México, D F (apro)- El que los acuerdos de San Andrés no se hayan concretado en reformas jurídicas constitucionales, deja claro que la clase política mexicana no está dispuesta a transformar a fondo el pacto social emanado de la Revolución, a fin de replantear su relación con los pueblos indios, advierte el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez Al plantear algunas perspectivas a futuro dentro de su recuento de fin de año en materia de derechos humanos, subraya que el gobierno “del cambio” ha tratado de solucionar el problema de la diferencia cultural y de su reconocimiento, por caminos que no impliquen la transformación profunda del sistema, pero que tampoco dañen su imagen pública, sobre todo, en el ámbito internacional Por ejemplo, dice que ante la demanda indígena de incorporar sus derechos colectivos a la Constitución, el gobierno si bien respondió con una reforma constitucional, el problema es que ésta es limitada Según el Centro Prodh, la reforma impulsada por el gobierno foxista contiene retrocesos con respecto del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se obtuvo sin consenso y falta a lo signado en San Andrés Con respecto al conflicto chiapaneco, sostiene que las autoridades optaron por una doble estrategia: públicamente reiteran su voluntad de dialogar e incorporan en su discurso las banderas indígenas; en cambio, en el ámbito privado, dejan actuar a los paramilitares El ejemplo más claro, dice, es que dejan en la impunidad sus crímenes, mantienen el cerco militar sobre los municipios zapatistas y despliegan programas asistenciales para desmovilizar a la población en resistencia, entre otras acciones Y advierte que si el Estado mexicano no abre pronto canales para procesar el conflicto chiapaneco y, por el contrario, se cierra ante la demanda indígena de reconocimiento, se corre el riesgo de que los pueblos indios violenten sus reclamos Insiste que al no ver ningún camino aceptable para su inclusión en la sociedad y para el desarrollo de sus identidades, se corre el riesgo de que se replieguen sobre sus comunidades y su diferencia cultural, dando cabida a lo que el sociólogo Alain Touraine llama “comunitarización” Explica que esto se traduce en la tendencia de ciertos movimientos sociales o fuerzas políticas para crear, de manera voluntaria, una comunidad a través de la eliminación de quienes pertenecen a otra cultura, o de quienes no aceptan el poder de la elite dirigente Dichas fuerzas buscan crear una sociedad total, donde exista una correspondencia completa entre un poder político, una organización social, una identidad y una cultura, precisa el organismo no gubernamental Para el Prodh, hoy es claro que las demandas enarboladas por el movimiento indígena han traspasado los límites del sistema y esto vuelve insuficientes las acciones que tradicionalmente había impulsado el Estado para solucionar los conflictos relacionados con la cuestión étnica En este momento de la historia, puntualiza la ONG dirigida por el sacerdote jesuita Edgar Cortez, el gobierno mexicano se enfrenta a la disyuntiva de transformar radicalmente su estructura para abrirle un espacio a las autonomías indias y para activar nuevas estrategias, a fin de procesar los nuevos conflictos; o seguir simulando la apertura de estos espacios, diseñando reformas constitucionales superficiales y sin consenso En esta línea, advierte, se está arriesgando a que en un futuro no muy lejano los conflictos étnicos se exacerben y no puedan ser procesados por ninguna institución existente 16/12/02