Mérida, Yuc (apro)- De acuerdo con el delegado del Instituto Nacional Indigenista (INI) en Yucatán, Freddy Espadas Sosa, hay, por lo menos, 200 indígenas mayas presos en las tres cárceles del estado que no han recuperado su libertad por falta de atención jurídica y porque sus expedientes "están arrumbados", debido a que nadie los asesora o defiende porque son pobres que han cometido, en muchos de los casos, delitos menores El funcionario dijo que la institución a su cargo "trabaja fuertemente" para asesorar a estos indígenas, quienes, principalmente por cuestiones culturales, cometen delitos ambientales, cuyas leyes, en estos casos, no pueden "aplicarse a tabla rasa" Refirió que otros casos recurrentes son por incumplimiento familiar, violencia familiar y muy pocos son por delitos contra la salud "Esas 200 personas están siendo atendidas para que puedan recuperar su libertad en los casos que las leyes lo prevean mediante el pago de fianzas", comentó Afirmó que el INI continúa con su programa de procuración de justicia, dentro del cual están acciones de defensoría, asesoría y pago de fianzas "Disponemos de una bolsa de hasta 30 o 40 mil pesos que el Instituto puede aportar si el indígena no tiene dinero, aunque luego se firma un convenio flexible para que lo vayan devolviendo", explicó Espadas Sosa refirió que aún persisten "muchas situaciones irregulares" en la procuración de justicia, pues todavía "se ensañan contra los que menos tienen" "Hay violaciones de derechos humanos, pues salimos de una vieja cultura de impunidad y autoritarismo que permeaba los órganos auxiliares de procuración de justicia, agentes y ministerios públicos que todavía no han cambiado", afirmó Además, indicó que continúan repitiéndose abusos y vejaciones contra los indígenas, como cuando son detenidos con lujo de violencia, incluidas las esposas y los hijos "Hay casos denunciados públicamente y atendidos, pero es hora de que esos órganos capaciten a su gente en materia de derechos humanos Nosotros dimos un curso a 40 agentes de la PJE en materia de derechos culturales específicos del pueblo maya", arguyó El funcionario recordó que los casos más delicados son por los delitos ambientales, específicamente la caza, el corte de huano y la pesca, pues son muy severas las leyes y esto requiere de coordinación con la Profepa y el Gobierno del estado para revisar cada expediente "No puede aplicarse la ley a tabla rasa, pues, a veces por un pulpo pescado que no beneficia directamente a quien lo captura, sino al dueño de la embarcación, se ensañan contra la etnia, pero nunca agarran al autor intelectual", refutó Se refirió al caso de un indígena acusado de matar a un manatí que fue detenido con lujo de violencia, mientras que el dueño del barco que lo había empleado quedó libre En este sentido argumentó que "en el campo de procuración de justicia hay mucho qué hacer todavía, hay mucho rezago" y subrayó que "es ahora cuando comienza a darse cierta sensibilidad gubernamental para escuchar los planteamientos" 19/04/02