* Los nuevos “Amigos de Fox”: Beta San Miguel, grupos Sáenz y Porres, Biasa, Carlos Seoane y Juan Bueno Torio México, D F, 22 de septiembre (apro)- La debacle de la industria azucarera surgió en 1998, cuando empezó el declive del precio del dulce y el endeudamiento de algunos grupos azucareros, entre ellos Caze (Consorcio Azucarero Escorpión), propiedad de Enrique Molina Sobrino, quien acumuló una deuda de 878 millones de dólares Además, se vio involucrado en varias investigaciones por presunta falsificación de documentos aduanales y de Hacienda, con los que presuntamente justificó la exportación de 114 mil toneladas de azúcar que, según se supo después, nunca salieron del país Por ello Molina también habría incurrido en problemas fiscales Según explicó Juan Cortina, director de GAM, poco antes de la expropiación ya había un ‘Fobaproa’ azucarero, pues toda la industria le debía al gobierno 3 mil 500 millones de dólares que consistían en adeudos con Fina (Financiera Nacional Azucarera), pero el problema se mantuvo en silencio en el 2000 por no meterle ruido a la elección presidencial Desde que Vicente Fox era presidente electo, los industriales azucareros trabajaron con su equipo de transición para acordar acciones concretas y detener la caída de la industria azucarera Encabezados por Carlos Seoane, entonces presidente de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera, los industriales expusieron a Fox el desorden en el mercado interno, la caída de los precios del azúcar debido al ingreso del jarabe de maíz, conocido como alta fructosa, que era 60 por ciento más barato, y la negativa del gobierno de Estados Unidos para acatar lo pactado en el Tratado de Libre Comercio, en relación con la exportación de los excedentes de azúcar mexicana A Luis Ernesto Derbez, entonces secretario de Economía, le hicieron tres propuestas: nuevas fuentes de financiamiento hasta por mil millones de dólares, orden en el mercado y cumplimiento de compromisos de exportación Nunca se tocó el tema de la expropiación Además, se consideraron otras medidas: congelar un millón de toneladas de azúcar, con el fin de reducir los excedentes en el mercado y provocar un aumento en el precio, así como instrumentar un esquema de financiamiento de inventarios para el pago oportuno de la caña y evitar que los ingenios se vieran forzados a vender el dulce para pagar a los cañeros Nada de eso ocurrió El 3 de septiembre del 2001, el presidente anunció el decreto mediante el cual expropió 27 ingenios, propiedad de cuatro grupos azucareros: Hasta antes del 3 de septiembre del 2001, GAM poseía seis ingenios Su propietario, Juan Gallardo Thurlow, fue uno de los negociadores del TLC; Caze, cuyo dueño es Enrique Molina Sobrino, tenía nueve fábricas; Alberto Santos de Hoyos, seis, y Grupo Machado, dirigido por Teresa Machado, posee cuatro plantas Instrumentado por el entonces secretario de Economía, Luis Ernesto Derbez; Javier Usabiaga, de Agricultura, y avalado por Francisco Gil Díaz, de Hacienda, el decreto mediante el cual el gobierno expropió 50 por ciento de la industria azucarera nacional se fundamenta, básicamente, en: Que la agroindustria azucarera es una actividad de alto impacto social por su producción y por el empleo que crea en el campo mexicano; que el azúcar como producto generado por ella es un artículo de consumo necesario y constituye un elemento básico para la alimentación de la población de bajos ingresos por su alto contenido energético; y que las actividades que comprende, como es el caso de la siembra, cultivo, cosecha e industrialización de la caña de azúcar, son de interés público Otro pretexto fue la falta de pago a los cañeros y que los industriales azucareros tenían un endeudamiento fuera de límites, ya que varios créditos oficiales, en lugar de invertirlos en las fábricas, los habían desviado para crear otros negocios, por lo que los ingenios carecían de reparaciones adecuadas Pero a dos años de distancia, al gobierno de Vicente Fox se le empiezan a cerrar las salidas legales para sostener la expropiación, y el escenario se complica debido a que los grupos azucareros están ganando los amparos Y tan seguros están de recuperar lo expropiado, que algunos empresarios, como Juan Cortina, director de GAM, ya empiezan a hacer cuentas: Explicó que si el gobierno pierde los juicios, como se ve venir, “los 27 ingenios expropiados tendrían que regresar a sus dueños originales, y el gobierno desembolsaría una suma aproximada a los 400 millones de dólares por las utilidades obtenidas ilegalmente durante dos años” Y es que a lo largo de 24 meses de juicio en materia administrativa, el gobierno no ha sustentado legalmente el principal argumento de la expropiación: la utilidad pública Con base en la resolución del amparo 863/2002, emitida el 15 de agosto, Cortina Gallardo comentó que la situación financiera de la empresa no encuadra en ninguna de las razones legales que pretextó el gobierno para expropiar los ingenios El fallo judicial establece: “Se demostró que la causa de utilidad pública no quedó plenamente demostrada, ya que sólo se expropió la mitad de la industria azucarera; al haberse anunciado la reprivatización de los ingenios en un plazo no menor a un año y medio, la causa de utilidad pública se desvaneció El carácter de la administración de una empresa, su salud financiera, los adeudos con sus acreedores y las probabilidades de capacidad de inversión en insumos y bienes de capital, simplemente no fueron causa de utilidad pública” Con base en estos argumentos, los elementos expuestos en el decreto expropiatorio fueron desvirtuados en la primera de dos instancias, con lo que GAM está a tres meses de recuperar cuatro ingenios: “San Pedro”, “San Francisco”, “Benito Juárez” y “Lázaro Cárdenas” Y es que, según la juzgadora Mónica Alejandra Soto Bueno, a los argumentos oficiales les faltó motivación Expuso, por ejemplo, que el gobierno argumentó en su secreto expropiatorio: Que busca que la buena y honesta administración sea el común denominador de la agroindustria azucarera de la nación, eliminando las prácticas indebidas de un grupo de personas dedicadas a esta agroindustria y que han afectado profundamente el sector En la resolución del amparo, Soto Bueno, juez décima de distrito en materia administrativa, emitió el siguiente fallo: Es posible que deducir que (el gobierno) pretende justificar los extremos de la fracción VII del artículo 1 de la Ley de Expropiación, el cual se refiere a la defensa, conservación, desarrollo o aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de explotación Sin embargo, la redacción de ese párrafo es imprecisa, porque no especifica las prácticas indebidas de un grupo de personas dedicadas a la agroindustria azucarera a que se refiere en su texto que han afectado profundamente al sector Con base en los mismos argumentos, Grupo Machado también ganó dos amparos y corresponden a los ingenios “José María Morelos” y “Zapoapita” Y están por celebrarse las audiencias respecto de otras dos plantas industriales expropiadas: “La Margarita” y “Central Progreso” El Consorcio Escorpión sólo ha ganado un amparo y, en el caso de Alberto Santos de Hoyos, propietario de seis ingenios, aún no se celebra ninguna audiencia, pues permanece atrapado en las trampas dilatorias orquestadas por el gobierno Afectados y beneficiados Juan Cortina Gallardo y Teresa Machado aún no logran despejar una incógnita: si todos los grupos azucareros estábamos endeudados, ¿por qué sólo cuatro fuimos expropiados? Y es que a pesar de tener deudas elevadas, otros grupos azucareros no fueron expropiados, al contrario, resultaron beneficiados, como ocurrió con empresas como Beta San Miguel, Grupo Sáenz, Biasa y Seoane Ligado a Juan Bueno Torio --amigo cercano a Fox, expropietario del ingenio “San José de Abajo”, actual director de Pemex-Refinación y aspirante al gobierno de Veracruz--, el grupo Porres, propietario de los ingenios “Santa Clara”, “San Sebastián” y “Huixtla”, con fuertes deudas con Fina, fue otro de los consorcios que se salvaron de la expropiación No sólo eso: meses después, estos grupos lograron una reducción hasta de 30 por ciento de su millonario adeudo con el gobierno Sin embargo, a los grupos expropiados no sólo les quitaron los ingenios: el secretario de Hacienda ordenó que se practicaran 77 auditorías a Caze y a Enrique Molina, lo mismo ocurrió con GAM y su propietario Juan Gallardo Thurlow Además, los adeudos por el consumo de agua, que ascendían en algunos casos a 2 millones de pesos, pasaron a formar parte de las deudas fiscales de las empresas Tanto Machado como Cortina coincidieron en que el detonante de la expropiación pudo ser el caso especial de Caze, pues acumuló un fuerte adeudo de poco más de 800 millones de dólares Aún así, sostuvieron, la medida expropiatoria no se justifica --Dos años después, ¿cuál es su punto de vista sobre la expropiación? --se le pregunta a Cortina --La de la industria azucarera era una problemática general Todos los grupos debían muchísimo dinero a Fina y a los cañeros, y extrañamente no se les expropiaron los ingenios Lo que pienso es que el gobierno quiso dar un golpe espectacular que ahora se derrumba en los tribunales y va a resultar más caro para el país Y concluyó: “Insisto: la expropiación sólo fue un tradicional golpe de principios de sexenio GAM y otros grupos estamos demostrando que el gobierno no tuvo razón No lo digo yo, lo dicen los fallos del Poder Judicial, cuyas resoluciones han sido totalmente imparciales y con apego a derecho Así que el gobierno ya debe ir empezando a hacer cuentas