* Negar información de cuentas públicas a los medios, el objetivo * Algunos priistas respaldan la iniciativa México, DF, 8 de febrero (apro) - El PAN, con el respaldo de algunos diputados del PRI, propuso hoy aplicar una especie de “ley mordaza” al auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, y que incluso se le remueva del cargo en caso de dar información sobre las cuentas públicas del gobierno a quienes no sean legisladores La iniciativa --que contó con el respaldo del actual presidente de la Comisión de Vigilancia y Cuenta Pública, Salvador Sánchez Vázquez, uno de los operadores políticos de Roberto Madrazo en la Cámara de Diputados-- establece claramente que lo que se busca es negar información a los medios Bajo el siguiente pretexto se propuso la citada iniciativa, misma que entró al pleno de la Cámara de Diputados para primera lectura: “En la práctica… el auditor, una vez efectuada la entrega a la Cámara de Diputados del informe de resultados sobre la revisión de la Cuenta Pública, formula opiniones, comentarios y juicios de valor sobre dichos resultados a los medios de comunicación, lo cual en diversas ocasiones ha resultado perjudicial, toda vez que sus comentarios han generado un debate innecesario sobre irregularidades en el manejo de los recursos públicos que aún no se confirman” Esta postura también crea, agrega, “elevadas expectativas de resarcimientos a la hacienda pública federal, inexactitud de probables imposiciones de sanciones a servidores públicos, entre otros aspectos, lo que genera confusión en la opinión pública respecto de los resultados de la revisión y acerca de quién es el titular de la atribución exclusiva de revisar la Cuenta Pública” Además se plantea que aunque la Ley de Fiscalización establece que, al presentar el informe a la Cámara, el documento se convierte en público, “no implica que el auditor superior se encuentre expresamente autorizado por la Cámara de Diputados para emitir sus opiniones y comentarios personales al respecto” Cambio de fechas Actualmente la ley prevé que dicho informe se presente el 31 de marzo, pero ahora los diputados pretenden se entregue el 31 de octubre “exclusivamente” a la Cámara de Diputados “Y mientras esto no suceda, la ASF deberá guardar reserva de su actuación en lo relativo a la información que sobre el particular detente”, se indica en la propuesta de modificación al artículo 30 de la Ley de Fiscalización Además, en el artículo 80 se añade: “El auditor superior de la Federación y los auditores únicamente podrán proporcionar información a la Cámara de Diputados” Y, finalmente, en caso de desacato del auditor, éste podrá ser removido de su cargo, según propone el blanquiazul respaldado por el tricolor, en las modificaciones al artículo81 de la Ley de Fiscalización Las siguientes serían causas graves para que fuese removido el auditor: “Cuando no guarde la reserva a la que está obligado y revele hechos, datos, circunstancia o cualquier otra información de la que tuviere conocimiento con motivo de su encargo” Y la iniciativa remata al sostener que la autonomía que tiene la Auditoría Superior de Fiscalización, “no debe confundirse con independencia, ya que no se trata de autonomía plena” La propuesta panista se turnó a la Comisión de Gobernación y podría ser presentada para segunda lectura el jueves o martes próximos, para de ahí ser votada De aprobarse esta especie de “ley mordaza”, el auditor no podría más dar información a los medios de comunicación Generalmente, desde que inició el actual sexenio, una vez que se entrega el informe en San Lázaro, los diputados no proporcionan información, y ha sido González de Aragón el que ofrece un resumen a los representantes de los medios De hecho, el documento completo de las revisiones de la Cuenta Pública anual del gobierno federal únicamente se entrega el primer día al presidente de la Comisión de Vigilancia, el que a su vez “dosifica” la información a sus demás compañeros De las revelaciones que ha hecho el auditor superior de la Federación, la opinión pública pudo enterarse de las irregularidades en casos tan escandalosos como el Fobaproa o ISOSA, en que se vio involucrado el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz; y recientemente de la inconstitucionalidad de los permisos de energía eléctrica que ha otorgado Vicente Fox en su sexenio