LA PAZ (apro).- El presidente de Bolivia y líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, se planteó a sí mismo, el pasado 15 de septiembre, el reto de ganar las elecciones judiciales del domingo 16 de octubre, con al menos 70% de los votos. Su expectativa fue demasiado optimista. De acuerdo con los resultados no oficiales en boca de urna, 60% de los electores votó en blanco o nulo, mientras el restante 40% respaldó a algún candidato. Los resultados finales oficiales se conocerán hasta finales de octubre. Por primera vez desde 2005, año de su llegada al gobierno, Morales sufrió un revés electoral con un insólito porcentaje de votos nulos y blancos, jamás registrado desde la reapertura del sistema democrático en Bolivia, en 1985. “(El MAS) es el único partido político que ganó seis elecciones consecutivas, tres con más de 50% y tres con más de 60%. Ahora tenemos que llegar a 70% con el sí. De frente hago campaña”, había dicho Morales. Las elecciones tenían un carácter único en el mundo, ya que 5 millones 234 mil 375 electores habilitados debían elegir por voto directo, entre 115 candidatos, a 56 magistrados de los cuatro principales tribunales del país: el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental. La papeleta electoral era igual de singular y fue denominada por los medios de información como “megapapeleta”, ya que tenía un gran tamaño, 90 centímetros de alto por 45 centímetros de ancho, y tenía cuatro columnas, cada una para un tribunal, con los respectivos candidatos. ¿Qué pasó? Los 115 candidatos habían sido seleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional (Congreso), donde se presentaron decenas de postulaciones. El MAS, usando los más de dos tercios de votos con los que cuenta en el órgano legislativo, designó fácilmente a los candidatos. De acuerdo con la oposición, que no votó en la Asamblea Legislativa por algún candidato, ese fue el punto de partida que marcó el fracaso del proceso. Argumentó que el MAS eligió a candidatos afines a su línea política, sin valorar objetivamente los méritos, experiencia y formación de los postulantes, con el propósito de controlar la administración de justicia, completando el dominio con el que ya cuenta en los otros tres poderes del Estado, es decir el Ejecutivo, el Legislativo y el Electoral. Con este antecedente, aunque los candidatos no pertenecían formalmente a ningún partido político, las elecciones judiciales se convirtieron en un plebiscito, con dos posiciones claramente identificadas: una, la del gobierno, que promovió el voto a favor de cualquiera de los candidatos, y otra, la de la oposición, que pidió al electorado el voto nulo como una muestra de rechazo a la que considera una actitud autoritaria de Evo Morales para controlar todas las áreas del Estado. De acuerdo con la Constitución Política del Estado y el Reglamento Electoral, los candidatos judiciales no podían hacer campaña electoral, mientras los medios de comunicación estaban prohibidos de generar un debate entre dos o más postulantes, hecho que fue considerado por las principales organizaciones periodísticas como una violación a las libertades de prensa y de expresión. El Tribunal Supremo Electoral, por las normas citadas, era el único autorizado a difundir los méritos de los candidatos, mediante una campaña informativa. Sin embargo, esta campaña fue claramente insuficiente, ya que de acuerdo con una encuesta elaborada por la empresa Ipsos Apoyo y difundida el 30 de septiembre, 92% de los consultados en las cuatro principales ciudades de Bolivia contestaron que no conocían a ninguno o sólo a algunos de los 115 candidatos. Además, otro factor intervino decisivamente en la adversa votación al gobierno: el 25 de septiembre el gobierno ordenó a la policía intervenir una marcha indígena que se oponía a la construcción de una carretera por medio del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), considerado la reserva ecológica y ambiental más importante del país. Las imágenes televisivas y fotográficas de hombres y ancianos golpeados y atados hasta sangrar, los relatos conmovedores de mujeres que fueron obligadas a separarse de sus hijos, llorosos y aterrorizados, y los de organismos de derechos humanos sobre niños perdidos en el operativo, además de dramas conmovedores, tuvieron un efecto adverso en la imagen del gobierno. Innumerables sectores sociales y políticos se pronunciaron contra la represión policial a los indígenas, dispuesta por un gobierno que se define como representante y defensor de los “pueblos indígenas originarios”, a los que la Constitución Política del Estado reformada por el MAS les otorga privilegios de representación política y derechos individuales por encima del resto de ciudadanos. Según la más reciente encuesta de la empresa Ipsos Apoyo, difundida el pasado sábado 15, un día antes de las elecciones, la aprobación del presidente Morales en las cuatro ciudades más importantes de Bolivia llegaba a 35%. El índice de desaprobación de Morales, en tanto, alcanzaba 55%. Reacciones El mismo día de las elecciones, tras conocerse los resultados en boca de urna, Evo Morales no reconoció su derrota política y se limitó a decir que “lamentablemente faltó mayor información, mayor socialización”. Y añadió: “Pese a la falta de información, se eligió a las autoridades del Órgano Judicial”. Más temprano, al iniciarse la jornada electoral, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, en una entrevista con la cadena de televisión Telesur, tachó de “resentidos de alma innoble y podrida” a las organizaciones sociales y opositoras que promovieron el voto nulo en las elecciones judiciales. De acuerdo con información oficial del Tribunal Supremo Electoral, en las elecciones de 1989 se registró en Bolivia el mayor porcentaje de votos nulos, con 6% del total. En otros comicios la votación nula fue baja: 2.6% (1993), 2.8% (1997 y 2002), 2.9% (2005) y 2.4% (2009). Evo Morales fue electo como presidente en diciembre de 2005 con 53.7% de votos. Tres años después volvió a vencer en un referéndum revocatorio, en el que alcanzó 67.4% de la votación. En 2009 logró validar con 61.4% de apoyo la Constitución Política del Estado, aprobada por su partido en la Asamblea Constituyente. Ese mismo año venció con 63% en las elecciones generales. El 60% de votos nulos y blancos (46% nulos, 14% blancos), frente a 40% de votos válidos fue interpretado por el principal líder de la oposición en Bolivia, Juan del Granado, del Movimiento Sin Miedo (MSM), como “el rechazo a una gestión de gobierno caracterizada por la soberbia y el autoritarismo, pero también por la ineficiencia y la improvisación”. El segundo opositor más representativo, Samuel Doria Medina, del partido Unidad Nacional (UN), dijo que “el presidente tiene que escuchar lo que le ha dicho el pueblo y recapacitar sobre cómo está conduciendo al país, para no meterse en más problemas”. Tanto Del Granado como Doria Medina afirman que los 56 magistrados electos “carecen de legitimidad” por la baja votación obtenida. Plantearon que no se les dé posesión de sus cargos, aunque el gobierno respondió inmediatamente que de acuerdo con las normas, los jueces son electos por “simple mayoría” y, por lo tanto, tomarán posesión, como estaba previsto, a principios de 2012. Desde el punto de vista jurídico, la presidenta del Colegio Nacional de Abogados, Silvia Salame, consideró que “los postulantes que han salido electos, como un acto de patriotismo y de amor a la justicia, deberían desestimar está elección; es decir, deberían renunciar en razón de que es un proceso muy cuestionado y por tener una baja aprobación de la ciudadanía”. A la fecha, ningún candidato electo comunicó su intención de no jurar al cargo. Perspectivas Para el analista Jorge Lazarte, los resultados de las elecciones judiciales tendrán dos efectos, uno jurídico y otro político. Por una parte, la administración de justicia será debilitada aún más con jueces “ilegítimos”. Por otra, en el área política, el gobierno tendrá que asimilar la clara señal de desaprobación que ha emitido el electorado. “En las elecciones judiciales, la mayor parte de la gente no conocía a los candidatos y sabía que fueron electos en la Asamblea Legislativa por el MAS. La población que votó a favor de algún candidato no lo hizo porque conociera su experiencia o capacidades. Lo hizo porque con su voto respaldaba al MAS y al presidente. Los electores que votaron nulo o blanco, por su parte, rechazaron el sistema de administración de justicia propuesto por el gobierno y también le dijeron no a Evo Morales”, dijo. De acuerdo con una encuesta difundida por la empresa Isos Apoyo, un día antes de las elecciones judiciales, 64% de los consultados en las cuatro ciudades más importantes del país afirmaron creer que “las cosas seguirán igual” en la justicia después del proceso electoral. “Está claro, entonces, que la elección de jueces es un proceso fallido, aunque de todas maneras los cuatro tribunales se conformarán con los jueces electos, completando el poder del MAS en todos los órganos del Estado. Sin embargo, la justicia quedará más debilitada, mientras el gobierno de Evo Morales debe pensar que ya no tiene la fuerza ni el respaldo incondicional de antes”, comentó por su parte el analista Carlos Cordero. “Si podemos especular lo que sienten en este momento las cúpulas oficialistas, podríamos apostar a que se arrepienten del arrebato populista que los llevó a incluir la elección directa de los principales jueces del país en la Constitución que aprobaron”, sostuvo otro analista, Fernando Molina. Una justicia aún más debilitad y un poder político cuestionado: dos problemas, hoy, para el “Estado Plurinacional de Bolivia”, concebido por Evo Morales.