WASHINGTON (apro) .– Eric Holder, el Procurador General de Justicia de Estados Unidos, fue acusado de “desacato” por parte del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes del Congreso federal. La acusación patrocinada y formulada por Darrel Issa, representante Federal por estado de California y presidente del Comité legislativo, sostiene que el cargo se le imputa al Procurador por “ocultar y retener” información solicitada por el Capitolio sobre la Operación “Rápido y Furioso” que permitió que se realizaran tráfico ilegal supervisado por agentes federales estadunidenses de armas de fuego a México. “Este documento que contiene un resumen del borrador del cargo de desacato, explica tanto a los miembros del Comité como a la sociedad estadunidense, la situación por la cual el Congreso acusa al Procurador Holder”, anotó Issa por medio de un comunicado. El borrador que ya fue entregado a los integrantes del Comité de Reforma Gubernamental, así como al resto de los integrantes de la Cámara de Representantes del Congreso federal, destaca “el rechazo” del Departamento de Justicia a cooperar con las investigaciones del Poder Legislativo. El documento define algunos hechos ocurridos respecto a “Rápido y Furioso” bajo las cuales se tomó la decisión de permitir el tráfico ilegal de armas a México, que terminaron en manos de narcotraficantes. La Operación Rápido y Furioso fue orquestada por agentes de la oficina en Phoenix, Arizona, del Buró de Alcohol, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), perteneciente al Departamento de Justicia. Los agentes federales en Phoenix contrataron a conocido traficantes de armas para que realizaran “compras múltiples” de todo tipo de armamento, con el objeto de que estos las vendieran a otros traficantes que las meten a México. La intención de ATF en Phoenix era rastrear el movimiento de las armas para acabar con la red de tráfico y compra de las mismas, pero el operativo fue un fiasco. ATF no sólo perdió el rastro de las mas de mil 500 armas adquiridas por medio de “Rápido y Furioso” que, en su mayoría, terminaron en manos del Cártel de Sinaloa; además, un par de rifles semiautomáticos adquiridos con la supervisión de los agentes federales aparecieron en la escena del crimen del agente de la Patrulla Fronteriza, Brian Terry, ocurrido el año pasado. Desde que se dio a conocer el escándalo de “Rápido y Furioso”, Issa acusó a Holder de obstaculizar la investigación y de esconder información solicitada por el Congreso sobre el caso. Aun cuando Holder ha negado en varias ocasiones haber conocido sobre el operativo, antes de que éste saliera en los medios de comunicación, Issa lo acusa ahora formalmente de desacato, y de armas orquestas desde el Departamento de Justicia, actos en represalia contra los agentes de ATF que filtraron a la prensa el caso de la Operación “Rápido y Furioso”. Actualmente el Inspector General del Departamento de Justicia lleva a cabo una investigación sobre “Rápido y Furioso”, motivo por el cual Holder asegura que no puede adelantar ningún dato, por lo menos hasta que concluya la indagatoria. Holder aseguró hace un par de meses ante el Comité presidido por Issa que la investigación interna concluirá antes de que termine este año, y que se imputarán incluso delitos federales contra los funcionarios que resulten culpables. El documento que entregó a sus colegas el congresista Issa, destaca por ejemplo que el conocido traficante de armas, Celis Acosta, proporciono a ATF el nombre de dos contactos de una célula en Estados Unidos de un Cartel de Narcotráfico, y que los dos individuos ya eran conocidos por el Departamento de Justicia. El documento con la acusación de desacato, anota que el Departamento de Justicia en lugar de proceder legalmente contra los dos individuos, los obligo a declararse culpables de dos delitos menores para convertirlos en informantes del Buró Federal de Investigaciones (FBI), antes de que concluyera la Operación “Rápido y Furioso”. El Comité de supervisión y Reforma Gubernamental, añade que el cargo de desacato contra Holder, se sustenta también en el hecho de que el Procurador ha incumplido, e incluso entregado información falsa, a la solicitud del Congreso federal de entregar documentos con 22 aspectos específicos solicitados sobre “Rápido y Furioso”. “El pedido se hizo el 12 de octubre de 2012… a la fecha el Departamento de Justicia no ha respondido a 12 de las 22 solicitudes específicas… también ha realizado negativas falsas, dado respuestas malintencionadas, intentando intimidar a los testigos y de manera ilegal retenido información”, destaca el documento elaborado por el congresista Issa. Para que el Congreso federal proceda con un juicio político contra el Procurador Holder, se requiere primero que el Comité apruebe en una votación la acusación de los cargos que le imputa el Comité que preside Issa.