Urge la CIDH a países miembros de la OEA a salvarla de la ruina

lunes, 23 de mayo de 2016
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En tono alarmado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció hoy que atraviesa una “crisis financiera extrema” debido a que los integrantes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) no cumplieron con sus promesas de donaciones, y advirtió que esta situación podría generar la desaparición del 40% de su personal el próximo 31 de julio. “No se cuenta en estos momentos con los fondos, ni con la expectativa de recibir fondos, para poder renovar (los contratos)”, planteó el órgano independiente, encargado de monitorear y defender el respeto de los derechos humanos en la OEA con apenas el 6% del presupuesto de la organización regional. La CIDH resaltó que varios países conversaron sobre donaciones, pero no cumplieron con su palabra, por lo que las donaciones “desafortunadamente no prosperaron”. La CIDH dispone de 31 funcionarios de planta –menos que el número de países bajo su jurisdicción--, y otros 47 quienes están financiados con donaciones. En un amplio comunicado, la CIDH señaló que su presupuesto para 2016 “no alcanza los cinco millones de dólares, o sea menos de cinco milésimas de dólar ($0.005) por habitante”. Añadió que la falta de dinero dañará seriamente sus posibilidades de cumplir con su mandato. Para lo que queda del 2016, tuvo que suspender –por el momento– las visitas a los países así como las sesiones previstas en los próximos meses de julio y octubre. Durante estas sesiones, los integrantes de la CIDH reciben información sobre casos concretos de violaciones a los derechos humanos de organizaciones de derechos humanos y la contrastan con las versiones de los gobiernos, cuyos representantes también asisten a las reuniones. Estos eventos permiten una intermediación directa entre sociedad civil y gobiernos en materia de derechos humanos. Y las visitas ofrecen la oportunidad a los integrantes de la CIDH de conocer situaciones y casos “in situ”, con base a los cuales emiten informes y recomendaciones que suelen provocar reacciones adversas en los gobiernos. El pasado 2 de marzo, por ejemplo, el gobierno mexicano descalificó el informe de la CIDH, al aseverar que “no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos erróneos, que no se comparten” y al subrayar que “en nuestro país no se vive una crisis de derechos humanos”. La CIDH había considerado, en su informe, que la estrategia de Enrique Peña Nieto en materia de seguridad incrementó los niveles de violencia y las violaciones a los derechos humanos. El martes pasado, la CIDH promovió medidas cautelares para la defensa de un amparo que ganó la comunidad indígena Otomí-Mexica de San Francisco Xochicuautla, para detener la destrucción de su territorio ancestral causada por la construcción de la carretera Toluca-Naucalpan, concesionada a Grupo Higa, propiedad del empresario tamaulipeco Juan Armando Hinojosa Cantú. En marzo, pidió la protección de líderes Yaqui ante las amenazas y hostigamientos que sufrieron por sus actividades en defensa de los derechos humanos y del agua. Y en abril, proporcionó medidas cautelares a favor de la vida e integridad de David Mendoza Marín, Margarita Marín Yan y Alfredo Elías Marín Bustos, así como los miembros de su familia extendida, desaparecidos en julio de 2015 por integrantes de la policía municipal de Ahome de los Mochis, en Sinaloa. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que fue conformado para coadyuvar en la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, actuó bajo mandato de la CIDH. Apenas el sábado pasado, una comitiva de representantes de los padres de los estudiantes se reunió en la sede de la CIDH –en Washington– con funcionarios del organismo regional y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para establecer el esquema de seguimiento de las recomendaciones que pronunció el GIEI antes de salir del país, el pasado 30 de abril. La CIDH deploró “el estado de indefensión en que quedarán miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos”, y urgió a los países miembros de la OEA a salvarle de la ruina.

Comentarios