Países nórdicos rompen la tradición e imponen controles fronterizos

jueves, 7 de enero de 2016
BRUSELAS (apro).- Los países nórdicos, considerados en el pasado de los más abiertos del mundo para acoger a los demandantes de asilo, implementan duras medidas antiinmigración con el objetivo de frenar la llegada masiva de refugiados, principalmente sirios. El año pasado, casi un millón de migrantes --la mayoría refugiados--, ingresaron a territorio europeo cruzando el Mar Mediterráneo, según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones. El fenómeno representó “el mayor flujo migratorio (hacia Europa) desde la Segunda Guerra Mundial”. Otros tres mil 692 migrantes murieron o desaparecieron en el mar en similar periodo, según la misma fuente. El pasado lunes 4, el gobierno sueco instaló temporalmente controles en su frontera con Dinamarca para detener ese flujo de refugiados. Lo mismo hizo ese día Dinamarca en sus fronteras con Suecia y Alemania, con lo que dejó de aplicar el acuerdo de Schengen de libre movilización de personas al que pertenecen los tres países, también asociados a la Unión Europea (UE). Noruega no pertenece al bloque comunitario pero es parte del llamado “Espacio Schengen” y decidió igualmente reestablecer los chequeos fronterizos con Suecia e incluso con Rusia, cerca del círculo polar ártico por donde comenzaron a cruzar refugiados sirios cuando se dificultaron las otras rutas. Ese país, que poseía una de las políticas más hospitalarias para los refugiados, prepara actualmente una de las leyes migratorias “más duras de Europa”, según ha reconocido el gobierno conservador de Erna Solberg. Para empezar, no se permitirá la entrada a refugiados que provengan de otros países del espacio Schengen. Tampoco podrán demandar el asilo aquellos que entren con visas de tránsito desde Rusia. Además, un migrante que solicite el asilo únicamente podría traer a su familia a Noruega si ha trabajado o estudiado en el país durante cuatro años. Será también más difícil para ellos obtener permisos de residencia y reclamar ayudas sociales. Y para impedir que quienes las obtengan envíen una parte a sus países de origen, éstas se otorgarán por medio de cupones y no en efectivo. El año pasado se internaron 30 mil refugiados en Noruega (un país de cinco millones de habitantes), la mayoría a través de Suecia. Este año podrían ingresar entre 10 mil y 100 mil, según las vagas estimaciones de la ministra de Inmigración Sylvi Listhaug. La funcionaria advirtió que este último escenario “acarrearía violentas consecuencias” para el sistema de bienestar noruego. A la misma línea nórdica de endurecer las leyes migratorias se incorporó Finlandia, donde la extrema derecha xenófoba forma parte de la coalición de gobierno desde mayo pasado a través del Partido de los finlandeses. Los ferrys finlandeses que cubren la ruta desde Alemania empezaron a exigir a sus pasajeros que presenten un pasaporte, una tarjeta de identidad, una visa o un permiso de residencia para dejarlos abordar. El primer ministro finlandés, Juha Sipilä, asegura que el nuevo paquete de leyes migratorias “eliminará los factores que atraen” a su país a los solicitantes de asilo. Tal paquete contempla, entre otras medidas, que los inmigrantes puedan trabajar gratuitamente –lo importante es evitar la “frustración” que causa el desempleo, justifican las autoridades finlandesas-- y la evaluación dos veces al año de la situación en los países de donde provienen los refugiados, de tal forma que el gobierno pueda cancelar sus permisos de residencia y enviarlos de regreso si considera que aquella ha mejorado. El gobierno de Helsinki estima que dos terceras partes de las solicitudes de asilo serán rechazadas, por lo que también las nuevas leyes incluyen mecanismos para acelerar sus deportaciones. En 2015 llegaron a ese país 32 mil demandantes de asilo, casi diez veces más que el año anterior, cuando fueron tres mil 600. [gallery type="rectangular" ids="424569"] “Autopista” migratoria Dos días después del cierre de las fronteras entre Suecia, Dinamarca y Alemania, la UE celebró una reunión de emergencia en Bruselas. El restablecimiento de controles fronterizos a diferentes niveles en 10 Estados europeos hace temer a la Comisión Europea –que vela por el cumplimiento del acuerdo Schengen-- un efecto dominó que termine por anular en los hechos esa preciada libertad de circulación, uno de los logros más grandes y tangibles del largo proceso de integración regional. De ese acuerdo que entró en vigor en 1995 son signatarios 22 de los 28 Estados miembros de la UE y cuatro países europeos que no lo son: Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein. Alemania calificó de “lamentable” la decisión de Dinamarca de cerrar las fronteras, pero el gobierno de Berlín también realiza chequeos fronterizos desde septiembre último. Dinamarca aplicará tales controles durante 10 días y anunció que podría extenderlos durante 20 más, como lo permite el acuerdo Schengen “por razones de seguridad nacional o política pública” y hasta por dos meses. La suspensión mutua de la libertad de circulación en la frontera entre ambas naciones nórdicas conlleva una carga simbólica adicional: la medida se aplicó en el puente de Oresund, un paso que desde el año 2000 une a la capital danesa Copenhague, con la ciudad sueca de Malmö. Sobre esa obra monumental que conecta a ambos países --y que ayudó a financiar la UE-- corren dos líneas ferroviarias debajo de cuatro carriles para vehículos. Más aún, esos controles acaban con más de 60 años de vigencia de un protocolo que exentaba de mostrar documentos de identidad a los ciudadanos de los países nórdicos cuando viajaban entre ellos. En una conferencia de prensa, en el marco de la reunión de emergencia del 6 de enero, los representantes de Suecia, Dinamarca y Alemania plantearon que el actual problema de Europa es que el sistema de control fronterizo “no está funcionando”, sobre todo en la frontera entre Turquía y Grecia. Cifras oficiales señalan que sólo en los primeros cuatro días de 2016 ingresaron a territorio griego ocho mil migrantes en busca de asilo en Europa y ya se cuentan los primeros muertos en el Mar Mediterráneo. El ministro sueco de migración Morgan Johannsson explicó con una metáfora la necesidad de las medidas tomadas por tales gobiernos: hay que “reducir la velocidad de la autopista (migratoria) que entra directamente a Europa vía Grecia, que continúa por los Balcanes, Austria, Alemania y luego sube a los países del norte”. El ministro del gobierno socialdemócrata sueco expuso que tan solo en los últimos cuatro meses han ingresado a su país 115 mil solicitantes de asilo, de los cuales 26 mil son menores de edad sin acompañantes. Durante 2015, Suecia registró 163 mil llegadas de demandantes de esa protección internacional, la cantidad más grande de la UE en proporción al número de habitantes (10 millones). De ahí la necesidad de levantar controles de identidad y pasaportes en su frontera con Dinamarca, que recibió el año pasado 18 mil demandas de asilo. La razón detrás de esa diferencia: el gobierno danés, que desde junio último dirige el primer ministro Lars Lokke Rasmussen, recortó recientemente a la mitad los beneficios sociales para los refugiados, que ahora también deben esperar cinco años antes de recibir un permiso de residencia permanente y sólo si hablan danés. El Partido Liberal de Lokke Rasmussen quedó en tercer lugar en las votaciones de junio último (que ganaron los socialdemócratas), pero gobierna gracias a que el bloque de fuerzas de derecha triunfó sobre la izquierda. El Partido Popular Danés, de extrema derecha, fue el segundo más votado y ejerce una fuerte presión sobre el gobierno liberal. En septiembre pasado, y en el marco de una amplia campaña en medios extranjeros para quitarle atractivo a Dinamarca entre los candidatos a refugiados, las autoridades danesas publicaron un anuncio en periódicos libaneses desanimando a cualquiera que pensara viajar al país nórdico en esa condición. Tal campaña fue objeto de duras críticas por una parte del sector privado, no sólo por el tono ofensivo contra los extranjeros y el daño que causaba a la imagen del país, sino también por sus consecuencias económicas. La directora administrativa del centro Microsoft en Copenhague Charlotte Mark incluso exigió en agosto que se detuviera lo que entonces era un proyecto. [gallery type="rectangular" ids="425360"] Medida extrema No suficiente con ello, una iniciativa de ley presentada el pasado 10 de diciembre contempla entregar a las autoridades danesas el poder para buscar entre la ropa y las pertenencias de los solicitantes de asilo bienes suntuosos con valor superior a 440 dólares o cantidades desmesuradas de dinero, para confiscárselos y con ello costear los gastos de su manutención en el país. El proyecto de ley, que debe aprobar el parlamento nacional en los próximos días para entrar en vigor a partir de febrero, ha causado polémica internacional por considerarse una medida “extrema”. En las redes sociales se evoca, guardando las distancias, la época en que los nazis hacían lo mismo con los judíos. Al principio, el ministro de justicia Soren Pind explicó en televisión que la ley “sólo aplicaría al caso hipotético de un solicitante de asilo que llegara al país con una maleta llena de diamantes”. Después, el Partido Popular Danés planteó que objetos de menor valor deberían también ser incautados, relató el investigador en asilo e integración de la Universidad de Copenhague Zachary Whyte al periódico The Washington Post. El pasado 4 de enero la televisión pública francesa transmitió un reportaje en el que un vocero del gobierno danés declaró al canal que la controvertida ley es necesaria “porque hay migrantes que llegan en jet privado al país para pedir asilo”. La ministra danesa de Integración Inger Stojberg defiende la ley con otros argumentos: los ciudadanos daneses sin trabajo están obligados por ley a vender sus pertenencias que valgan más de mil 450 dólares si quieren recibir el seguro de desempleo. Las reglas, enfatiza la ministra, deben ser iguales para todos. El primer ministro Rasmussen se quejó de que los medios internacionales presentan una “imagen incorrecta de Dinamarca”. Agregó que en el razonamiento “que debe entenderse es que, si tienes una fortuna, antes de obtener beneficios sociales tienes que pagar tú mismo tu manutención”. En 2013 Dinamarca recibió siete mil 557 demandantes de asilo; al año siguiente fue el doble, 14 mil 815, y en 2015 esa cifra creció moderadamente a 18 mil. Rasmussen informó el 1 de enero que en las últimas semanas apenas 55 refugiados entraban a diario a Dinamarca, un número ínfimo si lo comparamos con los tres mil 200 que diariamente ingresan a Alemania desde septiembre pasado sin aflojar el ritmo. El funcionario señaló que impuso los controles para evitar que se quedaran en Dinamarca los migrantes que no pudieran pasar a Suecia por las restricciones fronterizas.

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