* La decisión vulnera la posibilidad de reducir el costo fiscal del rescate bancario México, D F, 19 de agosto (apro)- A pesar que el Tribunal Décimo Segundo Colegiado determinó, el 15 de agosto, que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario puede realizar las auditorías de “gestión, existencia y legalidad” a cuatro bancos --Banamex, Bancomer, Banorte y Vital--, el IPAB informó que no realizará la de “legalidad” Con esta decisión, asumida de manera unilateral por el director del IPAB, Julio César Méndez, disminuye la posibilidad de que el gobierno reduzca el costo fiscal del rescate bancario, además que resultaría más difícil fincar responsabilidades a quienes formaron parte del Comité del Fobaproa Entre ellos el actual director del Banco de México, Guillermo Ortiz, y el vocal del IPAB, Héctor Tinoco Y es que a partir de estas auditorías --que la Comisión Permanente exhortó al IPAB realizar, el 13 de agosto, y que son de gestión, existencia y legalidad-- se podría llegar a detectar irregularidades e ilegalidades que se cometieron al incluir, en el llamado Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC), a los cuatro bancos y que, según el auditor Michael Mackey y el excontralor del IPAB, Fortunato Álvarez, sumaron 45 mil millones de pesos a valor histórico de 1995 De las tres auditorías que el Tribunal XII Colegiado autorizó al IPAB realizar, la más importante es la de legalidad, ya que en ella se puede detectar si el origen de las “operaciones” realizadas en el Fobaproa fue legal o no La tarde del martes, el instituto emitió un comunicado donde pretende justificar que no puede realizar la auditoría de legalidad --a pesar que el tribunal falló contra los cuatro bancos--, porque para ello requiere los llamados “documentos de trabajo” de Michael Mackey, y éstos no pueden ser entregados al IPAB, ya que los bancos se ampararon para evitarlo Sin embargo, dichos documentos no son necesarios para que se realice la auditoría de legalidad, ya que el IPAB cuenta con los llamados bank reports, y que son el resumen de los documentos de trabajo, explicó Mario Di Constanzo, exsecretario técnico de la comisión que dio seguimiento al trabajo del IPAB y que dependía de la Cámara de Diputados Así, de acuerdo con Di Constanzo, el IPAB, a pesar de no tener los obstáculos legales que le impedían realizar dichas auditorías, hay un nuevo pretexto beneficiando finalmente a los bancos, pues se reduciría el monto de las ilegalidades que se pudieran detectar, pero que, en su momento, fueron documentadas por Michael Mackey y Fortunato Álvarez