WASHINGTON, 6 de julio (apro).– El gobierno del presidente Barack Obama impugnó hoy ante la Corte Federal de Distrito en Arizona una demanda para declarar inconstitucional la Ley SB 1070, que criminaliza a los inmigrantes indocumentados. 
A través del Departamento de Justicia, la presidencia de Obama presentó los documentos que avalan la denuncia de inconstitucionalidad de la ley antiinmigrante que, entre otras cosas, autoriza a los policías del estado de Arizona a detener, interrogar y arrestar a su discreción a cualquier persona que por sus rasgos físicos pueda ser considerada como “sospechosa” de ser indocumentada en Estados Unidos.
La demanda, que está respaldada con los documentos de nueve casos específicos de inconstitucionalidad, establece que la SB 1070 “interfiere de manera inconstitucional con la autoridad del gobierno federal de velar por el cumplimiento de la política de inmigración”, por lo que el Departamento de Justicia anota que es únicamente de incumbencia federal la formulación de acciones, leyes o programas respecto del tema migratorio.
La impugnación del gobierno de Obama a la ley SB 1070, aclara que con la aprobación de la medida, en abril pasado, el Congreso del estado de Arizona “cruza un lindero” constitucional que además implica la abolición de acciones del gobierno federal.
“Los residentes de Arizona están comprensiblemente frustrados con la inmigración indocumentada, y el gobierno federal tiene la responsabilidad de tratar dichas inquietudes de manera integral”, indicó, a través de una declaración por escrito de Eric Holder, procurador general de Justicia de Estados Unidos.
Desde el pasado mes abril, cuando se aprobó en Arizona la SB 1070, el presidente Obama adelantó que el Departamento de Justicia estaba analizando y estudiando las implicaciones constitucionales de la medida, que de acuerdo con la gobernadora de la entidad, la republicana Jan Brewer, surgió para dar una respuesta directa a la amenaza de seguridad que representa la inmigración indocumentada, procedente principalmente de México y los países centroamericanos.
Con la demanda federal a la SB 1070 se evita que esta ley discriminatoria entre en vigor el próximo jueves 29, aunque se espera que el gobierno del estado de Arizona presente una apelación, también ante una corte federal.
La impugnación a la ley antiinmigrante provocó de inmediato que Brewer y el senador federal republicano de Arizona, John McCain, acusaran al gobierno de Obama de intervenir en las decisiones soberanas que toman los ciudadanos de uno de los 50 estados de la Unión Americana.
En su explicación, Holder anotó el por qué de la demanda y explicó que la puesta en vigor de la SB 1070 implicaría la reasignación de recursos federales para responder a las demandas que hace el estado de Arizona, cuando el país debe invertir más dinero en problemas latentes y más peligrosos para la seguridad nacional de toda la nación, como la lucha contra el terrorismo internacional.
“Formular la política de inmigración y velar por el cumplimiento de las leyes de inmigración es una responsabilidad nacional. Tratar de abordar el asunto con una variedad incongruente de leyes estatales sólo creará más problemas de los que puede solucionar”, acotó el procurador general de Justicia.
Otro de los argumentos que sostienen la inconstitucionalidad de la Ley SB 1070 destaca que, con su puesta en vigor, las agencias policiales de Arizona podrían cometer actos de acoso y detención de visitantes extranjeros o inmigrantes que son residentes legales, así como de ciudadanos estadounidenses, lo que de entrada es una violación a las garantías individuales de las personas.
Para fortalecer su demanda, el gobierno de Obama recogió las quejas de jefes policiales de Arizona contra la SB 1070, entre ellos de las ciudades de Tucson y Phoenix, quienes sostienen que esta medida perjudicaría su capacidad de mantener el orden de manera eficaz en las comunidades a su cargo.
Los policías quejosos consideran que incluso se corre el riesgo de que víctimas o testigos de crímenes sean menos propensos a ponerse en contacto o cooperar con las autoridades, al tiempo que se requeriría la reasignación de policías para que se dediquen exclusivamente a perseguir a los indocumentados.
El Departamento de Justicia explicó que la impugnación contra la ley discriminatoria de Arizona se logró como resultado de extensas consultas con funcionarios del mismo estado, así como con agrupaciones policiales de todo el país y grupos defensores de los derechos civiles.
La demanda se interpuso a nombre de los departamentos de Justicia, de Seguridad Interior y de Estado, entidades que comparten la obligación de cumplir con la puesta en vigor de las leyes federales de inmigración.

México ratifica su compromiso para proteger a mexicanos

Tras conocer la decisión del presidente Obama, el gobierno de Felipe Calderón expresó su beneplácito y ratificó “su firme compromiso con la protección y los derechos de los mexicanos en el extranjero”.
En un comunicado difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno federal señaló que la decisión del Ejecutivo estadounidense “se suma a las acciones ya presentadas en contra de la Ley SB1070”, incluida la demanda presentada por un grupo de organizaciones civiles y a la que el gobierno de México apoyó bajo la figura de “Amigo de la Corte” o Amicus Curiae, el pasado 22 de junio.
Después de que la gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer, y el Senado de esa localidad aprobaron, en abril pasado, una de las más estrictas leyes en Estados Unidos contra la inmigración indocumentada, el gobierno de México solicitó a una Corte Federal de ese país que se declarara su inconstitucionalidad y se impidiera su entrada en vigor.
En un escrito enviado como “Amigo de la Corte” (Amicus Curiae), México resaltó que era fundamental e imperativo que los derechos humanos y civiles de sus ciudadanos fueran garantizados cuando se encontraran presentes en Arizona o en cualquier otra entidad.
“México tiene el deber de proteger a sus nacionales y asegurar que el origen étnico no sea utilizado como criterio para cometer actos discriminatorios”, decía el texto.
Y es que la controvertida Ley SB1070 permite a la policía averiguar la situación migratoria de los sospechosos de estar en el país sin papeles, algo reservado antes a los agentes de inmigración.
“México está profundamente preocupado de que (la ley) conduzca a un tratamiento dispar entre los mexicanos en Estados Unidos, así como a un tratamiento dispar en relación con los ciudadanos estadounidenses”, señalaba el documento presentado.
Y añadía: “Este tratamiento dispar podrá ser en la forma de perfil racial o detenciones de ciudadanos mexicanos sin tener en cuenta si ellos han tomado algunas acciones o exhibieron una conducta indicando que son culpables de un crimen o que están ilegalmente presentes en Estados Unidos”.