Coyuca de Benítez, Gro , 15 de julio (apro)- La amenaza de muerte que recibió Benigno Guzmán Martínez, fundador de la Organización Campesina Sierra del Sur (OCSS), y que fue atribuida al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), “debe tomarse con mucha seriedad”, debido a los antecedentes de ejecuciones llevadas a cabo por grupos armados en Guerrero en los últimos cinco años, advirtió Hilda Navarrete Gorjón, directora del Centro de Derechos Humanos de Coyuca de Benítez “La voz de los sin voz” La activista recordó que las luchas intestinas de agrupaciones como la OCSS, así como la impunidad, “han dejado desde 1995 más de 30 muertos; éste año llevamos tres, todos sin resolver; en el fondo tienen que ver con la descomposición de lo que fue la OCSS” Navarrete Gorjón, quien llevó la defensa de Benigno Guzmán mientras estuvo en el penal de Acapulco acusado de obstaculizar las vías de comunicación y de tomar el Ayuntamiento de Coyuca de Benítez en diversas ocasiones, resaltó que en la sierra de este municipio, “hay grupos de autodefensa que no han encontrado otra salida a la impunidad, por la serie de crímenes que han ocurrido y que no han tenido solución” Muchos de esos crímenes, añadió, han tenido como víctimas y victimarios a miembros de organizaciones sociales, y a personas identificadas con los gobiernos priistas y con ganaderos de la región En el trienio pasado, recordó, “se supo de la existencia de un grupo paramilitar, auspiciado por Julio César Reséndiz (priista) que servía a los intereses de los ganaderos de la sierra, en especial de Tepetixtla” Al frente de ese grupo, resaltó, estaba la familia Benítez Carbajal, ganaderos de Tepetixtla, que formaron parte de la OCSS y fueron militantes del PRD “No conozco los motivos por los que se dividieron y formaron una organización propia, y después se registraron muertos de este bando, el de Aarón Benítez; después se atentó contra otra escisión, y fue asesinado el hermano de Benigno, Bartolo, esto antes de la matanza de Aguas Blancas”, recordó Navarrete Después de la masacre de los 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, los crímenes continuaron, y la mayoría no fueron consignados, aunque se abrieron averiguaciones previas, relató la defensora de derechos humanos Para Navarrete, los casos más lamentables, son las muertes de Emiliano Estévez Mondragón, Fortunato Avelino Hizache y Paula Galeana Balanzar, asesinados en 1998 por bases del EPR, según investigaciones de la AFI; esto debido a que no han sido reivindicados como miembros de la OCSS “Ellos fueron dirigentes de la OCSS en sus comunidades y recibieron avisos del grupo armado en los que eran acusados de traidores, no sé qué relación tenían los muchachos con el EPR ni cómo pudieron traicionarlos”, señaló Los familiares de los jóvenes dirigentes de la OCSS denunciaron los hechos tres años después de su desaparición y muerte ante la PGR, lo que derivó en una investigación que se encuentra detenida, bajo el expediente PGR/UEDO/082/2002 15/07/03 La investigación arrojó que los crímenes de fueron perpetrados por divisiones internas y conflictos de liderazgo dentro de la OCSS y el EPR, “un ejemplo más de la descomposición de los grupos sociales como la OCSS y los armados, ambos infiltrados por corporaciones policiacas y militares”, admitió la defensora A pesar del llamado de Navarrete Gorjón, el alcalde de Coyuca, Rafael Ariza Bibiano, se deslindó de las amenazas que recibió el dirigente En entrevista, el alcalde destacó que nada tiene que ver “con la vida particular de Benigno Guzmán y los problemas que él traiga, él hace un señalamiento de la toma del día 28 junio; pero una cosa es el ayuntamiento y otra la amenaza de estas personas” Ariza negó tener relación con cualquier grupo armado y rechazó tener vínculos con paramilitares “No tenemos guardias blancas ni necesitamos andar amenazando a las personas por lo que pasa en el municipio”, aclaró