SAN SALVADOR (apro).- En la audiencia que definiría su futuro, el expresidente de El Salvador, Elías Antonio Saca González conversaba con dos abogados. Por momentos sonreía irónico como quien cuenta algo inaudito que, en vez de sorprenderle, lo enojó. Mientras sus acompañantes hablaban, él miraba al piso, hacia sus tenis. Unos 20 minutos después, con los mismos gestos de aburrimiento y desinterés, escuchó su sentencia: condena a 10 años de cárcel por lavado de dinero y peculado. En realidad, su suerte quedó escrita el pasado 9 de agosto, después que confesó que mientras fue presidente de la República de El Salvador -desde el 1 de junio de 2004 hasta el 31 de julio de 2009- desvió 301 millones de dólares. Tal cantidad así la dividió: Una parte -presuntamente la mayor-, la ocupó para enriquecerse y favorecer a su familia construyendo una mansión en las faldas del volcán de San Salvador, así como para comprar hasta 400 manzanas de terrenos en fincas del interior del país. Otra parte la usó para financiar dos campañas electorales de su otrora partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y pagar sobresueldos ilegales de hasta 10 mil dólares a los tecnócratas que se desempeñaron como funcionarios en su administración. La Fiscalía General de la República (FGR) y los abogados defensores de Saca negociaron pedir al Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador la pena mínima a cambio de la confesión. Sin ese beneficio pudo haber sido condenado hasta a 30 años de cárcel. Alejandro Guevara Fuentes, juez segundo de Sentencia de San Salvador, explicó en la lectura del fallo el pasado 13 de septiembre que la ley impide a su tribunal cambiar los acuerdos de las partes. Saca está detenido desde el 30 de octubre de 2016, es decir, que en menos de dos meses cumplirá dos años de cárcel. Ese tiempo se le restará de la condena, es decir: le restan ocho años por cumplir en prisión. Así, en el 2026 recuperará su libertad. Como responsabilidad civil fue condenado a devolver al Estado 260 millones 732 mil 171.64 dólares. La Fiscalía espera recuperarlos con la venta en las casas, las radios y otras propiedades del exmandatario. Junto a Saca fueron condenados tres de sus hombres de confianza: Élmer Charlaix Urquilla, exsecretario privado de la Presidencia; César Daniel Funes Durán, exsecretario de Juventud; y Julio Rank Romero, exsecretario de Comunicaciones. Urquilla también cumplirá 10 años en prisión; Funes y Rank, cinco. Ellos también deberán devolver al Estado 24 millones 583 mil 697 dólares. También fueron condenados a prisión Jorge Alberto Herrera Castellanos y Francisco Rodríguez Arteaga, ambos confesaron los delitos y la Fiscalía también pidió reducir su condena a la tercera parte. El primero estará seis años en prisión; el segundo, tres. Pablo Gómez, quien se negó a confesar, fue condenado a 16 años de cárcel. Los tres se desempeñaron como gerentes financieros de Casa Presidencial, es decir, únicamente fueron empleados. “El tribunal considera que ningún gasto, desvío o sustracción de dinero tiene justificación... se afectó al pueblo salvadoreño”, dijo el juez Guevara. “Es una victoria para nosotros”, dijo Lisandro Quintanilla, abogado defensor de Rank Romero. Anunció, además, que apelará la condena civil por, según él, arbitraria y antojadiza al no estar respaldada por una auditoría. Mario Machado, abogado defensor del expresidente, aseguró que los 247 millones de dólares no los recibió su cliente en sus cuentas, sino que una parte sirvió para pagar sobresueldos a funcionarios, por tanto, no puede responder por eso. También apelará la condena civil.   Corrupción, “por herencia” El pasado 9 de agosto, Saca explicó que el mecanismo de corrupción que implementó desde el primer día de su mandato lo heredó de su antecesor en el cargo, el fallecido Francisco Guillermo Flores Pérez. ¿Cómo era ese mecanismo? El “reglamento interno de funcionamiento para el manejo, control y fiscalización de los fondos públicos, gastos reservados y secretos de la Presidencia de la República destinados a las actividades de inteligencia, clasificación, manejo y protección de la información y deber de guardar secreto de los colaboradores designados para el manejo de los gastos reservados y secretos”, avalado por él mismo con un decreto ejecutivo, le permitió evadir los controles del Ministerio de Hacienda y de la Corte de Cuentas que, por ley, están obligadas a auditar los presupuestos de cada una de las instituciones estatales. Con la justificación de agilizar el financiamiento de los organismos de inteligencia del Estado y el pago de gastos operativos, transfirió de la cuenta del Tesoro -que resguarda los impuestos que todos los contribuyentes pagan año con año- miles de dólares con cheques a su nombre y al de Charlaix Urquilla. Posteriormente, los cheques eran transferidos a cuentas de las empresas de Saca: Promotora de Comunicaciones, Saca Mixco (SAMIX), Radiodifusión de El Salvador, Radiodifusión Usuluteca y Stereo 94.1 FM. Dos años después de llegar al poder y de desviar fondos, modificó el mecanismo: él mismo ordenó a Rodríguez Arteaga, a Herrera Castellanos y a Pablo Gómez abrir 16 cuentas en los bancos Hipotecario y Cuscatlán y, desde éstas, desviarlo simulando pagos por servicios de publicidad a las agencias ANLE, América Publicidad, Funes y Asociados. Por participar en la triangulación, esas agencias se quedaban con 20% del total del dinero. Cada una recibió 100 mil dólares mensuales desde 2004 hasta 2009. ¿Cómo se benefició el exmandatario? Él ejemplificó que ordenó a sus empresas aumentar su salario mensual a 60 mil dólares. De acuerdo con las auditorías de la Fiscalía General, el expresidente lideró un grupo de cinco sujetos que desvió 300 millones de dólares. Saca también confesó que entre 2005 y 2006 decidió que necesitaba más dinero. Entonces, buscó a su amigo de confianza Irving Tóchez Maravilla, dueño del despacho contable Tóchez Limitada, y le preguntó cómo hacer para mover más dinero sin ser descubierto. Su amigo le respondió que era fácil y puso a su disposición sus sociedades, que tenían varios años de no reportar operaciones al Ministerio de Hacienda: RM, GDE, OSAD, GROCORP, y otras a través de las cuales compró las siguientes propiedades: la Hacienda Lombardía, en Zacatecoluca; dos apartamentos en Santa Tecla; ocho porciones de una hacienda en Cuscatlán; un terreno en La Libertad, y los terrenos en los que construyó las dos mansiones a las que se mudó después de terminar su periodo presidencial.  Tóchez Maravilla, sobrino de Rosalío Tóchez Zavaleta, expresidente de la Corte de Cuentas, se convirtió en testaferro de Saca. “Me aproveché de los escasos dispositivos de control”, dijo el exgobernante. Pero las sociedades de Tóchez Maravilla fueron insuficientes para mover el dinero. Entonces, Saca se acercó a su amigo de confianza Jorge César Hernández y le pidió participar en el turbio negocio prestando sus empresas para triangular dinero. El amigo puso a disposición del solicitante las empresas Marketing and Service de Centroamérica, UNICENTRO e Investment, entre otras. “Esas empresas recibieron dinero sustraído ilegalmente”, confirmó. El caso de Hernández El de Hernández es uno de los casos más llamativos. En los años del desfalco se desempeñaba como el gerente de noticieros de TeleCorporación Salvadoreña (TCS), la más grande e influyente televisora nacional, siendo además el entrevistador principal de “Frente a Frente”, el programa de entrevistas televisivas más visto del país. Esa era su identidad visible. Pero su identidad secreta era la de ser el estratega oculto del equipo de comunicación política del entonces mandatario. Mario Huezo, fiscal del caso, preguntó a Saca durante la audiencia cuáles eran las funciones de su estratega. Su respuesta fue que era el encargado de “mandar mensajes correctos a la población” con la “cobertura periodística favorable y amplia”. A TCS pertenecen los canales de televisión abierta 2, 4 y 6 y en ellos se transmiten los noticieros Tele 2, El Noticiero, y Noticias 4 Visión. Desde por lo menos los años 80 del siglo pasado y hasta la fecha son los noticieros de mayor audiencia en el país. La familia Eserski es la propietaria de TCS. Por sus servicios como asesor, Hernández ganaba 10 mil dólares mensuales. Pero no fue el único que se benefició de la partida secreta. Saca, al seguir la antigua tradición que existe por lo menos desde los años 60 del siglo pasado -la dictadura militar, la presidencia de José Napoleón Duarte y los cuatro gobiernos de ARENA también implementaron los sobresueldos o “complementos salariales” para ministros, viceministros, presidentes de autónomas y otros funcionarios de menor rango que en una oficina del gobierno llegaban a cobrar desde 700, cinco mil y hasta 10 mil dólares. Los sobresueldos pagados entre 2004 y 2009, que jamás estuvieron contemplados en la ley, ascienden a más de 191 millones de dólares. Investigación “histórica” El pasado martes 7 de agosto, día de celebración de la primera audiencia de vista pública, el exmandatario anunció que pretendía confesar a cambio de reducción de la pena por los delitos de lavado de dinero y peculado. Ese día también anunciaron su intención de confesar Charlaix, Funes Durán y Rank Romero. Funes Durán, acusado de lavado de dinero, se enfrenta a una condena de cinco años de cárcel de los que ya cumplió dos en detención provisional. Igual Rank Romero. En el segundo día de la audiencia se sumaron a la fila de los confesos Herrera Castellanos y Rodríguez Arteaga. Pablo Gómez se negó y, aunque no lo dijo con el micrófono, sí lo dijo en voz alta en la sala de audiencias: “Yo no voy a mentir”. Herrera, Castellanos y Gómez fueron esenciales en este caso. También en la acusación que la Fiscalía presentó a principios de este año contra el expresidente Mauricio Funes Cartagena por los mismos delitos: lavado de dinero y peculado. “Fueron los empleados operativos”, explicó el fiscal Mario Huezo. Jorge Cortez, jefe anticorrupción de la Fiscalía, reiteró que es histórico para el país más pequeño de Centroamérica escuchar la confesión y obtener la condena de un expresidente por corrupción. No supo explicar, sin embargo, cómo recuperará la Fiscalía el resto del dinero. Tampoco aclaró si serán sentados en el banquillo los exfuncionarios que se beneficiaron con los sobresueldos. “Estamos todavía trabajando, en este caso salió mucha información que servirá para otras investigaciones”, afirmó. El 10 de agosto el fiscal general Meléndez aseguró en conferencia de prensa que decidió aceptar la confesión del exmandatario porque temía perder el caso en una instancia superior en un juicio de apelación, es decir, en la cámara o en la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Recordó que eso ha pasado en juicios conocidos como el de unos jueces acusados de corrupción en el Oriente del País o de un alcalde imputado por asesinato en la zona norte de San Salvador. No se puede desprender que Saca todavía tiene influencia política”, dijo minutos antes de comenzar la extinción de dominio a una de las mansiones del expresidente valorada en ocho millones de dólares y construida con el desvío del dinero del Estado. El 13 de septiembre, en la cuenta de Twitter de la Fiscalía, publicó un video en el que dijo: “Estamos sentando un precedente histórico en investigaciones contra la corrupción consumándose el principio constitucional de que todos somos iguales ante la ley”.