* El exlíder Ramos Bustamante intentó apoderarse ilegalmente de los bienes de la Confederación Cancún, Q Roo, 11 de agosto (apro)- Objeto de una oleada de críticas por su relación con la debacle del PRD con el gobierno del estado, y aún más por una sospechosa y señalada relación con el gobernador priista Joaquín Hendricks, el exlíder de la CROC, Salvador Ramos Bustamante, se precipita hacia nuevos problemas con la justicia De acuerdo con documentos en poder de apro, Ramos Bustamante desde hace años urdió una compleja operación ilegal con la que casi se apropia de numerosos predios e inmuebles del patrimonio de la central obrera que dirigió en el estado durante 20 años, y de la que fue echado por su dirigente nacional, Alberto Juárez Blancas, en el año de 1996, en una negociación con el entonces gobernador Mario Villanueva Madrid Miembros de la “Corriente Renovadora” del PRD, recientemente expulsados por criticar a la familia Ramos, aseguraron que no se ha ejecutado una nueva orden de aprehensión contra Salvador Ramos por la cercanía que tiene con el gobernador Hendricks Del mismo modo, la directiva actual de la CROC se dice “sorprendida” porque “Ramos Bustamante debería estar en el bote ahorita”, según afirmó Martiniano Maldonado Fierro, secretario estatal de Finanzas de la organización Se trata de un añejo litigio sostenido entre Ramos Bustamante y Roberto Castellanos Tovar, el dirigente que lo sustituyó cuando el primero fue expulsado de la CROC en un Congreso Nacional, y que se resolvió recientemente en favor de los actuales dirigentes de esa central obrera De acuerdo con el amparo directo promovido por la CROC de Castellanos Tovar, luego de su destitución, Ramos Bustamante fingió una operación crediticia que afectó las propiedades del sindicato y que al final hacían que un incumplimiento de ese adeudo dejara otra vez en sus manos siete terrenos y tres edificios en varios municipios del estado, incluido el que ocupa la sede estatal de esa organización en Cancún Es decir, destituido pero aún con la personalidad legal de secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Ramos Bustamante conservaba en paralelo la asociación civil denominada “Macrocentro Cultural Recreativo y Ecológico de la CROC”, desde 1991 en sociedad prácticamente con todos los dirigentes sindicales que fueron destituidos junto con él Con ese membrete firmó un presunto crédito otorgado por esa nueva organización para la CROC estatal Él mismo firmó como beneficiario de la Confederación por ese préstamo Al cabo de un tiempo interpuso una demanda civil-mercantil para reclamar el pago del millón de pesos, y también se ocupó de dar una dirección diferente para oír notificaciones que impidió que los nuevos dirigentes croquistas se enteraran de esa operación La CROC fue acusada de rebeldía por no acudir a los citatorios y por orden del juez XVI de lo Civil de Primera Instancia, se ordenó el embargo de los terrenos y lotes señalados, los mismos que se pusieron a remate para saldar el millón de pesos más los gastos de moratoria y del propio juicio, y todo en favor de Ramos Bustamante Para esa estrategia, Ramos formó la asociación civil mencionada junto con otros exdirigentes croquistas, según la copia de su acta notariada –cuya copia también obra en poder de esta agencia— por el despacho de Rosalía Yeneti Ayora Los socios con Ramos Bustamante son: Isidoro Mendoza de la Cruz, Jorge Lara Marín, Cornelio Mena Kú, Javier Sánchez Lozano, Janitzio Ramos Hernández, Luz María Beristáin Navarrete, Néstor Baños Baños –fallecido--, Andrés Mora, Enrique Sotelo Gernponimo, José Luis López, Ausencia Aquiles Gómez y Guido Espadas Medina –otros tres nombres aparecen ilegibles en la copia De acuerdo con Martiniano Maldonado Fierro, actual secretario de Finanzas de la CROC estatal, esa organización emprendió acciones legales contra Ramos Bustamante por ese intento de defraudar a la central obrera, “y ahora mismo debería estar en el bote” Según el dirigente, está pendiente una orden de aprehensión contra Ramos Bustamante, quien actualmente es consejero nacional del PRD, y padre y suegro, respectivamente, del líder estatal perredista Alejandro Ramos Hernández y del dirigente municipal del mismo partido, Rafael Quintanar Luego de las elecciones federales del 6 de julio pasado, Ramos Bustamante fue acusado del fracaso de ese partido en la entidad, donde se desplomó hasta el quinto lugar electoral con el 45 por ciento del total de los votos Recientemente el líder estatal Ramos Hernández anunció la suspensión de derechos partidistas a una docena de perredistas miembros de la recién anunciada “Corriente Renovadora”, cuyo principal objetivo era la destitución de la familia Ramos de los cargos dirigentes en el PRD estatal Rubén Durán Cachón, miembro de la “Corriente Renovadora”, acusó además a Ramos Bustamante de negociar con el gobernador a cambio de la toma de nota de otros sindicatos, de obtener prebendas como terrenos del fondo legal del gobierno del estado y de pretender que los diputados perredistas en el Congreso local voten en favor de la iniciativa de reformas del Poder Judicial presentada por el mismo gobernador, Joaquín Hendricks De hecho, el propio hijo de Salvador, el líder estatal Alejandro Ramos Hernández, pidió a los dos diputados perredistas que votaran en favor de esa iniciativa en la pasada reunión de Consejo Político estatal, pues argumentó que “en la convivencia política es necesaria la negociación”