Con una amplia experiencia internacional en casos de violaciones de los derechos humanos, el fiscal español Carlos Castresana formó parte de la comisión especial de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que realizó una evaluación jurídica de las investigaciones sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua En entrevista, señala que son tantas las irregularidades observadas, que lo más conveniente sería hacer todo otra vez, empezar casi desde cero Como fiscal ampliamente enterado de las violaciones de derechos humanos en las dictaduras de Argentina y Chile, el juez Carlos Castresana creía haberlo visto todo, hasta que se topó con los casos de crímenes de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua "¡Es lo más abyecto!", exclama Una vez que la comisión de especialistas de la ONU, de la que formó parte, entregó al gobierno de México el informe sobre dichos asesinatos, el fiscal español hace una evaluación jurídica y, sobre todo, personal de los crímenes contra 358 mujeres durante los últimos 10 años Del asombro pasó al horror "Como experiencia personal, es dura Yo tengo conocimiento detallado de lo ocurrido en la guerra sucia en Argentina y en Chile; de las circunstancias terribles en las que se producía la privación de la vida de las víctimas de esas dictaduras militares, y pensaba que eso era lo peor que había visto en mi vida, lo peor a lo que me había enfrentado en mi carrera profesional, hasta que fui a Ciudad Juárez" Y es que, dice, examinar los sumarios de las desapariciones y muertes de mujeres en Ciudad Juárez, "me hizo entender que hay todavía una realidad más terrible que los centros de detención de las dictaduras del cono sur" Lo que encontró fueron "condiciones de depravación, de abyección ética y moral en las que se ha producido no sólo privación de la libertad, sino atentados contra la libertad sexual de esas mujeres, muchas de ellas apenas niñas o adolescentes Eso, la forma como se les ha quitado la vida y la manera como han sido abandonados los cadáveres semidesnudos después de tantas agresiones -incluso atropellados después de ser arrojados al desierto-, me lleva a afirmar que se trata de las más inhumanas conductas con las que me haya enfrentado en más de 20 años de carrera profesional" Carlos Castresana es fiscal anticorrupción de España y portavoz de la Unión Progresista de Fiscales Es el responsable de haber iniciado el juicio contra el dictador chileno Augusto Pinochet, caso que marcó un hito en la aplicación de la justicia en tribunales internacionales Además, en 1996 amplió la denuncia que presentó la Asociación Argentina de Derechos Humanos de Madrid para el caso de los asesinatos de ciudadanos españoles durante la dictadura en ese país Se trata de uno de los expertos más reconocidos en juicios por violaciones de derechos humanos Con esos antecedentes, fue invitado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, junto con otros especialistas, para realizar una evaluación jurídica de las investigaciones que han hecho las autoridades estatales y federales mexicanas sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua Como especialista en leyes, Castresana encontró graves deficiencias en los procesos de investigación efectuados por los fiscales o ministerios públicos mexicanos y, además, graves errores en los criterios aplicados por los jueces Tantos, que lo llevan a suponer que se trata de un caso de corrupción en la justicia mexicana -Cuando observó cómo se había investigado, cómo se había tratado este tema, ¿qué fue lo que pensó? -Pensé que hay una deuda con todas esas mujeres por parte de los cuerpos de justicia, de los policías, fiscales y jueces, del conjunto de la sociedad, porque no se explica que casos tan gravísimos hayan podido permanecer años sin obtener la respuesta institucional adecuada Sobre todo, explica, porque esta irresolución se tradujo en una cadena de nuevos crímenes "Creo que hay que poner un alto, que el informe (de la ONU) es una llamada de atención poderosa, y en ese sentido me gustaría pensar que va a resultar de utilidad, como una llamada a las conciencias, porque no estamos hablando de que no está funcionando un determinado organismo contable, tributario o de otra naturaleza del Estado, sino de un drama humano de dimensiones indescriptibles que no puede permanecer un día más sin que todas las autoridades estatales y federales pongan absolutamente todos los medios necesarios a disposición de estas investigaciones para asegurarse de que se produce la detención de los culpables y el castigo Es preciso que no se produzca un crimen más" El gran reto -Independientemente del informe de la ONU, de manera personal, como juez que es y ha sido, ¿qué opinión le merecen el trabajo que han hecho los jueces mexicanos sobre los asesinatos de mujeres? -En cuanto a las resoluciones que han sido objeto de examen, parece que hay una vejación importante de la responsabilidad que corresponde a los jueces y fiscales, tomando en cuenta que la función judicial del ministerio es un servicio público que debe estar a disposición de los ciudadanos, de la sociedad "El caso paradigmático sería éste: estamos ante una situación donde las victimas son mujeres, en general jóvenes, solteras -muchas migrantes-, pobres y, por tanto, en la mayor desprotección ante los terribles ataques que han padecido "En ese contexto, no entiendo que pueda haber negligencia, descuido o falta de escrúpulos profesionales que justifique la enorme desatención de estos casos en los procedimientos hasta ahora incoados Se ha producido la presentación en calidad de detenidos de personas contra quienes la prueba de cargo es demasiado débil, con dudas fundadas en informes médicos y en fotografías, además de testigos cuyas declaraciones autoinculpatorias habían sido obtenidas con violación de sus derechos fundamentales, con tratos crueles y degradantes, con torturas "No solamente no se ha procedido a investigar, sino que se han dado por buenas esas declaraciones, incluso en algunos casos extremos en los que esas declaraciones muy poco tiempo después eran objetivamente contradichas por datos comprobados de manera científica En esos casos, seguir con un procedimiento en el que algunas personas están hasta siete años en prisión preventiva, en medio de un proceso oscurantista donde no hay ninguna transparencia en lo que se está haciendo y sin ninguna conexión con la sociedad civil que está demandando justicia, parece que es la más completa de las disfunciones de un aparato judicial" -¿Es un gran reto para el sistema judicial mexicano? -Indudablemente, y dada la repercusión internacional que el caso ha adquirido, es el principal reto de la imagen pública de México como estado de derecho, porque el caso de Ciudad Juárez es conocido en los cinco continentes Conocedor de la importancia de la participación de la sociedad civil en este tipo de casos, el fiscal Castresana considera que en México la sociedad debiera aunar esfuerzos para exigir voluntad política a las autoridades, así como los medios necesarios para hacer justicia Incluso, estima que no se necesitan grandes reformas procesales para hacer frente a este fenómeno "Hay reformas procesales que serían recomendables y convenientes, pero, en todo caso, con los medios legales de que se dispone, si existe la voluntad, si existen los medios personales y materiales, México está en perfectas condiciones de hacer frente a este fenómeno y erradicarlo" Particularmente porque Castresana observa que los asesinatos de mujeres no es un fenómeno exclusivo en Ciudad Juárez, sino que está presente en todo el país "No es el único sitio donde se están produciendo homicidios de mujeres; estamos hablando de una situación que tiene en Ciudad Juárez la punta del iceberg, pero que está extendida en toda la República Esto supone, además, una cierta cultura de desprecio por la violencia de género, que es un capítulo fundamental de México y de fuera y que debe ser asumido con todas las consecuencias Solamente desde ese entendimiento se va a poder solucionar y erradicar el fenómeno" El colapso en la justicia mexicana Entregados ya el informe de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en México, así como el especialmente dedicado a los asesinatos de Ciudad Juárez, el fiscal Castresana refuerza la observación de que el sistema de justicia mexicana puede tener un grave problema de corrupción -El informe ha tocado un punto del que poco se había hablado: el de los jueces y de una posible corrupción ¿Cómo se detectó esto? -Efectivamente, en los informes anteriores, como el de la CNDH de 1998 y los de algunas organizaciones de derechos humanos importantes, se insistía mucho en las deficiencias que presentaban los casos en la fase de investigación, es decir, en las cosas que hacían mal la policía y la Procuraduría de Justicia del estado de Chihuahua "Pero nosotros, no por este caso en particular, sino en base a una experiencia que puede ser observable en cualquier país, hemos interpretado -y no por voluntad, sino porque así es la realidad- que cuando se produce un colapso en el sistema de justicia de un país como México, o en un estado como Chihuahua, no es responsabilidad de uno solo de los eslabones de la cadena de procuración de justicia "El colapso del sistema no sería tan grave si no fallase en su conjunto, en su integridad, y nosotros ponemos el acento en lo que hemos visto en el hecho de que los responsables últimos del proceso penal son naturalmente los jueces De manera que la responsabilidad en esa cadena se va trasmitiendo eslabón por eslabón, pero al final se tiene la posibilidad de cortar las irregularidades o las deficiencias y dar marcha atrás para que sean subsanadas" Explica: "Cuando en una investigación la Policía Judicial no hace lo correcto -en la inspección ocular del lugar del crimen o del hallazgo del cadáver, en la forma de detención o en el interrogatorio de los sospechosos-, la responsabilidad es de la policía; pero cuando esa irregularidad, sin ser subsanada es incorporada al proceso, la culpa es ya del fiscal Y cuando, finalmente, todo eso constituye la base fundamental sobre la que se construye la sentencia, la responsabilidad es del juez que firma esa sentencia" Aclara que la misión del grupo de la ONU no fue juzgar a los jueces mexicanos, sino realizar un diagnóstico de las investigaciones, pero advierte que de acuerdo con la experiencia internacional acumulada, lo ocurrido en Juárez aporta indicios de corrupción "No podemos extender -precisa- una sombra generalizada de corrupción sobre los distintos operadores jurídicos, no sería justo, y, además, no lo hacemos porque no tenemos elementos para hacerlo Si queremos ser rigurosos, tenemos que decir que la experiencia internacional enseña que cuando se produce durante años un sistema de ineficiencias o de insuficiencias en la investigación tan grave y tan reiterado que se ha convertido en un patrón sistemático, no solamente hay incapacidad profesional, sino que hay necesariamente, también, al menos indicios de corrupción" -¿Ha habido incapacidad en todos los niveles? -Yo creo que sí Posiblemente en un primer momento no se tuvo noción de la gravedad del problema, pero con los años y con la reiteración de los casos, pues era evidente Se ha perdido tiempo Afortunadamente, podemos estar en condiciones de que ya no se pierda más tiempo, porque las mujeres de Ciudad Juárez no lo merecen y tienen derecho a la protección del Estado Al final, el fiscal Castresana sólo ve una salida: "Hay que hacer todo otra vez, hay que empezar casi desde cero, hay que hacer bien las cosas, sobre todo, asegurándose de que los que están en la cárcel son los culpables, y de que los criminales no puedan seguir en la calle"