*El Grupo de Familiares y Amigos de Presos Políticos en México asegura que la militarización es parte ya de la vida cotidiana Jalapa, Ver , 4 de agosto (apro)- En el actual gobierno de Vicente Fox Quesada, la “guerra sucia” continúa cobrando víctimas; la militarización se ha vuelto parte de la vida cotidiana en las regiones más pobres y se han multiplicado las denuncias de acoso cometidos por el ejército en los retenes instalados en caminos y carreteras donde hay comunidades indígenas, acusa un informe de la organización Grupo de Familiares y Amigos de Presos Políticos en México (GFAPPM), con sede en Vancouver, Canadá Formada a raíz de las “detenciones arbitrarias, secuestro y tortura” de Jacobo Silva Nogales, Gloria Arenas Agis, Fernando Gatica Chino y Felicitas Padilla Nava, la GFAPPM señala en su primer boletín de prensa, que en el país los campamentos militares se han instalado principalmente en comunidades indígenas y en aquellos lugares donde existe alguna organización independiente, por lo que las mujeres no salen solas, pues se han suscitado casos de violación y los campesinos ya no pueden trabajar por el temor a ser desaparecidos, detenidos o torturados, “con el pretexto de pertenecer a grupos guerrilleros” El texto de la ONG agrega que la militarización en México se pretende esconder bajo nuevos nombres y uniformes, “pues ahora se llaman Agencia Federal de Investigaciones” (AFI), Policía Federal Preventiva (PFP) o Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO)”, y las llamadas fuerzas de seguridad, “siguen torturando, desapareciendo personas y hostigando a luchadores sociales” Refiere que en lo que va de la administración del presidente Fox, muchas organizaciones han registrado un incremento en las violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, la Liga Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) reportó 290 casos de detenciones arbitrarias; y la organización Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT), 27 desapariciones y 200 casos de tortura Uno de los casos más sobresalientes es el del secuestro y tortura de seis adultos mayores de 60 años, detenidos por la UEDO en Tecoanapa y Ayutla, Guerrero, quienes actualmente están arraigados, acusados de secuestro y de ser militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), agrupación militar que en un comunicado desmintió la versión de las autoridades Por otro lado, considera que la lucha social del pueblo mexicano es “criminalizada” mediante “leyes absurdas”, como la recién aprobada “ley antibloqueos” en el estado de Guerrero, la cual castiga con dos y hasta 10 años de cárcel a quienes obstruyan las vías de comunicación, y ésta ya está siendo aplicada para detener a luchadores sociales de esa entidad A diferencia del “discurso mercantilista” de Vicente Fox, agrega, la realidad en México es otra, pues mientras se han aprobado leyes de amnistía “amañadas” como las de Guerrero y Oaxaca, “el número de presos políticos mexicanos va en aumento”, y muchos delitos de los que son acusados “han sido fabricados mediante la tortura” El informe hace referencia a la preocupación manifestada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la negligencia que ha caracterizado las investigaciones del asesinato de la abogada Digna Ochoa y Plácido, que para el pueblo mexicano “tiene más cara de crimen de Estado, cometido deliberadamente desde el poder, como parte de la ‘guerra sucia’ que se vive en México” Esta “guerra sucia”, dice, “es la punta de lanza y soporte del neoliberalismo” que no le importa “someter y pisotear la dignidad humana”; es el caso del desplazamiento de comunidades indígenas en Montes Azules, el cual esta abriendo la brecha para la imposición del Plan Puebla Panamá (PPP), “que busca expandir los procesos de mercantilización de las tierras, el subsuelo, ríos, bosques, sitios arqueológicos, playas, cultura y sabiduría indígena” Con estos ejemplos, para esta agrupación civil queda claro que la “guerra sucia” que se vive en México, “es un hecho ligado a los planes neoliberales que el capital global está imponiendo en el país” Es decir, apunta que el llamado “gobierno de la alternancia”, al igual que los anteriores, “privilegia los intereses capitalistas a costa de la soberanía nacional” y, por eso, “carece de legitimidad”, situación que se refleja en las recientes elecciones, en donde sólo 40 por ciento de la población salió a votar En torno al caso de Jacobo Silva Nogales, Gloria Arenas Agis, Felicitas Padilla Nava y Fernando Gatica, detenidos y encarcelados hace cuatro años, menciona que la impunidad y la injusticia continúan, ya que las denuncias por tortura interpuestas ante la PGJDF y la CNDH en diciembre de 1999, están estancadas, aun cuando las condiciones carcelarias en que están “son inhumanas” Se les cobra por agua, comida y ropa En este caso, la ONG recuerda que Fernando y Felicitas fueron sentenciados a cinco años y siete meses por rebelión, en tanto que Jacobo y Gloria a 46 años y siete meses por los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio y daño en propiedad ajena, además por el delito de rebelión Sin embargo, subraya, “aún estamos en espera de la ratificación”, y puede ser que los años de cárcel aumenten, “imputándoles otros delitos igualmente prefabricados”