México, D F, 3 de agosto (apro)- La recién aprobada reforma a la Ley del Seguro Social representa una forma acelerada de desmantelar la Seguridad Social para privatizarla, según el modelo que se delineó en el sexenio de Ernesto Zedillo, aseguran los abogados Arturo Alcalde y Néstor de Buen, así como el exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Ricardo García Sáinz Es un proceso que va mucho más allá de modificar los artículos 277 D y 286 K de dicha ley; con ello se inaugura un nuevo modelo laboral y de pensiones para evitar la contratación colectiva, reducir las responsabilidades de los empresarios y explotar así a la generación de trabajadores que aún no se incorpora al mercado laboral, sostiene Alcalde, uno de los representantes jurídicos del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) “El negocio es pegarle al sindicato e inaugurar ese modelo”, afirma el abogado, quien señala que se está haciendo la reforma, pese a que el SNTSS y el IMSS aún discuten en la mesa de negociación la posibilidad de aumentar las cuotas y la edad de jubilación del Régimen de Jubilados y Pensionados (RJP) A decir de Alcalde, esta modificación integral del sistema pensionario mexicano cancela, en su esencia, la contratación colectiva y viola los principios de igualdad, legalidad y seguridad jurídica Además, la iniciativa tiene un claro carácter privativo, pues los trabajadores no podrán pactar condiciones laborales “Debe quedar claro que no se está tomando una medida coyuntural para salvar al IMSS, sino que es un cambio estratégico que rompe con el carácter social pensional (sic) Por esa razón se han cerrado las puertas a otras salidas intermedias que mantengan las características sociales y solidarias del actual modelo, aun cuando significaran una reducción sensible del crédito pensionario en favor de las finanzas del IMSS”, agrega Alcalde Ricardo García Sáinz --quien dirigió al IMSS de 1982 a 1991-- concuerda con ello y afirma que de otra manera no se explica la velocidad con la que se aprobó la iniciativa correspondiente en la Cámara de Diputados En opinión de García Sáinz, la iniciativa que aprobó la alianza del PAN y el PRI en el Congreso es inconstitucional, porque abre la posibilidad de resolver problemas laborales desde la Cámara de Diputados, al instaurar el modelo aludido por Alcalde Ese procedimiento contraviene el artículo 123 constitucional, señala Le atribuye a dicha iniciativa el ocultamiento de las causas reales del “brutal deterioro” del sistema de seguridad social: la falta de recursos asignados a los servicios médicos para los pensionados y la entrega de las jubilaciones a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), con la única finalidad de continuar con el modelo neoliberal Éste, explica el exdirector del IMSS, hace parecer al Estado como un mal administrador y propone “liberarlo” de responsabilidades para transferirlas al sector privado: “Se establece que el Estado no debe tener esas cargas sociales, sino que la construcción del bienestar debe ser resultado del esfuerzo personal Se considera también que los sindicatos son un problema político y social, y por lo tanto hay que destruirlos, hay que debilitarlos” El objetivo del proyecto para desmantelar al IMSS, a decir del entrevistado, es debilitar a las instituciones Este proceso no se concretará de la noche a la mañana, sino de manera paulatina, procurando la merma diaria de una dependencia El límite será el que resistan los trabajadores y en ese momento tendrán una razón de ser los programas como el Seguro Popular impulsado por el secretario de Salud, Julio Frenk Ante el triunfo legislativo de quienes impulsaron este modelo en la seguridad social, García Sáinz propone articular el IMSS, el ISSSTE y los servicios médicos de Pemex en un amplio sistema de salud nacional “Esto serviría para acercar los servicios, aumentar la capacidad resolutiva, evitar complicidades y las jerarquías intermedias, además de contar con una infraestructura que se podría distribuir de mucho mejor manera”, explica Inconstitucional El otro representante jurídico del SNTSS, Néstor de Buen, asegura que la reforma a la Ley del IMSS viola el artículo 123 constitucional, que en la fracción 29 indica que dicha normatividad debe ser “de utilidad pública” y debe comprender “seguros de invalidez, vejez, vida, enfermedades, accidentes y cualquier otro encaminado al bienestar de los trabajadores, campesinos no asalariados y otros sectores”, pero no regula las relaciones laborales Además, el artículo 256 de la Ley del Seguro Social contiene un solo ordenamiento relativo a lo laboral: que el IMSS está sometido al 123 constitucional y a la Ley Federal del Trabajo “¿Qué quiere decir esto? Que las relaciones laborales no son reguladas por la Ley del Seguro Social Se remite a la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo Entonces, pretender reformar por medio de una artimaña la relación laboral es inconstitucional”, aclara el especialista en derecho laboral Explica que uno de los primeros pasos en el proceso privatizador del seguro social es el nacimiento del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) en 1992, establecido por el expresidente Carlos Salinas de Gortari Y en 1995, ya con Zedillo, se crean las Afore con lineamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que convierte al Seguro Social en “un mero cobrador de cuotas que inmediatamente se ponen a disposición de las Afore que haya elegido teóricamente cada trabajador” Continuismo En el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000) continuaron las políticas que iniciara el salinismo en materia educativa, investigación, seguridad social y servicios culturales que debía brindar el Estado La política se limitó a cumplir con mínimos programas sociales y de beneficencia pública dirigidos a los sectores más desprotegidos de la población De acuerdo con el libro Globalización y privatización, de la investigadora Citlalli Hernández Oliva, a partir de 1982 se profundizaron la pobreza y la desigualdad, pero en el sexenio de Zedillo se introdujo el esquema privatizador de la seguridad social y los servicios de salud “para apuntalar al sector financiero”, de acuerdo con los lineamientos del Banco Mundial Con este fin, en 1995 se realizaron reformas a la Ley del Seguro Social y se creó el Programa de Reforma al Sector Salud al año siguiente Los principales beneficiarios del proyecto fueron las compañías de seguros y los centros hospitalarios privados, que tuvieron la oportunidad de acumular y concentrar capitales “Las reformas pensionales (sic) privatizan el fondo de pensiones al transferir al sector privado los recursos generados por los ingresos de los trabajadores y sus aportaciones al gobierno y las reformas a los servicios médicos implican una actividad económica cuantiosa codiciada por los inversionistas y que es captada por las Organizaciones Administradoras de Salud”, apunta Hernández Oliva En un informe del Banco Mundial sobre la pobreza en México se aprecia que en las últimas décadas los servicios de salud mejoraron significativamente, al grado de que aumentó la esperanza de vida de los mexicanos: de 668 años en 1980 a 749 años en 2003; además, en el mismo período se redujo la mortalidad infantil y materna Pese a esos avances, la cobertura del sistema de seguridad social formal sigue siendo limitada, especialmente para los pobres La misma fuente muestra que en 2002 los servicios de salud privados absorbían ya, en promedio, 60% del gasto de cada hogar mexicano; también reporta que el acceso a los servicios de salud seguía siendo limitado, sobre todo en estados pobres como Chiapas, Oaxaca y Guerrero En ese contexto, García Sáinz afirma que la “heroica” alianza del PRI con el PAN en San Lázaro para concretar la cuestionada reforma no corregirá los problemas financieros del IMSS, sino que los agudizará