BUENOS AIRES (apro).- Durante la Cumbre del G-20 en San Petersburgo, Rusia, el 5 y 6 de agosto, la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner buscó sumar apoyos para el pulso que el país mantiene con los “fondos buitres”. Abogó por una nueva arquitectura financiera internacional, que remedie el vacío legal transnacional en el que se mueven estos fondos de inversión  altamente especulativos, con sede en guaridas fiscales. Distanciada de Barack Obama en torno al conflicto en Siria, la presidenta no pudo conseguir el respaldo del presidente estadunidense en favor de la posición argentina. Fernández reveló, por el contrario, que “hubo una negativa de Estados Unidos a que el tema se mencionara específicamente en el documento final” de la cumbre. Los fondos buitres compran deuda en cesación de pagos (bonos basura) a precio de saldo.  Luego reclaman el cobro de su valor nominal y de los intereses acumulados en tribunales permeables a sus demandas. El 23 de agosto pasado, la Cámara de Apelaciones de Nueva York dio razón a los hedge funds NML Capital Ltd. y EM Ltd., que poseen bonos de deuda soberana de Argentina. Tanto en el caso de pagar, como en el de desoír un eventual fallo en firme en contra, el camino de Argentina se presenta incierto. La posibilidad de una cesación de pagos de la deuda externa ha vuelto a presentarse en el horizonte. En una reacción apresurada, promovida por la propia Fernández, el Senado argentino dio media sanción el 4 de septiembre al proyecto de ley que habilita un tercer canje de la deuda. El voto positivo de la Cámara de Diputados se da por descontado. En los dos canjes de deuda anteriores, en 2005 y 2010, el gobierno consiguió la aceptación de 93% de los acreedores. Este grupo se avino a percibir el cobro con una quita estimada de 46%. Los fondos buitres poseen el 7% restante de los bonos. Es improbable que ahora acepten cobrar con quita. El nuevo canje parece estar dirigido a mostrar voluntad de pago frente a la justicia estadunidense. Argentina declaró la cesación de pagos de la deuda externa —el default— durante la crisis terminal de 2001. La operatoria de pago a los bonistas que ingresaron a la reestructuración se hace efectiva a través del Banco de Nueva York y está sujeta a sus tribunales. Si Argentina reconociera el 100% de las acreencias en manos de los fondos buitres, habilitaría a 93% de los tenedores de bonos de deuda reestructurada con quita a exigir el mismo trato. Naufragaría así el plan de desendeudamiento pergeñado por Néstor Kirchner al llegar en 2003 a la presidencia. La vía judicial en Estados Unidos aún no está agotada. Pero la posibilidad de que la Corte Suprema acepte tomar en otoño el caso y luego falle a favor de Argentina puede considerarse baja. De quedar en firme el fallo de primera instancia, ratificado ahora por la Cámara de Apelaciones  neoyorquina, se abre un panorama de resolución compleja. Argentina no podrá girar a Nueva York los pagos a los tenedores de deuda reestructurada tal como lo viene haciendo. Se descuenta que en tal caso los fondos buitres intentarían trabar un embargo sobre las transferencias. Argentina podría entrar así en lo que se denomina “default técnico”. El país tiene fondos y voluntad de pago, pero no lo hace efectivo en tiempo y forma por las razones expuestas. La nueva apertura del canje de deuda no promete ser muy atractiva para los fondos buitres. El gobierno ofrecerá a los tenedores de estos bonos en default que deseen ingresar al canje Bonos Par en pesos con vencimiento en el año 2038. La quita propuesta es la misma que aceptaron los acreedores que ingresaron en los dos canjes anteriores. La opción permanecerá abierta de forma indefinida, a diferencia de los canjes anteriores, que tuvieron un plazo acotado para la adhesión. “Con el fallo a favor de la Justicia en Estados Unidos, no queda clara la razón por la cual los acreedores aceptarán ingresar a un sistema de quita como el ofrecido”, opina Julio Gambina, director de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISYP), con sede en Buenos Aires. “La corte de apelaciones de Nueva York avaló el fallo de primera instancia para abonar 100% del valor sindicado en los títulos”, sotiene. Al grupo mayoritario de bonistas, que cobra sus acreencias puntualmente, la presidenta Fernández ofreció, el pasado 26 de agosto, cobrar sus bonos en Buenos Aires, manteniendo la moneda de pago (el dólar), los plazos, rendimientos y condiciones. El gobierno parecía prepararse así para seguir dando batalla en un escenario adverso. Desoír una eventual sentencia firme de los tribunales neoyorquinos en favor de los fondos buitres y pagar al 93% restante de los acreedores para evitar el “default técnico”. Una semana más tarde, sin embargo, el gobierno pareció haber retirado su pretensión inicial de cambiar el lugar de pago de los títulos. La Cámara de Apelaciones neoyorquina llamó a ambas partes en disputa a una audiencia que tendrá lugar el 27 de febrero de 2014. Para Julio Gambina, quien además es catedrático de Economía Política de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, la oferta de cobrar en Argentina no presenta grandes incentivos para los acreedores: “Quienes opten por la variante deben analizar primero que harán con el cobro de los cupones o los títulos al vencimiento ante la imposibilidad de remitir esas divisas al exterior y ante la obligación de liquidarlos al cambio oficial”, dice a Apro. “Quizá prefieran el riesgo externo, mucho menor en volumen que el monto total de lo renegociado hasta ahora”, sentencia.   Cuerda floja La disputa de Argentina contra los fondos buitres es seguida con suma atención desde los grandes centros financieros. La administración Obama y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han tenido una actitud oscilante. A favor de la posición argentina se han pronunciado el gobierno de Francia, la directora del FMI, Anne Krueger, y el grupo mayoritario de acreedores que ahora ve tambalear sus cobros futuros. Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, cree que el reciente fallo de un Tribunal de Apelaciones neoyorquino es “tendencioso”, y que “amenaza con provocar un vuelco total en los mercados globales de deuda soberana.” Así lo escribe en una columna publicada el 4 de septiembre en www.project-syndicate.org. “Como mínimo, vuelve inviables todas las reestructuraciones de deuda según los contratos de deuda estándar”, prosigue Stiglitz. “En el proceso, se anuló un principio básico del capitalismo moderno: que cuando los deudores no pueden pagar a los acreedores, es necesario empezar de cero”, sostiene. Un eventual fracaso de la reestructuración de la deuda externa argentina sentaría precedente para las futuras reestructuraciones de países  que entren en suspensión de pagos. “Es una mala señal que obliga a pensar en estrategias globales de los países empobrecidos y debilitados por el endeudamiento para encontrar estrategias comunes hacia una nueva arquitectura financiera y un nuevo orden mundial, incluso no capitalista”, sostiene Gambina. Si Argentina finalmente entrara en “default técnico”, la señal hacia otros países deudores sería inequívoca. Ni la reestructuración ni el esforzado pago de la deuda aseguran el desendeudamiento y el acceso al crédito. Argentina desembolsó a partir de 2005 más de 173 mil millones de dólares para cancelar deuda de capital e intereses. Usó sus propios recursos, ya que tiene vedado desde 2001 el acceso al crédito externo. “En su fallo del 23 de agosto pasado, la Cámara de Apelaciones de los Estados Unidos dejó en claro que el caso de Argentina vs. los fondos buitre es un caso único que no afectará reestructuraciones futuras; es decir que no tendrá un impacto internacional como muchos temían”, objetó Clarín el pasado 5 de septiembre, periódico del grupo homónimo que mantiene una guerra sin cuartel con el gobierno. La Cámara de Apelaciones neoyorquina ratificó que Argentina debe pagar mil 330 millones de dólares al fondo buitre NML Capital Limited, controlado por Elliot Management. El cumplimiento efectivo del fallo se mantiene en suspenso. La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos debe resolver si acepta o no estudiar la apelación de Argentina. El gobierno ve en los fallos de la justicia neoyorquina un castigo por haber denunciado la complicidad del FMI en el derrumbe que sufrió el país. Consigna además una década de gran crecimiento económico, desoyendo las recetas que aún impulsa el organismo multilateral de crédito.   Lobby Los fondos financieros de alta especulación son grupos con alto poder de cabildeo. Financian las campañas electorales de congresistas republicanos y demócratas en Estados Unidos. Están radicados en paraísos fiscales. Elliot Managment, por ejemplo, es controlado por su fundador Paul Eliott Singer. Según datos de la revista Forbes, de septiembre de 2012, Singer posee una fortuna de 1.1 mil millones de dólares. Fue el mayor contribuyente individual a la campaña presidencial del candidato republicano Mitt Romney para las elecciones presidenciales de 2012. Se especializa, al igual que el resto de los fondos buitres, en reclamar por vía judicial el precio nominal de bonos de deuda soberana. En el caso de Argentina, éstos fueron comprados como bonos basura, a un precio “entre 2 y 2.5 dólares por lámina de cien previo al anuncio de default”, informó Página 12 el (23 de agosto de 2012. Si se hiciera caso a las pretensiones de este fondo, la ganancia en dólares que obtendría sería de algo más de 1,300%. Los fondos buitres disponen también en Argentina de un aceitado mecanismo de defensa de sus intereses: “El sistema bancario extranjerizado es parte del interés financiero mundial y no se concibe a las finanzas al margen de la especulación global”, sostiene Gambina: “Es la lógica del sistema financiero y capitalista contemporáneo”. En 1996, Elliot Managment —que hoy litiga contra Argentina— compró por 11 millones de dólares deuda valorada en 20.7 millones de dos bancos peruanos. Lo que siguió fue una batalla legal de cuatro años en Estados Unidos, Alemania, Canadá, Reino Unido, Luxemburgo y Bélgica. El desenlace llegó en 2000, cuando un juzgado de Bruselas declaró que si Perú no pagaba 58 millones de dólares a Elliott Managment no podía pagar 80 millones a otros acreedores. El juzgado belga forzó a Perú a pagar al fondo buitre para no caer en suspensión de pagos. De manera análoga, aunque por montos mucho más elevados, los tribunales neoyorquinos creen que este fondo buitre tiene derecho a cobrar el precio nominal del bono argentino más los intereses, sin importar el precio de adquisición de los títulos. Los tres jueces de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, en su fallo del 23 de agosto, calificaron a la Argentina como un “deudor recalcitrante”. “Más que deudores recalcitrantes somos pagadores seriales”, aseguró la presidenta Fernández el 26 de agosto, con las cifras en la mano. Argentina desembolsó 173 mil 733 millones de dólares para hacer frente a sus compromisos financieros desde 2005 hasta la fecha. “Argentina es un pagador puntual”, tercia Gambina. “La presidenta reconoce el pago de más de 173 mil millones de dólares de 2005 en adelante. Pese a ello, el país está más endeudado y comprometidas las finanzas públicas a corto y mediano plazo. La deuda es impagable y requiere ser investigada antes de seguir pagando”, sostiene el catedrático. En el plano interno, la iniciativa de Cristina Fernández de reabrir el canje encontró un fuerte apoyo entre los partidos de la oposición. El dato adquiere relieve, ya que la clase política se encuentra inmersa en una crispada campaña electoral de cara a los comicios  legislativos del 27 de octubre. Los diferentes bloques políticos en el Congreso confluyeron el 28 de agosto en una declaración conjunta, rechazando la pretensión de esos fondos especulativos. La Unión Cívica Radical (UCR) —el partido de oposición más importante—,  Propuesta Republicana (PRO) —la fuerza de centro derecha que gobierna en la capital argentina— y el Partido Socialista —que gobierna la provincia de Santa Fe—, expresaron la necesidad de acompañar al gobierno en esta medida. Algo bastante inusual en los últimos años, en los que el trato con el oficialismo ha estado poblado de rispidez. “Tenemos que defender el interés nacional”, subrayó el diputado del PRO, Federico Pinedo, a través de un comunicado. Pinedo es un acérrimo opositor al gobierno. Sostuvo que  “la Corte Suprema de los Estados Unidos debe aceptar el caso y rever el fallo.” Éste pone en la cuerda floja el acuerdo con más de 93% de los acreedores. Y podría llevar a Argentina a una nueva cesación de pagos.