* PRI y PAN desechan contratar un tercer perito en discordia * Se acorta el plazo para el juicio de desafuero: la decisión final, para marzo México, D F, 1 de febrero (apro)- PRI y PAN consideraron que no es importante determinar los límites del predio El Encino, por lo que decidieron cerrar el periodo de presentación de pruebas en el caso de desafuero contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, lo que significa que los plazos para desaforarlo se han acortado, por lo que se espera una decisión final para el mes de marzo Después de cuatro horas de deliberación, tres de los cuatro integrantes de la Sección Instructora acordaron no realizar la llamada “junta de peritos” y rechazar la participación de un tercero en discordia para que aclarara los límites del predio, como lo solicitó el jefe de Gobierno El pasado 24 de enero, los cuatro miembros de la Instructora planeaban cerrar el periodo de desahogo de pruebas, pero López Obrador interpuso, minutos antes de la reunión, una solicitud para que un tercer perito determinara la contradicción que existe entre los propios expertos de la Procuraduría General de la República, quienes han considerado que no saben cuáles son los límites del predio El Encino Hoy, la Sección Instructora determinaría la reunión de la Junta de Peritos y de ahí la contratación de un tercero en discordia; pero Rebeca Godínez y Francisco Frías, del PRI; y Álvaro Elías Loredo, del PAN, sostuvieron que no es importante definir los límites del terreno, sino saber si el jefe de Gobierno desobedeció una orden de un juez que ordenó detener las obras en los “accesos al predio” El reclamo del jefe de Gobierno fue que si los propios peritos de PGR no sabían cuántos metros tiene El Encino, ni si los llamados accesos están dentro de la propiedad privada, cómo es que sí se podía determinar que hubo una violación a una orden judicial La idea era que el tercer perito en discordia determinara primero si los accesos están dentro de los límites de El Encino y, en caso de ser positivo, determinar si el jefe de Gobierno continuó o no las obras en dichos acceso una vez que el juez ordenó su detención Sin embargo, para los dos diputados del PRI y el del PAN, “no hay contradicciones esenciales en lo que se refiere a la litis Lo que aquí se ha planteado es si hubo o no desobediencia a una orden dada por un juez de distrito en un incidente de suspensión en un juicio de amparo” Esta prueba, el saber con precisión los límites de El Encino y si el acceso estaba dentro o no del predio, sostuvo la diputada Godínez en conferencia de prensa, “no nos iba a dilucidar, al final de cuentas, si obedeció o no obedeció el jefe de Gobierno una orden dada por un juez” Aunque hubo un momento en que la diputada del PRI dijo que para PRI y PAN los accesos que dan al Encino “están claramente identificados”, “las dimensiones del predio no son necesariamente importantes, sino los accesos” Es decir que la legisladora Godínez nunca pudo explicar con claridad si los accesos están o no dentro del predio El Encino, sólo dijo que sí están identificados cuáles son éstos La Sección Instructora, con tres votos a favor y uno en contra cerró así el periodo de deshago de pruebas Ahora, pondrá a la vista de la PGR el expediente durante los días 7,8 y 9 de febrero; a la vista de López Obrador el 10, 11 y 12; y del 13 al 18 los cuatro miembros de la Sección Instructora recibirán “los alegatos” de cada una de las partes A partir esta última fecha, los cuatro miembros del órgano de la Cámara de Diputados deliberarán para hacer su dictamen final Para este periodo no se cuenta con un periodo establecido, por lo que puede durar hasta un mes o más y se espera que el dictamen esté listo en marzo o abril, a más tardar Los miembros de la Sección Instructora decidieron también posponer para la próxima semana, el 8 de febrero, la discusión sobre las solicitudes de desafuero que pesan contra Mariano Azuela, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el gobernador panista de Morelos, Sergio Estrada Cajigal; y el secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz