias con una red de productores que tienen actividades en el centro de Haití”, indicó Trujillo a Apro.

El gobierno mexicano ha ofrecido al menos 8 millones de dólares de ayuda a la reconstrucción, aunque el Comité Mixto aún no ha calculado el presupuesto requerido para desarrollar los proyectos en la isla.

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