Procesos Contra Torturadores Salvadoreños, En Eu

lunes, 15 de diciembre de 2003
San Salvador, 12 de diciembre (apro) - El excoronel salvadoreño Nicolás Carranza, en la actualidad con 70 años de edad, residía tranquilamente en la ciudad estadunidense de Memphis, en el estado de Tennessee Quizá pocos lo conocían a su alrededor y, en El Salvador, su recuerdo –aunque lejano-- no ha dejado de producir estupor Un abogado joven y elegante se presentó a su casa, este último 10 de diciembre, y le entregó de manera personal un documento que contiene una demanda judicial en su contra, por torturas y asesinatos cometidos supuestamente bajo su responsabilidad en la década de 1980 El excoronel leyó el documento y sólo dijo que no conocía a las personas que lo estaban demandando El abogado querellante le indica que tiene que conseguir a otro litigante que lo represente, y contestar a la demanda en un lapso de 20 días Nicolás Carranza fue en los años finales de los setenta y principios de los ochenta, jefe de la Policía de Hacienda (PH) y viceministro de Seguridad Pública, años que fueron de una alta represión política El Socorro Jurídico Cristiano, que patrocinaba el arzobispo Oscar Arnulfo Romero, tiene una cuenta de 11 mil 903 asesinados entre la población civil sólo en 1980 Entre los ejecutados estaba el propio arzobispo Romero, cuatro monjas norteamericanas, líderes políticos como el democristiano Mario Zamora; el rector de la Universidad de El Salvador (UES), Félix Ulloa, así como la cúpula del Frente Democrático Revolucionario (FDR), una organización cívica de oposición encabezada por Enrique Álvarez Córdoba Precisamente, The Center for Justice & Accontabiliti (CJA), con sede en San Francisco, California, ha demandado al excoronel Nicolás Carranza, en representación de una de las viudas de los seis líderes del FDR que fueron asesinados aquel 27 de noviembre de 1980, múltiple crimen del cual se responsabiliza a la Policía de Hacienda En el Informe de la Comisión de la Verdad (1993), auspiciada por las Naciones Unidas (ONU) para investigar los más graves hechos de violencia política, indica que: “concluye que fue una acción (captura, secuestro y posterior asesinato) llevada a cabo por uno o varios cuerpos de seguridad pública, y que la Policía de Hacienda realizó el operativo de seguridad exterior que facilitó y encubrió a los autores” Las otras seis demandas que son presentadas contra el excoronel Carranza por el CJA y la firma de abogados de Tennessee, “Bass, Berry & Sims”, se refieren a casos de asesinatos y torturas, como por ejemplo: --Ana Patricia Chávez, Oscar Chávez y Haydé Durán, hijos de Humberto y Guillermina Chávez, miembros del sindicato de maestros “Andes 21 de Junio”, asesinados por las fuerzas de seguridad en julio de 1980 en la residencia familiar en Ahuachapán, El Salvador Ana Patricia además interpone la demanda por tortura por haber sido forzada a presenciar la tortura y ejecución de su madre Los tres hijos residen actualmente en California --Cecilia Santos era estudiante de la Universidad de El Salvador y empleada del ministerio de Educación cuando fue arrestada en un centro comercial en el centro de San Salvador, en septiembre de 1980 Cecilia fue retenida en el edificio de la Policía Nacional (PN) durante ocho días, torturada repetidamente con ácido y mediante aplicación de descargas eléctricas Más tarde fue trasladada a la prisión de mujeres, tras ser acusada de subversiva Jamás recibió asistencia legal o fue llevada ante un juez Permaneció en prisión durante tres años donde sufrió una embolia como consecuencia de las torturas sufridas Cecilia huyó a Estados Unidos en 1983, tras ser puesta en libertad por aplicación de una amnistía general, y en la actualidad reside en Nueva York --Francisco Calderón y demandante anónimo Francisco trabajaba en una fábrica de tabaco en septiembre de 1980, cuando una noche, a última hora, miembros de la Policía Nacional (PN) aparecieron en su casa en las proximidades de San Salvador Al abrir la puerta, varios hombres uniformados le obligaron, a punta de pistola, a tumbarse en el suelo El padre de Francisco, don Paco Calderón, director de una escuela y líder del sindicato de maestros “Andes 21 de Junio”, en Ahuachapán, apareció en la entrada y ordenó a los hombres que soltaran a su hijo Paco Calderón fue apresado y, tras un breve forcejeo, baleado y asesinado delante de su hijo Francisco en la actualidad reside en California Francisco interpone la demanda, además, por tortura, dado que fue forzado a presenciar la ejecución de su padre El demandante anónimo es, así mismo, familiar de Paco Calderón, y su nombre se ha omitido por razones de seguridad Las culpas del excoronel De acuerdo con la abogada del CJA, Almudena Bernabeu, lo que se le imputa a Carranza en este caso se basa en su responsabilidad como comandante por los abusos cometidos por las fuerzas bajo su mando Y agregó que “bajo la doctrina internacionalmente conocida como de responsabilidad de mando, un comandante del ejército puede ser considerado responsable por los delitos cometidos por sus subordinados, si dicho comandante supo o debía haber sabido que tales abusos se produjeron y no adoptó las medidas adecuadas para prevenir que se cometieran o para castigar a quienes los cometieron” El pasado año, el CJA, bajo el mismo concepto con el que ahora se procesará a Carranza, obtuvo una victoria en la demanda contra los exgenerales y exministros de Defensa de El Salvador, José Guillermo García y Carlos Eugenio Vides Casanova Un jurado de Miami les condenó a pagar 54 millones de dólares a tres sobrevivientes de torturas en las cárceles salvadoreñas, cuando ellos ejercían el mando Otro caso en el cual la demanda favoreció a una familiar de un ejecutado, fue el juicio civil contra el militar chileno, también en Miami --septiembre de 2003--, acusado de pertenecer a los escuadrones de la muerte denominados “Caravana de la Muerte” El acusado, el excapitán Armando Fernández Larios, fue obligado a pagar 4 millones de dólares por concepto de reparación de daños a la familia del economista chileno Winston Cabello, asesinado en 1973, en Santiago de Chile Finalmente, la jurista internacional Bernabeu aseguró que la demanda contra Carranza se ha interpuesto al amparo de la Ley Federal de Demandas Civiles para Extranjeros --Alien Tort Claims Act--, la cual otorga a los sobrevivientes de atroces violaciones a los derechos humanos, da igual donde se hayan cometido, el derecho a demandar a la persona o personas responsables ante un tribunal norteamericano” Y agregó que la “otra legislación, es la Ley para la Protección de Víctimas de Tortura --Torture Victim Protection Act--, aprobada formalmente en 1992 por el expresidente George Bush, misma que reconoce el derecho a ciudadanos norteamericanos a demandar a individuos que gozan de autoridad aparente, o queden bajo causales de la ley por actos de tortura y ejecución extrajudicial Al amparo de ambas leyes, los tribunales federales norteamericanos tienen jurisdicción cuando al responsable se le notifica la demanda mientras se encuentra en suelo norteamericano” Esperanza en El Salvador En El Salvador no ha sido posible juzgar ningún caso de violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil, porque está vigente una amnistía general que defiende a todos los que cometieron crímenes de lesa humanidad, hayan sido militares o guerrilleros “Pero este tipo de juicios nos confirman cada vez más que se acerca el camino para que los juicios contra graves violaciones a los derechos humanos se puedan realizar en El Salvador Este es un clavo más para el ataúd de la impunidad en El Salvador”, dijo Benjamín Cuellar, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) Por su parte, María Julia Hernández, de Tutela Legal del Arzobispado, también consideró que los juicios deben hacerse en El Salvador “Será la posibilidad de los salvadoreños de encontrarse con su verdad, de cicatrizar sus heridas y de reparar el daños a las víctimas”

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