Minera de Angangueo, los ilícitos (Segunda y última parte)

lunes, 9 de agosto de 2004
* Implicados, exfuncionarios de Fomento Económico, denuncian accionistas Angangueo, Mich (apro)- Las pruebas de posibles actos ilícitos en Impulsora Minera de Angangueo las descubrieron los accionistas tras la adquisición de facturas apócrifas e informes de movimientos realizados presuntamente por el exsecretario de Fomento Económico, Francisco Arceo, a favor de sus empresas, de cuyo expediente Apro tiene copia Los afectados dicen haber sido despojados de sus acciones, mientras el gobierno de Michoacán se ostenta como accionista mayoritario aun sin comprobarlo La querella penal fue presentada por Estéfana Cabrera Galicia, René Archundia Reyes y Francisco Esquivel Santa María, presidente, secretario y vocal, respectivamente de la mesa directiva de la Unión de Accionistas, en esa fecha (2001) Los exfuncionarios acusados fungieron como secretarios de Fomento Económico, antes Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial, y a la vez como presidentes de administración de Impulsora Minera de Angangueo A continuación se detallan los periodos en que desarrollaron esa labor: Salvador Reséndiz Arreola (1980-1984); Miguel García Flores (1985-1986); Moisés Pardo Rodríguez (1986-1988); Alfonso Álvarez Miaja (1988-1991); Armando López Orduña (gobierno de Ausencio Chávez); Carlos Martínez García (gobierno de Ausencio Chávez); Humberto Rodríguez Loya (1996-1998); Francisco Arceo García (1998-2001); Fernando Orihuela Carmona (2001) Sustento en dos decretos La solución de la controversia que existe desde hace varios años entre el gobierno del estado y los accionistas por los fundos mineros de Angangueo, se encuentra sustentada jurídicamente en dos decretos, uno gubernamental y otro de la Secretaría de Minas e Industria Paraestatal El rimero, data de 1956 cuando gobernaba en Michoacán Dámaso Cárdenas, mientras que el otro es de 1992, emitido por el expresidente de la República, Carlos Salinas de Gortari De acuerdo con el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial el 17 de enero de 1992, se desincorporaron de las reservas mineras nacionales las sustancias metálicas y se declara libre el terreno comprendido en la zona número uno de Angangueo, con superficie de 816488 hectáreas El decreto que emitiera el expresidente de la República, textualmente señala que la Secretaría de Minas e Industria Paraestatal, que dirigía Fernando Hiriart Balderrama, estimó conveniente desincorporar de las reservas mineras nacionales la mencionada zona, a fin de que los particulares puedan realizar su exploración y explotación Los particulares se refieren a Impulsora Minera de Angangueo, conformada según el libro de registro de acciones autorizadas por la Secretaría de Hacienda de Zitácuaro, de la siguiente manera: el gobierno federal, a través de Fomento Minero, 3333%; gobierno de Michoacán, 1671%; el Estado de México, 1671%; gobierno federal 1671%, y los accionistas de Angangueo 3333% La integración de esa empresa quedó definida el 23 de enero de 1956 El argumento de la desincorporación de la zona número uno, según el decreto de 1992, se realizó conforme al marco de la modernización económica de la minería que establece el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 y a los objetivos y metas del Programa Nacional de Modernización de la Minería 1990-1994 Con ese ordenamiento, el artículo segundo del decreto presidencial acepta que se cancelan los derechos incorporados a su patrimonio y se declara libre el terreno El decreto de 1956 Según el decreto firmado por el exgobernador Dámaso Cárdenas, se modifica la escritura constitutiva de la Impulsora Minera de Angangueo, aumentándose el capital social hasta un millón quinientos mil viejos pesos Las aportaciones quedaron establecidas de la siguiente manera: la Comisión de Fomento Minero, 500 mil pesos; el gobierno de Michoacán, 250 mil pesos; el gobierno mexiquense, 250 mil pesos, y un grupo de los socios fundadores, 300 mil Señala en su artículo primero que las dos mil 500 acciones de la Impulsora Minera de Angangueo, suscritas y adquiridas por el gobierno estatal con valor nominal de 250 mil pesos, constituyen un patrimonio de afectación en beneficio del pueblo de Angangueo “En consecuencia, dichas acciones no podrán venderse ni darse en prenda, ni comprometerse en forma alguna, y deberán entregarse en un fideicomiso a una institución nacional de crédito que determine el Ejecutivo del estado Más adelante, en el artículo tercero del inciso a), agrega que las acciones suscritas por los vecinos de Angangueo no se transmitan a personas que vivan fuera de esa localidad ni, en general, las mismas se concentren en unas cuentas manos En su inciso b), afirma que se deberá pugnar por las decisiones y actividades de la sociedad que se encaminen a conseguir una mejor organización que aumente los rendimientos, y éstos se distribuyan con vistas a lograr, dentro de la equidad, los más amplios beneficios tanto para los trabajadores como para los accionistas de la misma Los dividendos correspondientes a las acciones en cuestión, establece el artículo cuarto, se destinarán al establecimiento de nuevos centros de trabajo o a obras de beneficio colectivo para la población de Angangueo, de preferencia en coordinación con los planes de trabajo de la empresa En caso de disolución y liquidación de la sociedad, subraya, los recursos que corresponden a las mencionadas acciones, deberán destinarse al sostenimiento de alguna otra fuente de trabajo de la localidad La institución fiduciaria a la que se refiere el artículo primero, determinaría concretamente las obras o empresas a que se destinen los fondos que se obtengan de los dividendos, a efecto de que la fiduciaria se encargue de ejecutarlos Y es mentira que se haya liquidado legalmente a mineros de Angangueo, pues accionistas de Impulsora Minera refutaron la versión que dio en su momento Moisés Pardo, y aseguraron que existen pruebas de que a los trabajadores liquidados no se les pagó conforme a derecho, en virtud que, de los 25 hasta 35 años que laboraron, sólo recibieron una indemnización de cinco años Demandaron al gobernador en ese entonces, Víctor Manuel Tinoco Rubí, instruya a sus funcionarios para que de una vez por todas rindan cuentas claras de la administración que han llevado de la empresa “y se dejen de declaraciones sin sustento” El gobierno tinoquista se fue, llegó el de Lázaro Cárdenas Batel, y los mineros de este poblado no ven futuro alguno para ellos y sus familias, y siguen viviendo en la incertidumbre, por lo que está a punto de generarse un estallido social en esta población, por la disputa y el control de las minas de la zona, lo que pone en evidencia presuntos actos de corrupción, soborno y millonarios desfalcos que involucran a figuras de la política, altos funcionarios y empresarios de Michoacán Ahora están por darle la concesión a una empresa mexiquense, a fin de que se oriente a la explotación del mineral por cien años más

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