Chihuahua: Acepta Congreso petición de juicio político contra Martínez

miércoles, 5 de octubre de 2005
* Su inexplicable riqueza y el cúmulo de sucesos que vulneraron la convivencia en el estado, los motivos * Proceso reveló el enriquecimiento que el exgobernador registró durante su mandato Chihuahua, Chih , 4 de octubre (apro)- El Congreso de Chihuahua dio entrada a una solicitud de juicio político en contra del exgobernador Patricio Martínez García, que el viernes pasado hicieron legisladores de las fracciones parlamentarias del PAN y del PRD La solicitud de juicio político contra Martínez García (1998-2004) se debe al cúmulo de eventos y sucesos que vulneraron la convivencia en la entidad y el Estado de derecho, y afectaron los intereses de la entidad, como su deplorable papel en materia de seguridad pública --particularmente con los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez-- y la connivencia de sus subalternos con grandes organizaciones del narcotráfico En las más de 500 páginas ?con anexos y pruebas presentadas? los denunciantes ofrecen testimonios sobre el enriquecimiento del mandatario y de su círculo más cercano, una intrincada red de empresarios, socios, "prestanombres" y allegados del exmandatario, cuyos bienes se multiplicaron ?103 propiedades se documentan--, tal y como lo dio a conocer el semanario Proceso en su edición 1509, actualmente en circulación Los denunciantes también documentan cómo la administración de Patricio Martínez emprendió programas y obras de gobierno con los cuales siempre se buscó el beneficio de unos cuantos empresarios allegados al exmandatario, como sucedió con el exalcalde juarense Manuel Quevedo Reyes, quien fue ampliamente beneficiado con la puesta en marcha de obras en zonas fuera del fundo legal de Ciudad Juárez Con estas acciones de gobierno, aseguran los denunciantes, se buscó impactar negativamente las obras del gobierno municipal de Ciudad Juárez, en poder del Partido Acción Nacional (PAN), e influir en la zona de crecimiento de la ciudad Otro asunto, es el retraso injustificado en la publicación en el Periódico Oficial del estado, de al menos 40 acuerdos del Cabildo de Juárez, que tenían que ver con programas de mejoramiento de la ciudad, con el único propósito de bloquear al municipio Un ingrediente más que se aúna en la solicitud de juicio a esta serie de sucesos, es el desvío de recursos Por ejemplo, en la Coordinadora Estatal de la Tarahumara, hubo un malversación que supera los 8 millones de pesos para beneficio de los funcionarios del área, con lo cual se afectó severamente a la comunidad indígena En opinión de los líderes de las fracciones parlamentarias denunciantes, fue ágil la aceptación del juicio, el cual se esperaba enfrentara más trabas en una legislatura dominada por el Partido Revolucionario Institucional El presidente del Congreso del estado deberá nombrar una Comisión Especial Instructora, la cual analizará el caso, particularmente si se acredita la ilegalidad de los actos del exgobernador, denunciados por los solicitantes del juicio Esta Comisión Instructora, una vez estudiado el caso, emitirá un dictamen, el cual será sometido al pleno del Congreso local que se deberá erigir en Gran Jurado El artículo 182 de la Constitución local establece que el proceso de juicio político podrá solicitarse durante el tiempo que el servidor público se desempeñe dentro de su cargo o hasta un año después de haber concluido, el cual se cumplió el pasado 2 de octubre

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