* En Oaxaca, el senador sugiere adecuar el marco legal para proteger a periodistas Oaxaca, Oax , 3 de diciembre (apro)- En México, y particularmente en el sureste del país, todavía persisten prácticas intimidatorias que lleva a cabo el poder público en contra de los comunicadores que ejercen un periodismo crítico; de ahí que se proponga la adecuación del marco legal proteja a quienes desarrollan esta labor, reconoció el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, Sadot Sánchez Carreño Consideró que el derecho a la información constituye un elemento fundamental para consolidar el sistema de libertades, y garantizar el ejercicio de los demás garantías inherentes a la persona, (pero) cuando se pretende limitar dicho precepto, al utilizar las instituciones del propio Estado, mediante el temor, la intimidación --o bien otras tentaciones propias de regímenes autoritarios--, se interrumpe el desarrollo social Destacó que el espíritu que movió a la iniciativa de reforma con proyecto de decreto por el cual se adicionan el artículo 243 bis, del Código de Procedimientos Penales, y la fracción 29, al artículo 225, del Código Penal federal, relativo al derecho a la reserva de información y secreto profesional, en ningún momento ha sido el de encubrir conductas delictivas, sino salvaguardar la secrecía de la información, así como de homologar la disposición jurídica a los convenios internacionales que México tiene firmados En esta iniciativa de reforma, no sólo se busca establecer la disposición, sino incluso se tipifica como un delito el que cualquier servidor público incurra en este tipo de actos Destacó que en esta iniciativa se está proponiendo una sanción, que va de 4 a 10 años de prisión a los servidores públicos que incurran en este tipo de acciones intimidatorias en contra de los comunicadores De igual forma, se incluyen otros sujetos, como son los notarios, los abogados y los ministros de algunos cultos, pero “fundamentalmente esto surge como una protección para la labor que desarrollan los comunicadores” Insistió en que “desafortunadamente se siguen dando en el sureste del país prácticas propias de regímenes autoritarios” El caso Chiapas Y en clara alusión a Chiapas, dijo que “hay otros estados, incluso vecinos, donde hay legislaciones que han legalizado una intromisión, una intervención y unas amenazas a los comunicadores” Entonces, ante el poder político que no tiene limitaciones y busca actuar de manera arbitraria, y que llega a la vejación, al atropellamiento, es determinante consolidar eso que conocemos como garantías fundamentales, que es la libertad de expresión y de información Durante el foro sobre el “Derecho a la reserva de información y secreto profesional”, el senador destacó que “el signo visible de la democracia lo constituyen los derechos humanos, y la información constituye una de las garantías fundamentales” Citó a “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque en su declaración de principios sobre prensa, prescribe que las fuentes de información de los periodistas son inviolables “Y esta disposición es congruente con lo que señala la propia Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entonces, la protección a los periodistas está garantizada en los distintos convenios internacionales que México ha firmado” Además, dejó bien claro que al lado de este derecho a la información, también se debe construir una propuesta para que exista un equilibrio entre éste y el derecho que tiene la sociedad de salvaguardar sus bienes y, sobre todo, sus intereses más preciados Para guardar ese equilibrio, abundó, se piensa en crear figuras como la cláusula de conciencia, el código de ética que habrá de nacer, surgir y de proponerse a través de las asociaciones, de las iniciativas de los propios comunicadores, así como del ombudsman del periodismo