* El investigador René Jiménez llama a homologar los códigos penales de los estados como medida de combate México, D F, 8 de octubre (apro)- René Jiménez Ornelas, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, dijo hoy que “las lagunas jurídicas, el manejo de penas mínimas, el incremento en el consumo de drogas, la complicidad de los cuerpos policiales y el fracaso en la prevención y combate de delitos del fuero común, han propiciado en los últimos años el incremento del secuestro en México” Añadió que los delitos del fuero común, como robo a transeúntes, de vehículos y asaltos bancarios, han provocado que los responsables escalen a otros más redituables, como el plagio, que ha florecido y se comete con mayor frecuencia y violencia Al participar en la mesa “El secuestro en las relaciones sociales de México”, el coordinador de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social de ese Instituto, indicó que, según cifras oficiales, en 2003 se cometieron en nuestro país mil 200 secuestros de alto impacto, es decir, cuando la víctima es asesinada, mutilada o se paga como rescate cifras elevadas “Sin embargo, en 2004 los delincuentes se enfocan a otro tipo de sujetos, optan por su apariencia: que porte un traje, reloj o auto de buena calidad, independientemente de si ello es sinónimo de una situación económica elevada “Esto provoca que en 48 por ciento de los secuestros en los que ha intervenido la Procuraduría General de la República, la edad de las víctimas oscile entre 16 y 30 años; 22 por ciento entre 31 y 44; 12 por ciento de 45 a 60; 10 por ciento de 0 a 15; y 8 por ciento más de 61” Además, señaló, los sectores más afectados por las bandas de plagiarios son los estudiantes, con el 29 por ciento de víctimas entre 2001 y 2004, seguidos por los pequeños comerciantes, con 23 por ciento Jiménez Ornelas dijo que si bien en los últimos tres años este índice en el país disminuyó de forma drástica, en la zona metropolitana se incrementó 167 por ciento, por lo que los delincuentes tuvieron que emplear casas de seguridad rentadas en municipios del Estado de México, involucrando a gente que actuó de buena fe Sobre las “lagunas jurídicas” en la materia, el especialista explicó que, hasta fines del año pasado, el secuestro exprés no era considerado legalmente como tal, sino como robo calificado; es decir, el responsable tenía la posibilidad de no ingresar a la cárcel Además, afirmó, “las entidades federativas no les dan el mismo trato, sino penas máximas y mínimas variables Por ello, es indispensable homologar los códigos penales en los estados y quitar los obstáculos que impidan el combate a este delito El manejo de las infracciones menores también permite cierta impunidad, que le da al infractor la alternativa de quedar libre” Insistió que “el hecho de no tener una acción integral por parte de la inteligencia policial, permite que, quienes no son detenidos, integren sus propias bandas y células con mayor lujo de violencia y de acción premeditada Afirmó que en la industria del secuestro participan familiares y conocidos de las víctimas; incluso, policías en activo “La colaboración de estos últimos no es sólo como informantes o protectores, sino en la ejecución del delito” Por su parte, Carlos Perea Restrepo, de la Universidad Nacional de Colombia, señaló que “la sociedad contemporánea está inmersa en el crimen Hay un consenso en torno a este problema como el más sentido, urgente y que mayores preocupaciones genera Incluso, encuestas mundiales revelan que la población está más alarmada que sobre desempleo y pobreza” Dijo que en México este delito tiene una presencia compleja: por un lado se ha incrementado en el norte del país, y por el otro es impresionante que, en los últimos 20 años, 60 por ciento de los municipios disminuyó sus índices delictivos” En su oportunidad, la presidenta de México Unido contra la Delincuencia, María Elena Morera, afirmó que “la participación ciudadana es la única forma de cambiar nuestro país” Señaló que esa organización ve la lucha contra el secuestro como algo integral “Estamos en contra de la impunidad jurídica, por lo que, como ciudadanos, tenemos que denunciar, así como mejorar las fuerzas policiales, el Ministerio Público y lograr una mejor justicia para todos”, concluyó