En estos días se ha puesto de moda la crítica a Diego Fernández de Cevallos y de paso a Salvador Rocha Díaz Ambos legisladores y muy brillantes abogados litigantes, son acusados de que en su ejercicio profesional, además de cobrar muy envidiables honorarios, litigan en contra de los intereses del Estado De paso también le toca su pedacito de crítica al abogado panista e igualmente legislador Fauzi Hamdán Las cifras de los honorarios son de llamar la atención Ocho millones de dólares que le cobran a PEMEX no se sabe para qué y una cantidad no precisada pero imaginable sobre el costo para el erario de mil millones de pesos por problemas derivados de la fusión de Banco del Atlántico con Bital Y en el asunto que ha desatado la polémica, la cifra principal también resulta deslumbrante: 1214 millones de pesos, más o menos, que debería pagar la Secretaría de la Reforma Agraria a la familia de Gabriel Ramos Millán, el íntimo amigo del presidente Miguel Alemán, visible precandidato a sucederlo, socio en sus empresas y fallecido en un accidente aéreo suponiendo un modesto honorario del diez por ciento, resulta sumamente atractivo Y ahí aparece también el nombre de otro ilustre litigante y exprocurador general de la República, Antonio Lozano Gracia Lo primero que llama la atención es la habilidad profesional de los abogados responsables Porque más allá del supuesto conflicto de intereses, es de suponerse que el Estado se habrá defendido gallardamente Las cifras hacen pensar que esos asuntos habrán provocado las contrataciones de abogados muy expertos más allá de los servicios jurídicos propios de las dependencias Conozco desde hace muchos años la habilidad profesional de Salvador Rocha Díaz, un eminente profesor de derecho civil y exministro de la Suprema Corte De Diego Fernández de Cevallos no puede dudarse su inteligencia y capacidad simplemente por los resultados espectaculares que ha logrado más allá de las circunstancias No conozco a Fauzi Hamdán y mi trato con Antonio Lozano Gracia ha sido muy escaso Pero los asuntos ganados hacen pensar que son expertos litigantes El problema es si la condición de senador o diputado es o no compatible con el ejercicio profesional En el art 62 la Constitución establece la única prohibición a la actividad de los legisladores: no podrán desempeñar durante su encargo "ninguna otra comisión o empleo de la Federación o de los Estados por las cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara respectiva; pero entonces cesarán en sus funciones representativas mientras dure la nueva ocupación" Es evidente que la intención del constituyente fue que los senadores y diputados no puedan ser, al mismo tiempo, empleados de los poderes ejecutivos Federal o locales El art 101 de la Constitución establece una prohibición semejante para los miembros del Poder Judicial Federal y para los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral Se trata, simple y sencillamente, de acentuar la independencia entre los Poderes A los diputados y senadores, se les puede someter a juicio político (art 110 constitucional) en su calidad de servidores públicos "cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho" (art 109-I) lo que deberá ser decidido en un complejo sistema de juicio ante la Cámara de Senadores que promoverá la de Diputados Es evidente que el ejercicio profesional no constituye el "ejercicio de sus funciones" o que sus resultados puedan generar las consecuencias a que se refiere el art 109-I aunque por los rumbos del perjuicio de los intereses públicos, se podría pensar en algo parecido al hecho de que el Poder Ejecutivo, a través de una sentencia definitiva, pueda ser condenado al pago de cualquier suma Estoy convencido de que el ejercicio profesional, por sí mismo, no es incompatible con la función legislativa El tema del conflicto de intereses que invoca mi amigo el senador Demetrio Sodi de la Tijera no me parece que se presente por el hecho de que el legislador pelee en contra de algún organismo central o paraestatal del Ejecutivo El tráfico de influencias podría darse, pero eso exigiría la comprobación de la conducta ilícita del juzgador Que es muy frecuente por supuesto, pero complica el tema de la prueba Lo que es evidente y no lo puedo disimular es que los honorarios ciertos o presuntos de los señores legisladores me dan una envidia absoluta Espero que el señor Fisco esté pendiente de cobrar su nada modesta participación