Calderón, casi un "héroe"... en España

lunes, 17 de mayo de 2010

En la Cumbre Unión Europea-México –que se celebró este domingo 16 en Comillas, España–, Felipe Calderón recibió el premio Nueva Economía Fórum, que patrocinan empresarios españoles. El hecho no es gratuito: su gobierno ofrece a compañías ibéricas facilidades de inversión en sectores estratégicos del país. Y mientras Calderón y el jefe del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero anuncian con estrépito el plan ejecutivo de la “asociación estratégica” entre la UE y México, el tema de las violaciones a los derechos humanos y de los abusos cometidos por militares mexicanos se dejó para un encuentro paralelo realizado lejos de los reflectores de la cumbre.

En un comunicado emitido el pasado 22 de abril, Nueva Economía Fórum –agrupación que promueve el debate y que es patrocinada principalmente por empresas españolas– expuso las razones por las que otorga ese reconocimiento a Calderón:

“Por su carisma de estadista; por sus esfuerzos en pro del bienestar económico y la cohesión de los ciudadanos mexicanos; por la aportación de México a la estabilidad y el progreso de América Latina”, por contribuir al “mayor protagonismo activo de México en el mundo y en el fortalecimiento de las relaciones con Europa”.

Y más: por el apoyo que, “bajo su autoridad y sin fisuras”, México proporciona a España en la lucha contra el terrorismo; y por “el decisivo impulso de las iniciativas de gran calado que en los ámbitos económico y social sirven para el reforzamiento de las históricas relaciones y los intereses comunes de ambos países”.

Sin embargo, el martes 11, la organización difundió una versión matizada del comunicado anterior, en la que se precisa que el premio, en su edición 2009, es “concedido a los Estados Unidos Mexicanos” en la persona de su presidente.

El galardón es entregado ahora por el jefe del gobierno español y actual presidente de la Unión Europea (UE), José Luis Rodríguez Zapatero, y por el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso.

Los elogios que los empresarios españoles prodigan a Calderón no son gratuitos. Son, por decir lo menos, un reconocimiento al presidente que les ha abierto las puertas para invertir. España es el principal inversionista europeo en México y el segundo después de Estados Unidos. El monto de la inversión peninsular es de 35 mil millones de dólares.

De hecho, la agenda de Calderón se ajustó para que –en el marco de la Cumbre UE-México– pudiera encabezar al menos dos encuentros privados en Madrid con ejecutivos de 35 multinacionales españolas, muchas con presencia en México.

De acuerdo con fuentes diplomáticas, en uno de esos encuentros Calderón podrá invitar a los empresarios a invertir en su plan de infraestructura 2007-2012. Según ese plan, el gobierno mexicano pretende licitar en 2010 alrededor de 100 obras en el esquema de asociación de capitales públicos y privados. El monto total de las licitaciones es de 56 mil millones de dólares.

El otro encuentro se efectuará sólo con representantes de empresas de energías renovables, donde se hablará de tres nuevos proyectos que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene en Oaxaca, como lo adelantó el titular de esta dependencia, Alfredo Elías Ayub, en una conferencia sobre el plan de infraestructura de México, celebrada en Madrid el pasado 1 de marzo. El proyecto de la CFE prevé impulsar las “energías limpias” para elevar su participación en la generación de electricidad de 3%  actual a 35% en 2024.

La presentación del 1 de marzo, organizada por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), permitió que 250 ejecutivos de multinacionales conocieran los pormenores técnicos y financieros de dichas licitaciones. Funcionarios mexicanos mantuvieron reuniones individuales con ejecutivos de 90 empresas, en las que se presentaron proyectos de los ramos carretero, petrolero, de generación eléctrica, agua y turismo.

Tras sus reuniones con ejecutivos de las multinacionales Abertis, Ferrovial, ACS, Isolux y Acciona, entre otras, el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Juan Molinar Horcasitas, consideró un éxito la reunión.

En el encuentro Carlos Murrieta Cummings, director corporativo de Operaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), puso a consideración cuatro proyectos que serán licitados este año con el nuevo esquema de “contratos incentivados” por un monto de 19 mil millones de dólares.

Se trata de la construcción de la nueva refinería en Tula, la reconfiguración de la refinería de Salamanca, un proyecto de transporte de gas de Tamazunchale a San Luis Potosí y el arrendamiento de plataformas marinas.

En las 16 reuniones privadas que Murrieta mantuvo con compañías petroleras, constructoras y firmas de ingeniería, los empresarios españoles se mostraron atraídos por los proyectos; pero “obviamente (ellos) quisieran más”, reconoció el propio Murrieta en conferencia de prensa al finalizar el acto.

No obstante, el directivo de una empresa participante en las sesiones privadas, que pidió mantener su identidad en reserva, asegura que fueron los funcionarios del gobierno calderonista quienes les anunciaron una segunda fase de reformas en materia petrolera, cuyo objetivo es permitir la participación de las multinacionales del ramo en actividades aún reservadas constitucionalmente.

 

Asignatura pendiente

 

Al margen del entusiasmo del sector empresarial español por la presencia de Calderón, en la cumbre se dará a conocer el plan ejecutivo que aterrizará los temas de la “asociación estratégica” entre México y la UE.

Luego de dos años de negociaciones en reuniones periódicas en Bruselas, Luxemburgo y México, esta asociación convertirá a este país en el noveno con el que la UE signa un acuerdo de esta naturaleza, después de los suscritos con Estados Unidos, Rusia, China, India, Japón, Canadá, Sudáfrica y Brasil.

De acuerdo con un documento de trabajo elaborado por el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de la UE, fechado el 13 de octubre de 2009, México es un país “relevante en el marco de las relaciones exteriores de la Unión Europea”. Y subraya la “existencia de valores o intereses compartidos, que derivan en posibilidades concretas de acción concertada sobre temas específicos”.

La Comisión Europea envió un documento al Parlamento Europeo el 15 de julio de 2008, en el que detalla los cuatro capítulos de la “asociación estratégica” con México: diálogo político, seguridad, medio ambiente y aspectos socioeconómicos. Cada uno contiene diversos temas, de los cuales destacan los relativos a los derechos humanos y a la cooperación en el combate al narcotráfico.

La jefa de la delegación de la UE en México, Marie Anne Coninsx, señaló, el día 11, en conferencia de prensa en el Distrito Federal que un tema de cooperación en materia de seguridad y combate al crimen organizado derivaría en que los socios europeos envíen a México un equipo de expertos para apoyar la lucha contra las organizaciones del tráfico de drogas.

“El crimen organizado es un problema internacional que ningún país puede combatir solo, de ahí la importancia de la cooperación en la materia”, dijo Coninsx, y explicó que “Ciudad Juárez, por ejemplo, es uno de los sitios donde pueden invertirse esfuerzos conjuntos”.

La Cumbre UE-México se celebra este domingo 16 en Comillas, España. La declaración conjunta –que signarán Calderón, Rodríguez Zapatero y el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy– prevé un pronunciamiento en materia de derechos humanos.

Sin embargo, Ángela Iranzo, vocera del capítulo español de Amnistía Internacional (AI) y responsable de esta organización para la campaña de la presidencia española de la UE, y José Miguel Vivanco, director ejecutivo de  Human Rights Watch (HRW) para América, expresaron su preocupación ante el riesgo de que el tema de los derechos humanos sólo quede a nivel de “pronunciamientos retóricos” o “muy genéricos”.

En entrevistas por separado, Iranzo y Vivanco señalan que el tema de los derechos humanos no será abordado durante la cumbre, sino en reuniones paralelas, como la celebrada el miércoles 12 en la ciudad de México. Ello, a pesar de las graves violaciones a los derechos que se cometen en México y del énfasis que España puso en este tema en su Declaración de Intenciones para la presidencia de la UE.

Iranzo advierte que AI ve “positiva” la cumbre de la UE con México, pero le “preocupa” que los derechos humanos “sean abordados fuera de este espacio político del más alto nivel y de gran atención mediática, y del cual habitualmente no son excluidos la cooperación en seguridad, temas económicos y tratados comerciales”.

Vivanco considera que la situación “es de la mayor gravedad”. Estima que el acuerdo “amplio y detallado” que firmarán la UE y México se debe traducir en “compromisos y programas completos para mejorar el rendimiento de la fuerza pública y el Ejército en materia de derechos humanos”.

Explica: “Lo peor que podría hacer la UE es construir una relación con México en la que temas difíciles y odiosos como el de los derechos humanos se eludan de la discusión de la cumbre para no colocar al presidente Calderón en una situación incómoda; porque de la seriedad con que se aborden estos temas depende la buena calidad de la relación con México”.

Y añade: “El mejor apoyo que la UE puede dar a México es ayudarlo a mejorar sus prácticas y ajustar sus políticas en materia de seguridad pública, de modo tal que el tema de los derechos humanos esté en el centro de estas políticas y que nos sirva para medir progresos o retrocesos (…) porque los derechos humanos no pueden ser vistos como una cuestión retórica”.

 

Peticiones

 

A principios de mayo, AI envió un documento a Katherine Ashton, alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y a Miguel Ángel Moratinos, ministro de Exteriores de España. Ese documento contiene los temas que más preocupan a AI en esta materia, los cuales –dice Iranzo– debieran ser parte de la agenda de la cumbre.

El documento aborda el incremento de las agresiones contra las mujeres inmigrantes irregulares que sufren violencia sexual de traficantes y de agentes del Estado, como documentó AI en su informe del 28 de abril pasado.

“Nos preocupa que agentes del Estado utilicen ataques sexuales como moneda de pago para no deportar a mujeres inmigrantes y que no existan procedimientos para garantizar que los responsables de esos ataques sean llevados ante la justicia”, señala Iranzo.

El documento solicita a Ashton y a Moratinos que la declaratoria conjunta de la Cumbre UE-México consigne la situación de hostigamiento que sufren los defensores de los derechos humanos.

Recuerda, entre otros casos, el ataque que sufrió la caravana de una misión humanitaria en el municipio de San Juan Copala, Oaxaca, el pasado 27 de abril, donde fueron asesinados los activistas Beatriz Cariño Trujillo y Jyri Antero Jaakkola (Proceso 1748 y 1749).

También pide a la UE que demande a México agilizar reformas legislativas para que los militares rindan cuentas por las violaciones de derechos humanos que cometan, pues “no existe un procedimiento independiente e imparcial cuando los soldados son juzgados por la justicia militar”, tal como documentó AI en su informe de diciembre de 2009. Según Iranzo, éste resalta “la repetición de patrones” respecto a  “detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos y torturas”.

Iranzo señala que representantes de AI han tenido oportunidad de discutir su petición con el gobierno español, pero éste responde que “en la UE ya existen los mecanismos de diálogo en materia de derechos humanos y que la cumbre no es el espacio político para su negociación”.

“En Amnistía no aceptamos tal argumento”, sostiene Iranzo, pues “la UE hace gala de que la defensa de los derechos humanos es una de sus señas de identidad y uno de sus valores. Por tanto, esos derechos deben tener mayor peso en la agenda política con México”.

Vivanco, por su parte, conminó a la UE a observar que en el Ejército Mexicano se “actúa con la presunción de que los soldados tienen carta blanca para hacer y deshacer, bajo la premisa de que siempre contarán con la protección de la institución”.

 

Vivanco encabezó el equipo de HRW que elaboró el informe Impunidad uniformada. Uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad, presentado en abril de 2009, el cual detalla 17 crímenes cometidos por militares entre 2007 y 2008 contra más de 70 personas (Proceso 1706 y 1712).

Durante la entrevista con este semanario, Vivanco recuerda que la reacción defensiva mostrada por el gobierno de Calderón ante el informe de HRW “es el reflejo de una gran desinformación” sobre la “naturaleza y la gravedad de la impunidad con la que actúan los militares en México”. Comenta que a raíz del informe, HRW ha intercambiado información con Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación. Con base en ese intercambio, sostiene que “durante el gobierno de Calderón sólo un soldado ha sido condenado a una pena de 9 meses por matar a un civil en un puesto de control militar”.

“Ello demuestra que es un sistema que ha sido perfeccionado para asegurar que no haya justicia”, subraya.

Hace notar que ante una situación como ésta, “cualquier país de la UE condicionaría su participación en proyectos de asociación estratégica hasta que exista una aclaración mínima acorde con los estándares que la UE promueve en materia de derechos humanos”.

El miércoles 12 se celebró en México la primera reunión de fortalecimiento del diálogo y cooperación entre ambas partes en materia de derechos humanos; es decir, un foro paralelo a la cumbre.

En la conferencia de prensa de dicho evento, celebrado en la cancillería mexicana, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, explicó que, además de revisar las posiciones comunes en foros internacionales, se abordaron los temas nacionales “que la parte europea había querido incluir en la agenda”, como la libertad de expresión, la protección a defensores de derechos humanos, los esfuerzos para atacar la violencia de género, la participación de los militares en temas de seguridad y el “trabajo institucional” que las Fuerzas Armadas realizan para proteger los derechos humanos.

Silvia Escobar, embajadora en misión especial en materia de derechos humanos de España y representante de la comisionada Katherine Ashton, asegura que tanto ella como la embajadora Marie Anne Coninsx presentaron la preocupación europea por las fallas en la justicia militar, cuya legislación el gobierno de México se comprometió a reformar. Comenta que también abordaron con los funcionarios mexicanos los alegatos de tortura, malos tratos y desapariciones forzadas, así como la muerte, a manos del Ejército, de dos menores en Tamaulipas.

En esa conferencia de prensa, Gómez Robledo rechazó las críticas vertidas ese mismo miércoles 12 en Ginebra por cuatro relatores especiales de la ONU en relación con el caso de San Juan Copala. Los relatores dijeron que el ataque a la caravana humanitaria fue realizado por “grupos paramilitares”.

“No es necesariamente la forma más apropiada de abordar el tema”, dijo el funcionario mexicano al explicar que no se puede prejuzgar sobre un hecho que la  Procuraduría General de la República aún investiga.

 

 

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