GINEBRA (apro).- El Relator Especial de la ONU para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, advirtió que las investigaciones penales contra el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela Juan Guaidó podrían tener fines políticos y urgió al régimen de Caracas a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la independencia judicial en el país, seriamente afectada en la actualidad.

“Estoy preocupado por las presiones efectuadas a través del sistema judicial contra la oposición política liderada por Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino del país por decisión de la misma”, dijo el experto en un mensaje dirigido a la prensa. “Las medidas adoptadas y presiones ejercidas contra Juan Guaidó son inaceptables. Quiero nuevamente mostrar mi rechazo ante la puesta en marcha de investigaciones penales contra Guaidó ya que podrían tener una finalidad política”, afirmó.

Pide imparcialidad del poder judicial El Relator Especial hizo un llamado a todas las instituciones estatales en Venezuela a “respetar, promover y garantizar la independencia e imparcialidad de la judicatura, así como a que jueces y fiscales del país mantengan su independencia ante presiones indebidas y respeten la Constitución y los tratados de derechos humanos”. En este sentido, el experto sostuvo que las declaraciones efectuadas por Tarek William Saab, el pasado 29 de enero respecto a la iniciación de una investigación formal contra Guaidó podrían estar afectando el derecho a su presunción de inocencia, al dar a entender que éste habría cometido actos ilícitos sin que estuviese en marcha una investigación al respecto.

“Una administración de justicia equitativa, independiente e imparcial requiere que los fiscales desarrollen sus funciones de manera ecuánime y evitando todo tipo de discriminación política,” remarcó el Relator.

Asimismo, el Relator Especial advirtió que de acuerdo al derecho internacional “el Estado no dispone de un margen de absoluta discrecionalidad y debe, por lo tanto, organizar su aparato estatal de tal modo, que éste sea compatible con sus obligaciones internacionales de garantizar la plena vigencia del Estado de Derecho, la independencia e imparcialidad del Poder Judicial y los estándares internacionales en materia de derechos humanos”.

“De conformidad con los tratados de derechos humanos de los que es parte, Venezuela tiene la obligación de adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales y de otra índole que sean necesarias para el establecimiento de un poder judicial independiente e imparcial y la adecuada administración de la justicia,” afirmó el García-Sayán quien hizo llegar sus inquietudes al gobierno de Caracas.