CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Lejos de asumir cualquier responsabilidad en la muerte de dos niños guatemaltecos durante su custodia en centros de detención migratoria en diciembre, Kirstjen Nielsen, la titular del Departamento de Seguridad Interna (DHS), sostuvo que las familias y los niños no acompañados deberían buscar asilo en México en lugar de cruzar a Estados Unidos. En un discurso ignominioso donde culpó a los padres y a la laxitud del sistema migratorio por la “avalancha” de niños migrantes, Nielsen dijo que habló con sus “colaboradores” en México “para pedirles que empiecen a investigar las causas de estas enfermedades de su lado de la frontera y de proveer asistencia médica necesaria en los albergues”. Y dijo: “Las poblaciones vulnerables, incluyendo las familias y los niños no acompañados, deberían buscar asilo en su primera oportunidad posible, incluyendo a México”. En la línea del presidente estadunidense Donald Trump, Nielsen despotricó contra el “sistema migratorio que recompensa a los padres por enviar a sus niños solos a cruzar la frontera”, pero también contra el sistema de asilo “que fomenta las solicitudes fraudulentas” y atacó de manera frontal a “los que buscan la apertura de las fronteras”. Y no solo esto: se dijo “orgullosa” del “trabajo de salvavidas” que asumen los agentes de la Patrulla Fronteriza. Tras lamentar “esta tragedia, la muerte de un niño bajo la custodia del gobierno” –lo que calificó de “profundamente preocupante y desgarrador”--, Nielsen aseguró que la llegada de niños no acompañados en la frontera es el “resultado de malas decisiones jurídicas por parte de jueces activistas e inacción del Congreso”. Urgió los congresistas a “atender los hoyos que provocan que una avalancha de humanos viaje hacia el norte y ponga a niños en riesgos”, y “hacer su trabajo: proteger las poblaciones vulnerables, asegurar nuestras fronteras y proveer a los hombres y mujeres del DHS las autoridades y recursos que necesitamos para enfrentar esta crisis”. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB) informó que a las 23:48 del pasado 24 de diciembre falleció Felipe Gómez Alonso, un niño guatemalteco de apenas 8 años, 155 horas después de ser detenido con su padre en la frontera de El Paso, Texas. La Patrulla Fronteriza los arrestó la 1 de la tarde del 18 de diciembre; ambos fueron trasladados el 22 de diciembre a la estación fronteriza de Alamogordo, en Nuevo México, donde dos días después el niño empezó a toser y a presentar síntomas de influenza, que se agravaron a lo largo del día y culminaron con su muerte. Dos semanas antes, el pasado 8 de diciembre, Jakelin Caal, una niña de siete años, falleció de cansancio y desnutrición mientras se encontraba en custodia. Su familia, del departamento de Raxruha? –ubicado a unos 150 kilómetros de la capital guatemalteca--, no juntó el dinero suficiente para recoger su cuerpo en el aeropuerto, según informó la prensa local. “Para poner esto en perspectiva, hubo seis migrantes muertos durante su custodia en la CPB entre septiembre de 2017 y octubre de 2018, y ninguno era niño. De hecho, hace más de una década que un niño no fallecía en custodia de la CBP. Es ahora claro que los migrantes, y particularmente los niños, enfrentan cada vez más riesgos de salud y tienen enfermedades causadas por sus viajes largos y peligrosos”, dijo Nielsen. La funcionaria formó parte de la delegación estadunidense que asistió a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador el pasado 1 de diciembre. En la administración de Trump, Nielsen implementó una serie de polémicas medidas antimigrantes que fueron anuladas por la justicia, como la separación de familias en la frontera, la cancelación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Cuando el llamado éxodo centroamericano llegó a Tijuana, en noviembre pasado, Nielsen ordenó dos cierres temporales del puerto fronterizo de San Ysidro y multiplicó las declaraciones para afirmar que los integrantes del grupo no pasarían a Estados Unidos. Nielsen anunció su medida más reciente el pasado jueves 14, cuando “notificó” al gobierno mexicano que las autoridades estadunidenses devolverán a México a los solicitantes de asilo extranjeros que pidan protección internacional en la frontera. Instruyó que éstos permanezcan en el país hasta que un juez de Estados Unidos determine sus casos. La funcionaria presumió esta política como “una acción histórica contra la migración ilegal”. Con el afán de no poner en riesgo la relación bilateral, el gobierno de López Obrador no protestó, y acató las instrucciones de Washington y anunció una serie de medidas “humanitarias” para atender a los solicitantes de asilo durante su estancia en México.