* Determinará si el expresidente puede ser juzgado o no de genocidio por la masacre del 10 de junio de 1971 México, D F, 22 de febrero (apro)- El futuro judicial de Luis Echeverría Álvarez se definirá este miércoles cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falle si el expresidente, junto con su secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, puede ser juzgado o no de genocidio por la masacre estudiantil del 10 de junio de 1971, perpetrada por el grupo paramilitar Halcones Con la decisión que tomen los ministros que integran la Primera Sala de la SCJN se establecerá también un importante precedente para otras acusaciones penales por otros delitos de lesa humanidad cometidos durante la “guerra sucia” El fallo determinará si es posible aplicar de manera retroactiva los compromisos internacionales asumidos por México y, en consecuencia, si ya prescribió el delito de genocidio por el que la Fiscalía Especial sobre Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) consignó a Echeverría, el 23 de julio del año pasado, como presunto responsable de la matanza del Jueves de Corpus Según la Fiscalía se trató de un genocidio porque se privó de la vida a 12 personas por su pertenencia a un “grupo estudiantil” que contravenía las ideas del aparato del poder estatal Los indiciados, estableció la Femospp, en su carácter de altos funcionarios, dieron las órdenes “para destruir total o parcialmente al citado grupo nacional estudiantil” La acusación de la Femospp, que se extendió a otras diez personas, fue rechazada al día siguiente de su consignación por el titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, Julio César Flores Rodríguez El juez determinó el sobreseimiento del caso por considerar que la acción penal prescribió en el 2001, al transcurrir los 30 años señalados para ese delito en el Código Penal Federal La resolución del juez fue impugnada por la Femospp, a través de la PGR, ante el máximo tribunal; y el pasado 13 de octubre la Primera Sala de la SCJN decidió por unanimidad atraer el caso de acuerdo con la argumentación del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo Los ministros Juan N Silva Meza, José Ramón Cossío Díaz y la presidenta de la sala, Olga Sánchez Cordero se sumaron al ministro ponente, quien consideró el asunto de “interés y trascendencia” para la vida del país En la sesión de este miércoles, que será pública, los ministros determinarán la manera en que se debe aplicar el derecho internacional y el nacional en el caso de graves violaciones a los derechos humanos y, sobre todo, cuál de los dos tiene jerarquía, debido a que México forma parte de dos instrumentos internacionales sobre genocidio e imprescriptibilidad en el caso de graves violaciones a los derechos humanos Además, deberán decidir si es posible la aplicación retroactiva de las normas de carácter internacional, ya que fue hasta 2001 cuando México firmó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada y la Convención sobre Genocidio de la ONU Sin embargo, al momento de adherirse al primer instrumento, el gobierno mexicano interpuso una reserva interpretativa para evitar que militares sean investigados y juzgados por civiles; en tanto que para el caso de genocidio estableció que su aplicación sería para casos que ocurrieran a partir de la entrada en vigor de la convención Al atraer el caso, los ministros establecieron que “probablemente sea necesario definir si, incorporados al ordenamiento internamiento mexicano, los tratados son considerados como leyes y producen los mismos efectos que una ley ordinaria” Su decisión, asentaron en su resolución, “habrá de constituir un precedente importante respecto de diversos procedimientos de carácter penal relacionados con movimientos políticos del pasado”, además de reconocer que existe un “incuestionable interés de todos los sectores de la sociedad, tanto nacional como internacional, porque se emita un pronunciamiento respecto a este tipo de asuntos, que por su naturaleza se estima que afectan profundamente la vida política del país” Entre los hechos que afectará la decisión de los ministros está la masacre del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, y cuyo expediente, en el que también se establecen responsabilidades en contra de Echeverría, deberá ser consignado próximamente ante un juez por la Fiscalía Además del expresidente, el fiscal Ignacio Carrillo Prieto consignó por los hechos del 10 de junio de 1971, en los que murieron 12 estudiantes y resultaron heridas otras 40 personas, al exsecretario de Gobernación, Mario Augusto José Moya y Palencia; a los extitulares de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS), Luis de la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro, al creador de Los Halcones; el general Manuel Díaz Escobar Figueroa, El Maestro, y su superior jerárquico en el entonces Departamento del Distrito Federal (DDF), José Antonio González Aleu Del grupo paramilitar integrado por más de cien elementos de distintas áreas del Distrito Federal, la Fiscalía sólo acreditó cargo como presuntos responsables en contra de cinco señalados como halcones: Rafael Delgado Reyes, El Rafles; Sergio San Martín Arrieta, El Watusi; Alejandro Eleazar Barrón Rivera, El Pichín; Sergio Mario Romero Ramírez, El Fish; y Víctor Manuel Flores Reyes, El Coreano En octubre de 2003, la SCJN estableció para el caso de las desapariciones forzadas de personas ocurridas durante la “guerra sucia” que se trata de delitos continuados hasta que aparezca la persona o sus restos