MEXICO, DF, 1 de junio (apro).- Eric Holder, procurador general de Justicia de Estados Unidos, anunció hoy el inicio de una investigación contra la British Petroleum (BP) para determinar su responsabilidad en el mayor derrame petrolero en ese país.

Dijo que el departamento de Justicia examinará violaciones a la Ley de Agua Limpia, la Ley de Polución Petrolera de 1990, el Tratado de Aves Migratorias y la Ley de Especies en Peligro de Extinción, así como otros estatutos civiles y criminales.

Señaló: “Hay una amplia variedad de posibles violaciones bajo estos estatutos. Vamos a examinar de cerca las acciones de los involucrados en el derrame. Si encontramos evidencia de una conducta ilegal, seremos firmes en nuestra respuesta”.

Como parte de la investigación, el Departamento de Justicia instruyó a todas las partes interesadas, incluida la BP, a evitar la destrucción de cualquier documento que arroje luz sobre los hechos alrededor de la tragedia.

Ignacia Moreno, jefa de la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Tony West, jefe de la División Civil del Departamento de Justicia, viajaron a Nueva Orleans para encabezar la investigación”.

“No descansaremos hasta que se haya hecho justicia. Vamos a realizar persecuciones judiciales de violaciones legales con todo el peso de la ley”, insistió Holder.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama ha prometido que si el derrame de petróleo en el Golfo de México fue consecuencia de violaciones a la ley, habrá acciones criminales contra los responsables.

Obama dijo que si las leyes actuales son insuficientes para prevenir este tipo de accidentes, será necesario que el Congreso las modifique para adecuarlas a los nuevos tiempos.

En una visita a Lousiana, Holder señaló que la meta de la investigación será proteger a las personas que trabajan en el Golfo de México, así como el medio ambiente y los recursos naturales, además de hacer que los responsables del derrame paguen los fondos erogados por los contribuyentes.

Además de la investigación federal, la BP enfrenta decenas de demandas de particulares por negligencia en el manejo de la plataforma Deepwater Horizon, incluida una querella colectiva de compañías pesqueras de Florida.