México, D F, 1 de octubre (apro)- La sanción de cuando menos 500 millones de pesos al PAN y PVEM por haber incurrido en actos ilegales durante la campaña presidencial del 2000, ha puesto nuevamente en la mesa de discusión la necesidad de actuar con mayor fuerza en el castigo de los llamados delitos electorales Así se dijo en el caso del Pemexgate, así se dice ahora con "Amigos de Fox" Los comicios presidenciales del 2000 fueron, aunque parezca paradójico por aquello del cambio, una de las elecciones más sucias en la historia electoral del país Ni uno de los tres partidos fuertes del país ?PRI, PAN y PRD-- se salvaron de cometer actos irregulares en sus campañas y todos han sido castigados sólo con una sanción económica, a pesar de la gravedad de las anomalías El IFE, como autoridad sancionadora decidió actuar en los tres casos de la manera más tersa posible para no lastimar la presencia de los partidos en cuestión A pesar de contar con sanciones más severas, los consejeros electorales decidieron aplicar multas económicas, descartando el retiro del registro como se prevé en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) para delitos de suma gravedad Pero este tipo de sanciones no sólo no detendrá acciones futuras de irregularidades en las campañas políticas, sino que motivará a los partidos y sus candidatos a cometerlas bajo la justificación de que "el fin justifica los medios" ¿Cuánto cuesta violar las leyes? ¿Cuánto vale una irregularidad? Serán las preguntas que muchos aspirantes a puestos de elección popular harán a sus equipos de campaña para estimar no sólo el valor de la ilegalidad, sino de la victoria a como dé lugar, lo cual, traducido en términos simples, es el costo de la impunidad La multa al PRI fue de mil millones de pesos, al PAN y PVEM de más de 500 millones de pesos y al PRD de 6 millones, aunque no por fallas en la elección presidencial, sino en el reporte de gastos en las elecciones de diputados A los tres el IFE los acusó de haber violado el marco jurídico, pero los partidos han pagado el precio de la ruptura del orden legal como si hubiesen incurrido en una violación a las leyes de tránsito Esta es la impunidad "casi" normal en la vida de los partidos, actitud que en nada ayuda a la formación de una cultura democrática, pues sin darse cuenta el mensaje que están enviando a la ciudadanía es el de mayor desconfianza ¿O cómo creerle a alguien que no respeta las leyes bajo el argumento de que esto es necesario para vencer al adversario? Pero no solo los partidos están enviado este mensaje de impunidad y desconfianza a la ciudadanía, sino también lo están haciendo las propias autoridades electorales con las decisiones que están tomando para resolver las investigaciones de las denuncias de actos ilegales en los procesos electorales En el caso del IFE, como ya se dijo, se ha tomado el cómodo camino de las sanciones administrativas con multas económicas para quienes violaron las leyes electorales, pero en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la decisión de dar el triunfo al panista Fernando Aboitis en la delegación Miguel Hidalgo del Distrito Federal, a pesar de que rebasó los topes de campaña, abre un nuevo camino a la impunidad Muchos podrían decir que no hay que hacer tanto escándalo porque se trata solamente de una delegación política de la Ciudad de México, sin embargo habría que tomar en cuenta que la decisión fue tomada por la máxima autoridad electoral del país El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue creado recientemente para retirar cualquier duda que pudiera manchar los procesos electorales en el país Este es su origen, esta es su razón de ser Si no cumple con esta misión su permanencia podría ser cuestionada Este es el trasfondo de una decisión inapelable en el caso de la delegación Miguel Hidalgo, pero sí cuestionable por los partidos y ciudadanos Previa a esta resolución el Tribunal Electoral del Distrito Federal, al analizar las quejas que presentaron PAN y PRD sobre las elecciones en dicha delegación capitalina, encontraron que los candidatos de ambos partidos habían rebasado los topes de campaña con más de 500 mil pesos Pero como decidieron anular el resultado favorable hacia el PAN, quedando el perredista Agustín Barrios Gómez, los panistas decidieron acudir a la máxima autoridad judicial en materia electoral que después de un voto cerrado de cuatro magistrados en favor y tres en contra, les regresó el triunfo por considerar que el excesivo gasto no había influido en el resultado electoral El martes pasado, al conocer la resolución judicial en su favor el joven panista Fernando Aboitis emuló a Vicente Fox en su victoria del 2000: alzó el brazo haciendo la "V" de la victoria con la mano Se le veía feliz, a pesar de que su victoria estaba manchada por la ilegalidad de los topes de campaña rebasados, como también lo hizo Fox la noche del 2 de julio del 2000 al celebrar un triunfo también manchado por la ilegalidad Dentro de tres años habrá nuevas elecciones federales y en éstas nuevamente estará en juego no sólo el futuro inmediato del país, sino la aplicación estricta de las leyes Si las autoridades judiciales y electorales no han cumplido cabalmente con su tarea, es posible que vayamos a ver unas campañas sucias y con resultados dudosos por la violación a las leyes Así, la cultura de la impunidad tendrá una nueva expresión en el difícil camino de la transición democrática Es por eso que urge una nueva ley electoral más severa con los partidos políticos, pero también más estrictos con las propias autoridades responsables de aplicar la propia ley Comentarios jgolmos@procesocommx